Las acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, demuestran una vez más que los intereses económicos y geoestratégicos son más importantes que las aspiraciones de un pueblo que lucha por vivir en democracia y paz, abriéndose espacios de desarrollo. No basta con que se realicen elecciones y declare ganador a un presidente, electo por la mayoría de votantes, sino que el nuevo gobierno sirva a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, gobiernos y organismos que las acuerpan. En Venezuela, Nicolas Maduro fue electo por el voto mayoritario del pueblo que participó de los comicios celebrados en mayo de 2018, pero la oposición política lo quiere sacar del poder, para entregar las reservas petroleras y la administración del país a EEUU.

Los países latinoamericanos que avalaron el golpe de Estado contra Venezuela y su presidente, reclaman nuevos comicios y la instauración de un gobierno interino, Juan Guaidó, que sirva a estos propósitos del Imperio. No obstante, sus bases democráticas y morales son de arena, ya que por definición son gobiernos corruptos, ilegítimos y violadores sistemáticos de derechos humanos. Honduras no es la excepción, es la regla a imagen del Imperio.

1. JOH ungido por el fraude y Trump

El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), llegó al poder en 2013, como producto de un fraude electoral denunciado por la candidata del partido de oposición, Xiomara Castro de Zelaya; pero, además, fue electo con un 36.89% de los votos por un Tribunal Supremo Electoral (TSE) controlado por el Partido Nacional. Aunque la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, controlada por su persona, interpretó que la reelección en Honduras no está prohibida y, por tanto, JOH estaba habilitado para participar de nuevo como candidato del partido en las comisiones electorales de 2017.

¿Dónde estaba el gobierno norteamericano frente a este fraude y violación sistemática a la Constitución de la República? En 2013, las denuncias de fraude electoral por los miembros del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y la exigencia de un nuevo conteo de votos no fueron atendidas, y la Embajada Americana acuerpó la decisión del TSE de declarar ganador a JOH; pero igual, no actuó para detener la violación sistemática de la Carta Magna en 2017, sabiendo que la participación de JOH en las elecciones era ilegal e inconstitucional.

El candidato de la Alianza Opositora contra la Dictadura, Salvador Nasralla, se declaró ganador de las elecciones cebradas en noviembre de 2017, ya que en los primeros resultados divulgados por el TSE aventajaba a JOH por cerca de 94,000 votos de diferencia, una tendencia irreversible; sin embargo, el sistema de conteo de votos se cayó por más de 5 horas, y curiosamente al reanudarse la tendencia revierte y JOH empieza a ganar. La Organización de Estados Americanos (OEA) demanda que se repitan los comicios, pero después cambia de opinión. Se realiza un conteo dirigido por el propio presidente del TSE, David Matamoros Batson, focalizado en aquellas actas con problemas, pero no se revisan los cuadernillos de origen de los votantes, como exigían los candidatos de oposición, ni se atienden las demandas de revisión de las actas alteradas.

En días previos a la declaración final del TSE se anuncia que Honduras es uno de los pocos países de la región Latinoamericana que votó a favor para que la capital de Israel sea trasladada a Jerusalén, es decir, a favor de la postura del gobierno de Donald Trump; tanto la OEA y UE, reconocen a JOH como presidente reelecto violando la Constitución de la República y sin demostrada transparencia en el proceso. En la actualidad, candidatos de partidos de oposición y la mayor parte del pueblo hondureño exigen nuevas elecciones o que se entregue el poder a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora.

II. Un gobierno neoliberal bastardo

La ideología neoliberal se sustenta en la adoración a los mecanismos de mercado y primacía de políticas económicas de control de la inflación y liberalización comercial, pero también en un discurso político que destaca logros alcanzados cuando la realidad demuestra lo contrario; es decir, logros en control de variables fiscales, monetarias y financieras, y tasas de crecimiento del PIB marginales, pero retrocesos en variables reales como pobreza, empleo, ingresos, derechos humanos, migración, perdida de recursos naturales, inseguridad alimentaria; otros.

