Se cumplen los primeros cien días de Gobierno de la plataforma política de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (institucionalizado como partido político, hoy mayoritario en ambas cámaras del Congreso federal, así como al frente de un número importante de gubernaturas locales y municipales). Cien días no son nada comparados con los —poco más poco menos de— dos mil ciento noventa días efectivos de gestión que comprende un sexenio completo. Medir la efectividad de la actual presidencia —o de cualquier otra, en realidad— por lo que se hace o se deja de hacer en los primeros tres meses al frente del Estado resulta, en este sentido, no únicamente ocioso, sino, además, profundamente arbitrario.

Calificar a cualquier mandatario por sus primeros cien días de Gobierno, en general, parte de ese sentido común que indica que es en este periodo de tiempo cuando cualquier mandato de elección popular y su base política dejan entrever a la ciudadanía, de manera más clara y directa, el cúmulo de filias y fobias que, en teoría, definirán el resto de las acciones que se tomarán mientras dure su mandato constitucional en cuestión. Aquí es donde, se supone y se afirma, se define el estilo personal de gobernar de los presidentes (en especial el de los autoritarios y los populistas, de acuerdo con la formulación ya clásica de Daniel Cossío Villegas; y que en el entendimiento de Enrique Krauze terminan por ser variaciones de una misma forma ideológica de hacer política).

A estas alturas está demás el señalar que las sociedades, así como sus formaciones políticas, sus proyectos de gobierno y de mercado no son entidades monolíticas que se definan de una vez y para siempre al comenzar su vigencia histórica. Sin embargo, quizá no sobre señalarlo dada la enorme efervescencia que despiertan los tres meses de Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tanto en la agenda pública como en la agenda de los medios de comunicación y, por supuesto, en los imaginarios colectivos nacionales y locales, al margen de ambas. Reiterar la idea de que el proyecto de nación que López Obrador busca fundar y consolidar a partir de lo que ha hecho o ha dejado de hacer en este tiempo no sólo parte del entendido de que las correlaciones de fuerzas y de intereses que lo llevaron a la presidencia, y que hoy lo procuran y lo sostienen en el ejercicio gubernamental, se mantendrán inamovibles e inmutables por lo que resta del sexenio, sino que, aunado a ello, repite el error de considerar a la 4T como un proyecto acabado, definido tanto en lo más abstracto de su naturaleza cuanto en los tejidos más finos que la componen.

Esta incomprensión, a ras de suelo, en particular, ha llevado tanto a amplios espectros de la ciudadanía, así de derecha como de izquierda, a caracterizar al actual gobierno de manera monolítica, como un proyecto que ya tiene todas sus líneas definidas y que, en estricto, lo único en lo que se está debatiendo en la actualidad tiene que ver con el grado de resistencia que se le opone desde proyectos políticos antagónicos, caracterizados, de igual manera, como entidades monolíticas y unívocas. Se pasa por encima, en este sentido, la necesaria comprensión de las negociaciones, los pactos, las concesiones y las articulaciones que se están construyendo desde posiciones ideológicas tan divergentes y variadas para lograr instituir un ejercicio de hegemonía relativamente sólido en el que las decisiones políticas del día a día no se carguen hacia los extremos con entera facilidad.

En términos de la construcción de imaginarios que se lleva a cabo desde intereses dominantes específicos (ciertos círculos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, formadores de opinión pública, medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet, etc.,) ese caos y esa incomprensión ciudadana de las maneras en las que las divergencias políticas se articulan de forma mutua y voluntaria para hacer prevalecer sus agendas (PRIMOR, dixit), ha estado siendo aprovechada desde el primer día de Gobierno de López Obrador para reconfigurar la manera en que esa misma ciudadanía comprende a la derecha y a la izquierda. En el acto de toma de posesión de Obrador, por ejemplo, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso (expresión antonomástica de la derecha más conservadora y neoliberal en México) no dejó pasar la oportunidad para realizar el histórico conteo del uno al cuarenta y tres para recordar la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Es decir, no dejó pasar la oportunidad de apropiarse de una bandera política de la izquierda partidista (y un reclamo legítimo de justicia social por parte de los familiares de las víctimas, en particular; y del sinnúmero de victimas de dieciocho años de guerra en contra del narcotráfico, en general), para posicionarse, en un momento en el que la atención de la mayor parte de México se encontraba observando el acto, como la oposición crítica, social, moral, ética, de izquierda y ciudadana a un Gobierno que ya desde entonces no se ha cansado de acusar de derechista, de conservador, de autoritario, y de cualquier otro adjetivo que recuerde, justo, a la derecha que presidencias como las de Vicente Fox y Felipe Calderón personificaron.

