Los obstáculos, incumplimientos y lentos avances del Acuerdo Final suscrito entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se hicieron presentes desde el Gobierno de Juan Manuel Santos y se profundizaron bajo el gobierno de Iván Duque, como era previsible dada la oposición de Álvaro Uribe Vélez a dicho acuerdo que fue reforzado con el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016.

Bajo el actual gobierno los debates giran principalmente alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre sus actuaciones y sobre su reglamentación toda vez que aún falta la aprobación final de una Ley Estatutaria que fue aprobada por el Congreso de la República, desde el mes de noviembre del año 2017, revisada por la Corte Constitucional que dio a conocer su fallo un año después de aprobada y finalmente fue enviada el 1 de febrero de 2019 para su promulgación por parte de Iván Duque Márquez quien objetó por inconveniencia nacional seis artículos regresando al congreso bicameral la consideración de esas seis objeciones.

La Cámara de representantes negó las objeciones el pasado 8 de abril por una amplia mayoría 110 votos contra 44. Este martes 30 de abril el Senado de la República después de un accidentado proceso lleno de trabas y triquiñuelas impulsadas desde la presidencia del Congreso que preside el uribista, Ernesto Macías, finalmente votó el informe dando como resultado una votación de 47 votos negando las objeciones en contra de 34 senadores que se opusieron a esa negación.

El debate lejos de concluir se trasladó a las matemáticas, y ahí estamos. Los amigos de la Paz alegan, a mi juicio con toda razón, que los 47 votos constituyen una mayoría calificada que exigen las leyes estatutarias en Colombia. Para la conformación del quórum deben descontarse los impedimentos que fueron 14 y aquellas curules que no pueden ser reemplazadas que de manera indiscutible se presenta en el caso de la parlamentaria conservadora Aida Merlano quien se encuentra detenida por la compra de votos y por tanto no se pudo posesionar. Sobre un total de 108 senadores el quórum es de 93 y la mitad más uno son 47 que fue el resultado final de la votación. También hay una curul no reemplazada, la de Iván Márquez, el exjefe negociador de las FARC que no se posesionó alegando falta de garantías e incumplimiento de los Acuerdos.

Los integrantes de la coalición de Gobierno encabezados por el propio senador Álvaro Uribe se han negado a reconocer el resultado y buscan algo imposible en estos momentos y es que el Senado apruebe por lo menos una o dos de las objeciones que son importantes, toda vez que se busca flexibilizar el tema de la extradición, dado que la ley estatutaria, tal como Salió de la Corte Constitucional, le atribuye esta función a la JEP, la cual puede practicar pruebas para determinar si los excombatientes de las FARC solicitados en extradición delinquieron después del 1 de diciembre del año 2016. Aún en este caso en que procede la extradición, ésta es condicionada: primero, deberán contribuir a la verdad con las víctimas en Colombia y luego operaría la extradición.

Este punto es importante en Colombia toda vez que Álvaro Uribe, siendo presidente de la República, extraditó en mayo de 2008 a los jefes paramilitares a los Estados Unidos llevándose con ello la verdad sobre sus responsabilidades en las atrocidades cometidas en el país. Allí fueron condenados por el delito de narcotráfico, pero siguen pendientes sus delitos de lesa humanidad en Colombia. Uno de ellos, que salió de prisión, Álvaro, alias el Tuso Sierra, después de pagar cinco años de prisión, vive cómodamente en La Florida sin ninguna obligación de comparecer en Colombia para responder por sus delitos en el país.  La decisión de la Corte Constitucional busca brindar seguridad jurídica a los excombatientes de las FARC, cosa que no ha ocurrido en el caso de Jesús Santrich, exnegociador de los acuerdos por parte de las FARC, solicitado por una corte de los Estados Unidos, detenido actualmente a la espera de una decisión de la JEP sobre su caso. Todo ello ha llenado de inseguridad jurídica al proceso y ha alimentado las deserciones o la no comparecencia a la JEP para responder por los delitos que se les atribuyen.

La segunda objeción busca que el Comisionado de Paz tenga atribuciones para modificar el listado de los excombatientes que se acogieron a los pactos de Paz, que sería de nuevo un motivo de inseguridad jurídica para los excombatientes, máxime en un gobierno abiertamente enemigo de los Acuerdos de Paz. El listado ya ha sido cerrado y en adelante es la propia JEP la que determinará si hay nuevos ingresos. Esta decisión también busca brindar seguridad jurídica para los excombatientes ya admitidos.