En el caso de Honduras, los logros alcanzados se atribuyen a la promulgación de una gama de leyes y decretos ejecutivos que se consideran los principales instrumentos de soporte a la política económica ejecutada, pero que, a la vez, se constituyen en factores causales de los problemas económicos, sociales y políticos enfrentados.

2.1 Marco jurídico-institucional neoliberal

Después del golpe de Estado (junio 2009), Honduras profundiza las políticas de ajuste económico y cambio estructural de corte neoliberal. El argumento esgrimido por los seguidores de estas políticas, es que el gobierno de Zelaya Rosales (2006-junio-2009), era un gobierno socialista parecido al de Hugo Chávez de Venezuela, destructor del capital y el trabajo, por prohibir la minería de cielo abierto y uso indiscriminado del cianuro, ejercer un mayor control de precios de los hidrocarburos y el ingreso captado por el Estado de su comercialización, y ajustar el salario mínimo con base al costo real de la canasta de alimentos y no al índice de inflación anual.

En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013), siendo presidente del Congreso de la República, JOH, se aprobaron varias leyes que allanaron el camino para la profundización del modelo neoliberal en Honduras, y la candidatura de JOH para la presidencia de la República (2014-2017). Entre las principales leyes aprobadas destacan: Ley de empleo por hora con carácter temporal pero que una vez hecho gobierno, la convirtió en permanente (decreto 354-2013), a escasos dos meses de haber tomado posesión de su cargo; la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas (decreto 143-2010) que autoriza la entrega en concesión de bienes públicos a empresas privadas extranjeras y nacionales, sin que existe plena información de las condiciones establecidas en los contratos suscritos, mucho menos un mecanismo de control o veeduría social.

Ambas leyes se consideran dañinas para el desarrollo nacional ya que, por un lado, se precariza y desvaloriza el trabajo y debilita la protección social y, por el otro, se entrega el patrimonio nacional al capital sin el consentimiento y participación de la población y grupos y organizaciones de la sociedad civil; lo que incluye, recursos mineros, bosques, carreteras, puertos, edificios, etc.

Un compromiso del gobierno (s) del partido nacional ha sido el cumplimiento de medidas de política económica dictadas por el FMI para estabilizar la economía, debilitar el Estado y abrir los sectores productivos, comercio y los servicios al mercado, lo que implica seguir a pie juntillas los compromisos asumidos en los convenios de préstamo. En abril de 2010 se promulgó una ley de emergencia fiscal para corregir los desequilibrios financieros y canalizar recursos a programas de combate de la pobreza, especialmente a grupos vulnerables en el medio rural. A ello se sumó, en 2011, la ley de promoción y protección de inversiones, donde el Estado actúa como garante de las mismas, incluyendo los daños que puedan enfrentar las empresas por acciones no previstas en los contratos, como ejemplo tomas de vías públicas y destrucción de los activos.

Antes de las elecciones generales de noviembre de 2013, se aprueba por el Congreso de la República, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), decreto 120-2013 de septiembre de 2013, donde se entrega territorio nacional a empresas extranjeras, otorgándoles autonomía en las decisiones, constitución de su propio gobierno, exoneración de impuestos, manejo cambiario y contratación de personal. Esta legislación hipoteca el país, y supedita las acciones de desarrollo a la dinámica de empresas transnacionales, en una clara pérdida de autonomía y control del Estado de sus recursos territoriales. En complemento, un mes después de las elecciones generales de 2013, se da vigencia a la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública, creada mediante (decreto N. 145-2015) de diciembre de 2013, que permite que agentes económicos externos puedan adquirir bienes físicos del Estado y demandar su explotación directa al gobierno.

Aunque la Ley de Minería aprobada en diciembre de 2008, después de Mitch, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, la nueva Ley de Minería, (decreto N.238-2012) de abril de 2013, no prohibe el uso indiscriminado del cianuro, pero posibilita la explotación y destrucción del bosque y de las fuentes de agua, sin que las comunidades tengan participación en el otorgamiento de los contratos de concesión, ya que el gobierno se resiste a aplicar la consulta previa, libre e informada, como un instrumento de protección y realización de derechos de los pueblos indígenas. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones ambientalistas y pueblos étnicos, han venido exigiendo la vigencia de este instrumento de consulta; sin embargo, todavia no se ha concretado y el gobierno está interesado en seguir con su política de concesionamiento sin participación y consulta de la población afectada.