Órganos de difusión tradicionales del credo neoliberal, del tipo de las Revistas Nexos y Letras Libres, por ejemplo, en este contexto han aprovechado la situación para hacer eco de personalidades que participaron en movilizaciones de izquierda en el siglo pasado, tanto en México como en el resto del continente, para legitimar este nuevo posicionamiento que se vende bajo la imagen de una oposición responsable. Criticar a un gobierno que sale todos los días, en conferencia de prensa matutina, a justificar que es, él mismo, en verdad, una plataforma de izquierda (y en ocasiones de una izquierda radical, por oposición a la carencia de ética, de moral y de sentido social del neoliberalismo), procurando convencer a la ciudadanía de que su signo político e ideológico es, en la práctica cotidiana, de izquierda; así, se ha convertido, para la derecha en México, en una operación de convencimiento de la población de que su posición actual es más próxima a una ética y una responsabilidad social de izquierda que la que profesa el propio gobierno al que dice oponerse.

Ello, en los hechos, se traduce, en primera instancia, en una reconfiguración de la memoria colectiva de los mexicanos y las mexicanas en la que, si el gobierno actual es representación de alguna suerte de fundamentalismo, de reconfiguración del estalinismo soviético, o de reactualización de las dictaduras militares de América; la historia de los gobiernos panistas en México, a partir de la vuelta del siglo XXI, es y siempre fue, en realidad, la expresión más acabada de civilidad y de solidaridad colectiva. Es ahí en donde se da la lectura de ese conteo colectivo de la bancada del panismo en la toma de posición de López Obrador. Pasado por inadvertido por sendos sectores de las clases medias bien acomodadas que viven con animadversión el viraje hacia la 4T, ahora parece, en el debate colectivo, que el panismo siempre estuvo en sintonía con las victimas de la guerra que su propia plataforma política e ideológica desataron con Vicente Fox, primero; y de manera aún más profunda y radical con Felipe Calderón, después.

Ahora bien, que la derecha y el conservadurismo en México se monten sobre la tarea de invertir, por lo menos en el discurso, su signo ideológico frente a la mirada de la ciudadanía, en general, no es un acto azaroso. Más bien, es una estrategia deliberada que, en principio, se nutre de la aún conflictiva y caótica articulación de intereses divergentes por parte del proyecto de Gobierno de López Obrador. Pero más aún, es una operación que, en gran medida, se ve posibilitada debido al anestesiamiento bajo el cual la voz de López Obrador y de un gran sector de sus adeptos en las masas han colocado a la propia crítica de las múltiples izquierdas que en el país no se conforman con el reformismo que plantea su administración.

Algunos casos paradigmáticos de lo anterior se hallan en las tensiones que hoy se encuentran más abiertas que nunca entre el político tabasqueño y, por ejemplo, las colectividades zapatistas, las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura (Huexca, en Morelos, y la apertura de una termoeléctrica que atenta contra sus territorios y sus modos de vida); o más reciente, las distintas temáticas que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y sus derechos conquistados y aún por conquistar; propuestos para consulta popular por el ejecutivo federal.

Es aquí, por tanto, en donde se encuentra el mayor riesgo, primero, para el abanico de izquierdas en México que buscan algo más que un puro reformismo, romántico, de la forma de realizarse del capitalismo en México. Pero también, y derivado de lo anterior, el riesgo que se corre al dejar de ejercer un control necesario, de izquierda, sobre las acciones que toma el Gobierno actual; y que, en términos inmediatos y prácticos, son actos de control imprescindibles para no permitir la continuidad en la militarización de México por la vía de la creación y consolidación de la Guardia Nacional.

Y es que, en efecto, en el momento en el que se observa que la derecha, cobijada por un discurso de izquierda —extraído de personajes y movimientos de izquierda que a la vuelta del siglo se derechizaron—, y la izquierda hegemónica de la 4T —silenciando al resto de las izquierdas con su discurso— se conjugan mutuamente, lo que queda de residuo es una imposibilidad de realizar el ejercicio de gobierno (incluyendo la participación de los diferentes sujetos colectivos que componen a la sociedad mexicana) de forma crítica y autocrítica. Y ello, en un marco referencial en el que el capital atraviesa por un momento de reorganización conservadora global que, no por conservador, deja de ser, en algún sentido, menos agresivo y avasallante que la versión que hasta ahora hemos vivido (el capitalismo cultural) desde mediados del siglo XX.

La administración de López Obrador no es, en términos programáticos, un esfuerzo revolucionario que sea capaz de salir de la trampa del capital: emplear al aparato de Estado y a su andamiaje gubernamental para regular de mejor manera los excesos del mercado (eso que López Obrador no ha cesado de llamar combate a la corrupción). Eso está claro y de allí se debe partir, no como una petición de principio, sino, antes bien, como un reconocimiento de que su gestión sólo encuentra su condición de posibilidad sobre la base de los acuerdos pactados con el gran capital nacional e internacional.

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional, @r_zco