Contra el proyecto de la emancipación de la Patria Grande:

Guatemala en el eje del neo-golpismo

22/02/2019
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Foto: periodismohumano.com
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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 539: Por el patio trasero 19/02/2019

 

Todo lo que es revolucionario, lo que enseña, lo que trata de guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza, a los hombres y a los pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, de la vida y de la justicia, encuentra la reprobación más encarnizada del imperialismo.

Fidel Castro Ruz

 

El gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Jimmy Morales, (2016-2019), ha modificado sustancialmente su política exterior que durante las últimas décadas se caracterizaba por un respaldo a los procesos de integración, el multilateralismo y respeto a la soberanía y no intervención en los asuntos internos de otros países. Hoy participa activamente en el Grupo de Lima y su política de agresión e intervención contra la República Bolivariana de Venezuela, estrechó su histórica alianza con el Estado terrorista de Israel acatando la orden de trasladar su embajada a Jerusalén en una franca violación al derecho internacional y derecho del pueblo palestino, ha amenazado con la expulsión del cuerpo diplomático de aquellos países quienes han cooperado en materia de derechos humanos (DDHH) y derechos de los pueblos originarios; ha expulsado del país al Comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), y a su equipo de trabajo integrado por expertos internacionales, se ha enfrentado directamente al Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, violando cualquier norma básica de comportamiento diplomático. Algunos personajes allegados al gobierno libran una guerra discursiva contra las instancias internacionales en materia de DDHH, la ONU y hasta han advertido la posible expulsión del país del PNUD y otras agencias de las Naciones Unidas.

 

La actuación del gobierno guatemalteco ha encendido las alarmas de la comunidad internacional, quien con profunda preocupación constata el incremento en las violaciones de DDHH, intensas campañas de difamación y amenazas contra defensores de derechos humanos, el incremento de asesinatos de luchadores/as sociales, una sistemática agresión contra operadores de justicia comprometidos con la lucha en contra de la corrupción e impunidad, la recuperación del control de las fuerzas de seguridad por parte de grupos vinculados al crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico, así como las iniciativas de leyes regresivas en materia de derechos, incluyendo una iniciativa de amnistía total que busca la libertad de los exmilitares condenados por genocidio y delitos contra la humanidad cometidos durante la guerra.

 

Hay quienes afirman que los retrocesos actuales obedecen a acuerdos políticos entre quienes han sido señalados por parte de la CICIG de integrar redes económicas-políticas ilícitas, que de manera sistemática han saqueado al Estado de Guatemala, lo que conllevó a la captura de empresarios, militares, exmilitares, integrantes de partidos políticos y funcionarios políticos, incluyendo a familiares del actual presidente de la República, acusados por supuestos actos de corrupción. La actuación de la CICIG/MP desnudó indudablemente las históricas y actuales modalidades del saqueo, de la corrupción y la forma como el capital mafia cooptó al Estado.

 

Pero los sucesos actuales no se pueden explicar solamente a partir de los éxitos de la CICIG. En el año 2011, se tuvo conocimiento que grupos provenientes de exmilitares, familiares de los acusados por crímenes de lesa humanidad y masivas violaciones a los DDHH ocurridos durante la guerra, de manera coordinada con otros personajes de la ultraderecha nacional y con el apoyo de aliados internacionales de esta misma corriente ideológica, acuerdan implementar un repertorio diverso de acciones para recuperar poder e influencia en los tres organismos del Estado, intensificar su campaña y accionar para debilitar las luchas populares, evitar la emergencia de una fuerza política democrática progresista y ponerle coto a las demandas y juicios contra miembros de las fuerzas armadas por hechos ocurridos durante la guerra.

 

Esta rearticulación estratégica ha contado con el respaldo de fuerzas políticas ultraconservadores y anticomunistas muy activos en el subcontinente tras las sucesivas victorias electorales de fuerzas socio-políticas de izquierda, que comenzaron paulatinamente a gobernar la mayoría de los países del subcontinente a partir del año 1999.

 

La victoria electoral del Partido Patriota, encabezado por el ex general Otto Pérez Molina, quien asumió la gestión gubernamental en el año 2012, potenció la estrategia acordada en el 2011. Durante los años siguientes, se pudo constatar: a) un incremento de la represión y remilitarización de los territorios; b) la ubicación de exmilitares en puestos claves de la institucionalidad estatal; c) la reactivación del discurso anticomunista, ultraconservador que reprodujo la campaña de difamación contra los gobiernos progresistas de América Latina y se enseñaba en contra de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo en las redes sociales y medios locales afines ;d) el incremento de la criminalización de la protesta social en contra de los activistas y defensores de derechos humanos; e) se comienza a presionar a integrantes de los cuerpos diplomáticos comprometidos con temas de DDHH; f) se potenciaron las redes político-electorales ilícitas y saqueo de los fondos estatales por parte de mafias y grupos criminales.

 

Esta estrategia sufre un retroceso en el 2015, cuando el binomio Pérez Molina/Baldetti tuvo que renunciar por acusaciones vertidas en su contra por parte de la CICIG/MP. Ambos fueron ligados a proceso y están encarcelados en la actualidad.

 

Con la victoria electoral del partido FCN, estos mismos grupos recuperan el poder, encontrando un nuevo aliado en el régimen de Trump, con quien coinciden ideológicamente en la política exterior en materia de DDHH, su posicionamiento frente a la ONU y el atávico odio a los gobiernos de izquierda y revolucionarios. La alianza con el eje sionista no es sorprendente, tomando en consideración el estrecho vínculo de los militares y exmilitares con Israel, desde los tiempos de la guerra, y el soporte que brinda en materia de seguridad e inteligencia y la alianza de éstos con los evangélicos fundamentalistas.

 

Las elecciones generales que se realizarán en junio de este año incrementarán la tensión y crisis política, así como las contradicciones entre los grupos que controlan el ejecutivo. La política exterior norteamericana hacia Guatemala oscilará de una manera esquizofrénica entre quienes apoyan a candidatos con similar posicionamiento al gobierno actual y quienes apuestan a figuras que puedan relegitimar el sistema político y jurídico existente. Sean los demócratas o republicanas, la presión para que Guatemala se mantenga en el eje golpista contra Venezuela se mantendrá.

 

La izquierda entra a este proceso profundamente dividida, con cuatro partidos y candidatos presidenciales diferentes. Thelma Aldana, exfiscal que recibió un importante reconocimiento por su trabajo con la CICIG en la lucha contra de la corrupción, se postulará como candidata presidencial. Según encuestas preliminares, tendría altas posibilidades de ganar las elecciones. En un twitter publicado el 12 de febrero 2019, afirmó su apoyo al autoproclamado fantoche del imperio, aunque éste le generó múltiples críticas.

 

De cara a la amenaza de intervención o posible agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, la región centroamericana a nivel gubernamental parece inclinarse hacia la política exterior norteamericana, con excepción de Nicaragua. El mover el posicionamiento de la región hacia una posición de neutralidad o en apoyo a la promovida por México y Uruguay constituye una tarea política ineludible para las fuerzas democráticas, de izquierda, pueblos y movimientos sociales de la región. La batalla por el futuro de la patria grande se juega hoy en la República Bolivariana de Venezuela y no hay cabida ni para el pragmatismo político, ni el silencio ante semejante amenaza que tendrá nefastas consecuencias para nuestros pueblos.

 

Simona Violetta Yagenova es investigadora/profesora universitaria, integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/198334?language=es
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