Duque, al objetar la ley estatutaria, quiso satisfacer las órdenes de su Jefe Álvaro Uribe con lo cual se expuso, como en efecto ocurrió, a una derrota en el Congreso de la República y a una confrontación con la Corte Constitucional que ya había fallado sobre la constitucionalidad de la Ley. Con ello, profundiza la crisis de gobernabilidad con la que arrastra cuando decidió gobernar en solitario con el Centro Democrático y una pequeña coalición con los grupos cristianos y el partido Conservador, que no le da mayorías en el Congreso. Tampoco le ha sido suficiente el entregar la mitad de los altos cargos de gobierno a los principales gremios económicos del país.

La incertidumbre sobre el proceso de Paz enfrenta poderosos enemigos comenzando por el Gobierno, aliado con el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en estrecha alianza con el gobierno norteamericano de Donald Trump y su Agencia Antidrogas, la DEA.

La inseguridad jurídica de los excombatientes de las FARC es evidente, pues sobre ellos penden las acciones de los poderosos enemigos del proceso. El caso de Santrich quien, sin que los Estados Unidos revele las pruebas que dice tener para pedir su extradición, se enfrenta a una decisión de la JEP o eventualmente de la Corte Suprema de Justicia sobre su extradición, es una muestra palmaria de esta situación de inseguridad que, día a día, es alimentada por el propio gobierno y por el Fiscal General. Ello dio lugar a que Iván Márquez y siete mandos medios de las antiguas FARC hayan salido de los espacios de reintegración sin que se sepa su paradero.

El lunes 22 de abril, la JEP ordenó la detención de Hernán Darío Velásquez, más conocido como El Paisa, quien durante años fungió como máximo comandante de la columna Teófilo Forero de las FARC comprometida en innumerables crímenes como el atentado al Club El Nogal en Bogotá o secuestros múltiples en la ciudad de Neiva. El Paisa incumplió varios llamados de la JEP para rendir su versión sobre los delitos de secuestro; ante la reiteración de los incumplimientos, la JEP ordenó su captura a la Policía Nacional y a la Interpol para que comparezca ante el tribunal. Duque, sin mencionar a la JEP, también ordenó la captura, extralimitando sus funciones constitucionales y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, ofreció 3 mil millones de pesos, cerca de un millón de dólares, como recompensa a quien suministre información a las autoridades sobre su paradero. La JEP además le suspendió las ayudas económicas que recibe como parte del pacto con las FARC; además puede perder los beneficios en materia de libertad condicionada de la cual goza hasta el momento; también se expone a una pena mínima de entre cinco y ocho años de cárcel intramural. Esta decisión llega justo en el momento en que arrecian los ataques contra la JEP, tanto en el Congreso como por parte del Gobierno.

La JEP toma la medida después del incumplimiento reiterado de Velásquez y no tenía otra alternativa. En esa misma situación se podría poner, en los próximos días, Iván Márquez, quien ha sido citado para este viernes 3 de mayo. Hasta ahora, Iván Márquez ha comparecido a través de su abogado, pero esta citación es personal. Como se ve, el proceso tiene serios problemas para su cabal implementación. Hasta ahora y con las recientes decisiones del Congreso el proceso ha recibido el apoyo político mayoritario; lo mismo ha ocurrido con las decisiones de los tribunales de justicia que, pese a algunos incumplimientos avalados por la Corte Constitucional, como aquel que favorece a los autores intelectuales o terceros comprometidos en el conflicto, que según el acuerdo de La Habana deberían comparecer obligatoriamente a la JEP y que la Corte determinó que su comparecencia sería voluntaria y no obligatoria. Pese a ello, las Cortes han avalado con sus decisiones el acuerdo de Paz. Y a ello ha contribuido el hecho que la mayoría de los excombatientes y sus jefes permanecen fieles al cumplimiento de los Acuerdos, pese a los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno. Sería un error que Márquez no compareciera ante la JEP. Este hecho, como el de la no comparecencia del Paisa, dan argumentos a quienes a toda costa quieren y apuestan duro por el fracaso del proceso.

Bogotá mayo 2 de 2019

- Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur