En mi artículo de la semana pasada me referí al ultraje, violación sexual y embarazo de una niña de 11 años de origen Queqchí, estudiante de primaria en la escuela de la comunidad Rubel Yum, municipio de Cobán, Alta Verapaz. Los padres de la citada menor denunciaron como responsable a Pedro Xo Tut, maestro de la escuela a donde asistía la menor abusada. El Ministerio Público (MP) tiene conocimiento del caso y según he confirmado, el presunto agresor goza de libertad. Los padres de la niña han manifestado su descontento, porque en la Fiscalía de Cobán no les han brindado el acompañamiento y apoyo que este tipo de casos debiera recibir. Se quejan de falta de atención, desinterés, desprecio y discriminación.

Aunque en Guatemala hay sub registros de este delito, los ataques sexuales a niñas y adolescentes con el consecuente embarazo, van en aumento y se hacen visibles, aunque en la mayoría de las veces se ocultan por temor a represalias, por vergüenza ante la sociedad o por desconocer la gravedad del delito. Es claro que la estructura de la sociedad guatemalteca se sustenta en el patriarcado, con cultura machista y fuertes rasgos de misoginia, en esas condiciones son los sectores sociales vulnerables los que están en desventaja y desprotegidos por el Estado, en particular la niñez y adolescencia en cuyo segmento las niñas llevan la peor parte. La mejor muestra son los embarazos de niñas entre 10 y 14 años que van en aumento.

Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), respaldado por el informe de nacimientos del Registro Nacional de las Personas (Renap) de madres entre los 10 y 14 años, en los últimos cinco años se registran en promedio no menos de 2 mil casos anuales. Un ejemplo, en los dos primeros meses de 2019, se reportaron 456 nacimientos de madres con edades entre 10 a 14 años, significa que diariamente y cada tres horas, siete niñas pasan a ser madres como resultado de una violación.

¿Dónde se concentran más casos de embarazos de niñas por abuso? Ocurre en varios departamentos del país, pero en los primeros tres meses del presente año, son los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz con población mayoritariamente indígena los que concentran las cifras más elevadas de 62, 43 y 39 respectivamente. En la ciudad de Guatemala se han registrado 42 casos.

¿Qué hace el Estado para proteger a las niñas y adolescentes agraviadas? ¿Qué atención les brindan a las menores sometidas a la maternidad temprana y no deseada? ¿Y a las familias? Además, el Estado por omisión está violando derechos y libertades de las niñas abusadas y si no existe voluntad política, ni eficacia profesional en el MP y en otras instancias del sector justicia, será difícil detener el uso de la violencia sexual como reafirmación del patriarcado y la cultura machista.

La mayoría de veces este crimen se oculta porque ocurre en el seno familiar, es un acto incestuoso y para no someterse a la vergüenza ante la sociedad, se hace invisible y por tanto, pasa desapercibido. Eso explica la afirmación que hago, en el sentido de que el país carece de registros confiables y lo que está disponible son sub registros, por tanto, en este tipo de delitos nunca se tendrá certeza de la cantidad exacta de casos.

Lo lamentable, es que siguen aumentando los ataques sexuales contra niñas y adolescentes y que la respuesta del Estado para prevenir y erradicar esta conducta es inexistente.

Guatemala, 05/04/2019

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.