En apoyo a la Ley de Empleo por Hora y desvalorización del trabajo, a partir de 2014 se institucionalizan los acuerdos tripartitos de ajuste del salario mínimo por periodos mayores de un año y utilizando como referencia la tasa de inflación interna, no el costo real de la canasta de alimentos, (ver acuerdo tripartito de ajuste del salario mínimo por tres años, aprobado mediante acuerdo N. STSS-S99-2013 de diciembre de 2013). Estos acuerdos no son parte de una política de empleo y salarios que reconozca en los ajustes, aumentos de salarios por incrementos de productividad del trabajo y extensiones de jornadas de trabajo en empresas de mayor tamaño; son utilizados como un instrumento de control de la organización sindical y precarización del empleo.

En un trabajo anterior (Suazo: 2017),¹ demostramos que, a partir de 2013, Honduras acelera la marcha de ejecución de las políticas económicas apoyadas por el FMI, grupos empresariales corporativos como los maquiladores, dirigentes obreros cooptados por la corrupción, partidos políticos o facciones internas ligadas al gobierno, prensa mediática, iglesias (especialmente evangélicas) y Embajada Americana. Estas políticas incluyen leyes que afectan directamente a la mayor parte de la población hondureña, sin que los mecanismos de compensación social sean suficientes, e incluso paliativos a la crisis de reproducción de la vida humana que generan.

Entre las principales leyes destacan: a) Ley Marco del Sistema de Protección Social (Decreto N. 56-2015) de 2 de julio de 2015, cuyo objetivo central es la privatización de los servicios de salud, permitiendo que los privados administren fondos de pensiones, y unidades de entrega de servicios como hospitales, centros de salud municipales y comunitarios. La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-Evasión (Decreto 278-2013), que aumenta el impuesto sobre ventas, mantiene exoneraciones a empresas que venden comida chatarra, elimina subsidio de energía eléctrica y aumenta la compensación social para soportar el costo del ajuste, medido en el aumento de población con pérdidas de activos e ingresos monetarios insuficientes, viviendo en creciente riesgo de inseguridad alimentaria.

Con la Ley del Sector Energético (decreto 404-2013, de mayo de 2014), el Estado también se retira de un sector estratégico para la economía hondureña, al permitir que el sector privado participe de las empresas en que partirá la institución, controlando la prestación de servicios de generación, trasmisión y distribución, con el consuelo que serán regulados y supervisados por una Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cuyos Comisionados son nombrados directamente por el Presidente de la República; la Ley autoriza que la CREE revise las tarifas cada tres meses, y autorice el ajuste de las mismas, trasladándose costos de ineficiencias administrativas de la ENEE a las familias. La queja de la población es que, además de los aumentos en el costo de la energía, los recibos salen alterados y no concuerdan con el consumo diario que registran.

El Nuevo Código Tributario (decreto 170-2016 del 28 de diciembre de 2016), autoriza la renta territorial por la cual las empresas pueden pagar impuestos en el país que más les convenga, igual crea el monotributo para las personas y empresas de la llamada economía informal, o sea de aquellas actividades económicos y comerciales que no pueden pagar tributos al gobierno por su condición de precaristas. Igual, está vigente una nueva ley de fomento al turismo (decreto 68-2017 del 17 de agosto de 2017), que mercantiliza el patrimonio histórico cultural del país, los recursos naturales y las áreas protegidas, para que puedan ejecutarse proyectos turísticos con fines de lucro, acompañados de incentivos a la inversión como exoneraciones en el pago de impuestos, importación de maquinaria, blindaje de la inversión por el Estado y la constitución del fondo turístico con aportes del gobierno y empresarios.

