En 2019 se elegirá a quienes tendrán a su cargo las tareas de dirección política y legislativas, cuyos impactos serán sentidos —aun cuando no lo sepan— por las grandes mayorías. Estas se verán afectadas o simplemente marginadas de ambos ámbitos de gestión política. En un acercamiento somero e inicial a la oferta electoral y a las posibilidades de los partidos y las candidaturas, es evidente que se imponen fuerzas que propugnan por mantener y consolidar el statu quo.

Aun si definen su ideología o no, la mayoría de los partidos políticos y de las candidaturas con mayores y mejores condiciones, recursos y capacidades para lograr las mejores tajadas del pastel en el reparto electoral han empezado a emitir discursos que auguran la orientación de sus programas de gobierno y legislativos.

En general, los discursos que emanan de esta oferta dominante están marcados por la visión y el interés empresariales. Desde allí emergen planteamientos relacionados con la mejora de las condiciones de seguridad, la certeza jurídica, la eliminación de las trabas burocráticas y la gobernabilidad para atraer inversión extranjera. Asimismo, se hace referencia a la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad del país, lo cual, como sabemos, se refiere a la provisión de infraestructura, a bajos impuestos y a salarios mínimos.

Más de una opción ha empezado a plantear tibiamente fórmulas viejas e infructuosas como la privatización, panacea hoy planteada para ámbitos como el de la seguridad social y la educación universitaria. Complementariamente, ofertan una gestión que resuelva la resistencia social a los proyectos mineros e hidroeléctricos, para lo cual surgen fórmulas como militarización, aumento de prisión y, para combatir a las maras, reactivación de la pena de muerte. Además, la mayoría de estas fuerzas partidarias proclaman su oposición a la Cicig y reivindican una falsa soberanía aparejada con intenciones de instituir leyes de impunidad para casos de crimen organizado y de crímenes de lesa humanidad.

Es decir, nada nuevo en el panorama, planteamientos de antaño que han sido base de las ofertas electorales que han gobernado el país —con sus diferencias de matiz— entre 1985 y la fecha actual, ofertas que en su concreción han logrado mantener y aumentar los márgenes de ganancia del empresariado, en especial del capital oligopólico y transnacional, mientras los problemas históricos y estructurales del país, del pueblo guatemalteco, son cada vez más profundos, tal y como se expresan en el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la criminalización de la protesta social.

En estas ofertas conservadoras, que van desde las derechas moderadas hasta las extremas, por ningún lado surgen referencias a los sujetos mayoritarios y a las problemáticas, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las mujeres, del campesinado, de la clase obrera. El único sujeto importante que resulta relevante en algunos discursos es el migrante no solo por su peso electoral, sino porque existe el interés por mantener y aumentar las ganancias producto de la intermediación financiera y el control de las multimillonarias remesas.

En este marco de ofertas, cuyos programas de gobierno podrían estar en ciernes y muy probablemente en poco rebasen lo ya dicho y ofertado en campañas electorales anteriores, resulta necesario preguntarle a cada opción cuáles serán sus políticas para dotar de recursos a la economía campesina y a la agricultura familiar, tan importantes para garantizarnos alimentos a la mayoría de la población guatemalteca; cuál será su política para garantizar los derechos laborales y salarios dignos para la clase trabajadora en el campo y en la ciudad; cuáles serán los aumentos presupuestarios para garantizar cobertura universal en salud y educación a la ciudadanía; cuáles son las propuestas para resolver los problemas y atender las demandas legítimas de las mujeres organizadas; cuál será su política ambiental; qué alternativas ofrecen para resolver de raíz las violencias y las delincuencias organizadas; cuál será su política ante la negativa de las comunidades y de los pueblos indígenas y mestizos contra los proyectos extractivos; cómo va a lograr que disminuya la expulsión de población al exterior en busca de opciones laborales que no encuentran en el país.

Sin duda, son muchas las preguntas que deben planteárseles a quienes competirán en las elecciones. ¿Qué otra pregunta plantearía usted? ¿Cómo piensa accionar para ser sujeto —individual y colectivo—, y no objeto en las elecciones de este año y en la gestación de un nuevo destino para el país, que trasciende la acción y el momento electoral?

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