La voz áspera de Abdalá Bucaram, que durante la campaña electoral se levantaba para denunciar a la "banca usurera”, a la "oligarquía monopólica", los negociados con las privatizaciones y la corrupción gubernamental (logrando así simpatías y adhesiones insospechadas), ha adquirido en estos tres meses de gobierno tonos aún más enérgicos para descalificar y amenazar a todos quienes han osado expresar un punto de vista no coincidente (muchas veces sin llegar aser críticos) con sus acciones y propuestas. Han sido blanco de la ira presidencial (o de la de sus más allegados de similar temperamento) los alcaldes, diputados, dirigentes políticos, sindicales e indígenas, maestros, intelectuales; las más diversas organizaciones sociales y sus representantes han recibido fuertes epítetos y amenazas.

Las alianzas o entendimientos con organizaciones sociales tuvieron una vida muy fugaz. Aún antes del cambio de gobierno, ciertos sectores se distanciaron debido al incumplimiento de acuerdos programáticos y de cuotas de poder en la estructuración tanto del frente económico como del frente social. El primero quedó en manos de las antes criticadas banca y oligarquía y de altos funcionarios del anterior equipo económico ratificados; el segundo, en medio de una creciente disputa, se repartió entre la familia-partido del Presidente y el grupo allegado a la nueva Vicepresidenta

El "pacto duro"

Ya en el poder, la única alianza firme parece ser la acordada con los sectores empresariales más poderosos (representados principalmente en el Partido Socialcristiano), para dar estricta continuidad a las políticas de ajuste y a las privatizaciones.

Más allá de este "pacto duro”, solo mantienen validez los acuerdos que pueden ser instrumentalizados en una lógica clientelar, utilizados como medio para controlar espacios de poder y recursos.

En ese marco de relaciones clientelares con el gobierno, los procesos colectivos y hasta los símbolos individuales se fragmentan, quedan despojados de su contenido o banalizados. Eso ha ocurrido por ejemplo con el más importante sector del movimiento indígena (aglutinado en la CONAIE), primero interlocutor y ahora adversario, cuyas propuestas y demandas han sido distorsionadas y descalificadas a la hora de crear, con su oposición explícita, el Ministerio de Etnias y Culturas (a contramano del achicamiento del Éstado que en otros sentidos sí se aplica).

Otro hecho "llamativo” ilustra esta corriente: en el polémico recibimiento a Lorena Gallo (Bobbit) Cuya reacción ante la violencia sexual de su pareja y posterior enjuiciamiento trascendieron el caso personal para simbolizar la denuncia y reclamos de justicia de muchas mujeres en el mundo, el "iracundo” Presidente banalizó su figura y su presencia haciendo un público intercambio de piropos, al tiempo que desataba su violencia verbal contra los adversarios de turno. Por esos mismos días, el pintoresco Ministro de Energía, Alfredo Adoum, declaraba su sueño de ser un "Hombre de Cromagnon", para arrastrar por los cabellos hasta su cueva a toda mujer que le apeteciera, y comérsela (en el sentido sexual y en el sentido literal).

Relaciones clientelares

Hay quienes interpretan este caudal de agresividad y energías negativas como parte del "show" (que incluye los eventuales cantos y bailes presidenciales recuperados por la prensa internacional) montado para distraer al pueblo de los asuntos económicos de fondo que están decidiéndose.

Otros sectores, entre los que se destacan las mujeres organizadas, lo perciben como la expresión de los principios y valores presidenciales, de su identidad personal y de su visión del poder, en las cuales el machismo y el autoritarismo relucen como ingredientes fundamentales. Lo que algunos ven con sorpresa o desconcierto no es más que el auténtico resultado de una cosmovisión en la que se confunden, sin matices ni jerarquías, John Wayne con Simón Bolívar, los "sheriffs" con Jesucristo.

Cualquiera sean las razones para desplegar tal estilo de ejercicio del poder, el efecto inmediato ha sido un debilitamiento de los canales de interacción sociedad-estado, de los mecanismos de diálogo y negociación que, aún en el marco de un gobierno como el que encabezó el binomio Durán Ballén-Dabik, habían progresado los últimos años. El Estado se va convertiendo en el espacio institucional desde el cual los familiares y allegados al Presidente hacen realidad sus sueños de poder, de ejercicio de autoridad, de mando, concebidos en términos personales, lo mismo que las "obras" sociales proyectadas como dádiva personal.

Participación, ciudadanía, derechos, son nociones ajenas a las relaciones clientelares que se impulsan desde el aparato gubernamental, tomado real y simbólicamente como algo de propiedad del grupo en el poder. No hay sitio entonces para las políticas sociales en tanto políticas de Estado, para que las pomposas ofertas de campaña acerca de educación, salud, vivienda, empleo, adquieran integralidad y coherencia. La posibilidad de que estas políticas se formulen y apliquen ha quedado casi cancelada, junto con el progresivo recorte del espacio de la Vicepresidenta, que durante la campaña fue proclamada por su binomio como la futura representante y conductora del frente social, ciertamente no en virtud de sus propuestas o méritos póliticos, sino subrayando su sensibilidad femenina, su experiencia de madre abnegada (en contraste, A. Bucaram repitió más de una vez que la política es "cosa de hombres" de "varones de temple").

La "mano dura"

En la actual visión de lo social el retroceso va, en el mejor de los casos, al concepto de obra, y en el más corriente a los de dádiva y caridad. Las conmemoraciones cívicas locales son el escenario para transformar en un episodio la  entrega de cheques (con los fondos correspondientes al presupuesto público que debería fluir normalmente), para conmoverse con algún mendigo o persona desvalida y darle dinero, para repartir pan entre el pueblo.

Si la una mano da, la otra lleva el látigo. La "mano dura" ha sido ya aplicada físicamente por el mentado Ministro de Energía contra empleadas y empleados, y es invocada con frecuencia en las propuestas y amenazas sobre diversos tópicos. Así, ante el anuncio de movilizaciones del movimiento indígena, el Presiente ha dicho que declarará a sus dirigentes "delincuentes políticos” y los tratará como tales. Respecto al evidente azote de la violencia sexual, propuso adoptar primero la pena de muerte y luego la castración, intenciones que han sido rechazadas por el movimiento de mujeres (representado por la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador) y por el de derechos humanos, que en cambio reclaman políticas integrales para combatir la violencia de género, erradicar el machismo y construir una cultura democrática y de equidad.

Este estilo de populismo autoritario se intersecta con la continuidad de las políticas de ajuste económico, que quedará ratificada con el paquete de medidas á adoptarse el 16 de noviembre próximo. Así, cada quien llevará lo suyo: los acreedores externos sus pagos, que absorben alrededor del 50% del Presupuesto General del Estado (pronto olvidó el Presidente su denuncia de que esto llegaba a ser inmoral); los allegados empresariales buenos negocios; los integrantes del gobierno lo que queda del aparato estatal para ponerlo al servicio de sus afanes clientelares; algunos pobres las migajas, bajo forma de génerosa dádiva de sus representantes.