El sábado pasado leí con sorpresa el artículo de Leonardo Haberkorn en el diario “El Observador” que alertó al Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, derivando en la destitución de la mitad de los generales del país, el ministro y el viceministro de defensa, una medida que merece el mayor de los respaldos. Trato de estar al día con toda la prensa pero haber accedido se debió a cierta casualidad producto de los vertiginosos cambios (nada convergentes) en respuesta a la crisis que está atravesando la prensa del mundo entero. Hace muy poco me suscribí a los envíos de ese y otros diarios que tienen idéntica política y me llegan los textos por mail. Como resulta imposible leer la totalidad, abro los artículos en función del interés que sus titulares, autores o temáticas me susciten.

Alarmado reenvié el link a uno de mis lectores fieles y recurrentes con los que he ido forjando una amistad. Son estas experiencias que a través de las redes y las formas de comunicación digital permiten mitigar parcialmente la soledad en la que inevitablemente se desarrolla la escritura. Este amigo que presta una particular atención a la temática de los DDHH es de la ciudad de Paso de los Toros, así que además de esa permanente preocupación suma actualmente la de la instalación de la segunda megafábrica de pasta celulosa de la empresa UPM.

Su respuesta fue que en su muro había aún más información. Particularmente un texto firmado por Néstor Curbelo en el que se pregunta por quién puede haberle entregado al periodista Haberkorn (a quién caracteriza como operador de la derecha) las actas del Tribunal de Honor Militar que bien podría llamarse tribunal de horror. Descartando que se trate del propio tribunal, tanto como del Ministerio de Defensa, su hipótesis es que el propio criminal Gavazzo, quien confiesa ante el tribunal haber hecho desaparecer al militante Roberto Gomensoro, resultó la fuente, fundamentalmente para intentar generar divisiones al interior del Frente Amplio (FA) y particularmente desmontar cualquier simpatía o relación que pudiera haber entre las FFAA y el gobierno. O a lo sumo tensar más aún la rispidez.

De algún modo, el fallecimiento del anterior Ministro de Defensa, el histórico dirigente tupamaro y rehén de la dictatura, Eleuterio Fernández Huidobro (“el Ñato”) devolvió la tradicional política de lucha por la memoria, la verdad y la justicia que fueron y siguen siendo ejes irrenunciables del frenteamplismo. Sin haber sido amigo del Ñato aunque sí compañero de militancia y colega en las contratapas del diario La República (él los jueves y yo los domingos) intercambiamos mails y debates en los que particularmente destacaba su visión -previa a la asunción como ministro- de una modernización y mirada estratégica del problema de la defensa. Sin embargo, al asumir abandonó estas agudas preocupaciones reflejadas con su sensible pluma para proponerse la loable, aunque en mi opinión ingenua e inviable, tarea de ganar políticamente a la oficialidad de las FFAA. Pero peor aún es que, a pesar de sus buenas intenciones que no pongo en duda, lo hiciera al costo de confrontar con los organismos de DDHH (y con el programa frentista) lanzando toda clase de exabruptos y absurdas acusaciones. De algún modo, el artículo de El Observador intenta reavivar en el FA, la polémica y divisionismo del período de gestión del Ñato en Defensa.

Cierto es que el FA no ha mostrado aún capacidad para elaborar una política de defensa eficaz, coherente y doblemente civilizada (es decir basada prioritariamente en civiles y en la igualdad ante la ley de toda ciudadanía) aunque es completamente coherente y defendible su postura en el plano de los DDHH. Pero el resultado no es exclusivamente el FA, sino, además de la cobardía cívica de no haber derogado por democracia directa la aberrante ley de caducidad, es la propia justicia que por el artículo 4° podría investigar a fondo tanto los crímenes de las fuerzas represivas, cuanto las complicidades y apoyos de los civiles que están excluidos de ese engendro jurídico de defensa de la barbarie (y reforzados cuando se trate de provecho económico como explicita el inciso b del art. 2).

Pero hay otra pregunta subyacente cuya respuesta (que no pretendo agotar aquí) podría guiar la elaboración de una futura política de defensa: ¿por qué integrantes de una institución que por razones generacionales no participaron en hechos aberrantes o simplemente delictivos, se solidarizarían con verdaderos monstruos, apoyarían su impunidad y contribuirían al ocultamiento de los peores crímenes? Porque también son monstruos aunque no ejecutaron esas formas tan aberrantes de criminalidad. Porque comparten la metodología, fueron formados para ello, como son formados aún hoy, a pesar de los cosméticos cambios del programa de estudios que el Ñato impulsó. Como sostuve recientemente en este medio ante la destitución del anterior comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, ¿cuál es la razón para que los adolescentes que quieran dedicarse a la defensa estudien matemáticas, lengua, historia, geografía, etc., separados del resto de los liceales? Y otro tanto con la universidad. ¿Qué mejor institución que esa para preparar el dictado de materias técnicas específicas si fueran necesarias?

Reitero que hizo muy bien el presidente Vázquez en descabezar a buena parte de la cúpula del ejército y probablemente tenga que profundizar cuando el nuevo ministro Bayardi lo ponga al tanto de la real situación. Pero también revisar las responsabilidades políticas de quienes no le advirtieron la gravedad de las confesiones y la demora en enviar el caso a la justicia.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador

Universidad de Buenos Aires
 

Publicado en Caras y Caretas (Uruguay), 8/4/2019