La noche del lunes 18 de marzo, fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, líder de la etnia Bribri, en la comunidad de Salitre en la cordillera de Talamanca, al sur del país. El homicidio se consumó luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido encarcelado durante 6 meses en el año 2015, por razones políticas.

Aunque aún se desconoce la autoría material, se sabe que Rojas tenía muchos enemigos entre los finqueros de la zona por su lucha para recuperar las tierras ancestrales de los indígenas. En ese sentido, distintas organizaciones gremiales y de sociedad civil reclamaron al Estado costarricense la ausencia de voluntad política para garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por el derecho a la tierra y a pesar de que los pueblos Bribri de Salitre y Broran de Térraba tienen el beneficio de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras la noticia del homicidio del líder indígena, diferentes sectores han mostrado su indignación ante esta situación y coinciden en responsabilizar al gobierno de Carlos Alvarado Quesada por este homicidio, ya que Rojas Ortiz interpuso en más de una ocasión la denuncia ante la Fiscalía; la última de ellas, solo unas horas antes de su asesinato, de acuerdo con la Defensoría de los Habitantes.

Sergio Rojas se enfrentó a muchos “no-indígenas” que tomaron las tierras de los indígenas con engaño, aprovechando su pobreza y respaldándose en la pasividad de sucesivos gobiernos que no han aplicado la legislación nacional e internacional en materia de derechos de estas poblaciones sobre sus territorios ancestrales. También tienen responsabilidad en este fatal desenlace los malos gobiernos locales del cantón de Buenos Aires porque no han hecho mayor cosa para proteger a los indígenas.

Este asesinato sienta un pésimo precedente en cuanto a la integridad de quienes enarbolan luchas sociales en Costa Rica y por ello muchas organizaciones de la sociedad civil han levantado su voz, para exigir el esclarecimiento de este asesinato y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales del mismo.

La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, señaló que ante la escasa efectividad de las acciones gubernamentales, las personas indígenas han tenido que recuperar sus tierras por cuenta propia, quedando expuesto a la discriminación, las agresiones y ahora al homicidio. El caso está bajo investigación del Ministerio Público.

Juan Carlos Cruz-Barrientos

Comunicador social