Finalmente, en el marco de los convenios suscritos con el FMI después del golpe de Estado, por cerca de 400 millones de dólares, orientados a estabilizar la economía, acelerar el ritmo de crecimiento del PIB y combatir la pobreza, acompañado de fuertes reformas en infraestructura, ambiente, salud, educación, telecomunicaciones y seguridad social, se aprueba la Ley de Responsabilidad Fiscal (Decreto 25-2016 de mayo 2016) que pone un “techo al déficit del balance global de sector público no financiero (SPNF) en forma gradual y que no será mayor de 1% a partir de 2019, igual al aumento del gasto corriente no mayor al promedio anual de los últimos diez (10) años del crecimiento del PIB real más la proyección de la inflación promedio para el siguiente año”².

2. Los efectos e impactos

El gobierno de la República, la Embajada Americana, los organismos internacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) destacan los logros obtenidos en materia de estabilidad económica y crecimiento del PIB, medida por una reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.5%/PIB en 2018, lo que se refleja, según el argumento de los llamados monetaristas bastardos, en una baja tasa de inflación de 4.22% en 2018, cuando en 2013 era de 4.92%. Por su parte el PIB muestra una tasa de crecimiento de 3.6% en 2018, mayor a 2.6% en 2013, y menor a 3.7% en 2010, en el inicio del gobierno nacionalista post golpe de Estado con Porfirio Lobo Sosa a la cabeza.

Este crecimiento dista mucho del alcanzado en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, arriba del 6% en los primeros años de gobierno, con una tasa de crecimiento promedio de 5.6% (2006-2008), antes del golpe de Estado. Honduras debe crecer a tasas mayores de 6%, para poder enfrentar de mejor manera las fuertes brechas económicas y sociales; caso contrario, el creciente endeudamiento y la compensación social serán políticas de Estado, pero más que eso, será evidente la profundización de la dependencia de EEUU.

No obstante, dentro del PIB los sectores que más crecen son los servicios en detrimento del sector agropecuario, forestal, industrial y construcción, que han perdido dinamismo por la falta de políticas e incentivos claros de apoyo a los productores, en especial los de menor tamaño, MiPymes y población de menores recursos. En 2017, más del 63% del crecimiento del PIB se atribuye a los servicios, y en mejor grado a los sectores tradicionales. Es evidente una fuerte caída de la inversión real/PIB a menos de 5%/PIB en 2018, lo que demuestra que la política de ajuste no discrimina en recortes de gastos. De acuerdo a cifras manejadas por el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)³, la participación del gasto de inversión pública real de la administración central ha venido cayendo, de 9.56% del presupuesto total aprobado en 2010 a 8.70 % en 2013 y 5.54% en 2018, con tendencia negativa de 4.22% en 2019.

El gobierno de la República omite referirse al sobreendeudamiento de la economía hondureña que creció exponencialmente después del golpe de Estado. En 2010, la deuda representaba el 29.62%/PIB, hoy el 47.5%/PIB, según cifras del gobierno, las cuales han venido siendo cuestionadas por el FOSDEH al considerar que la deuda total hace tiempo superó el umbral del 50%/PIB, con un monto de 16,556.10 millones de dólares para 2018. Las cifras oficiales muestran que la deuda total pasó de 4,819.17 millones de dólares en 2010 a 10,928 millones de dólares en 2017, un incremento de 126.7%. Entre 2013 y 2017, la deuda total aumentó en 36.5%, o sea en más de 2,900 millones de dólares.⁴

El sobreendeudamiento no solo ha servido para financiar las brechas fiscales y financieras del gobierno, sino también los proyectos de infraestructura y las deudas de las Empresas Públicas, particularmente de la ENEE. También los programas de compensación social como Vida Mejor y cubrir importaciones de productos derivados del petróleo, equipos y demás materias primas. En la práctica, tanta deuda no ha contribuido para que el país mejore sus cuentas externas (aumentos de exportaciones) ya que el déficit comercial superó los 5,540 millones de dólares (noviembre de 2018), cuando en 2013 era de 3,814.8 millones de dólares.⁵

Por los efectos más dañinos del ajuste neoliberal, se observan en el sector real de la economía hondureña. Además de la caída de la producción agropecuaria, la tasa de desempleo ha aumentado, pero todavía el gobierno de la República se resiste a reconocerlo. En 2010, la tasa de desempleo abierto (TDA) era de 3.9 %/PEA, hoy (Junio de 2018) es de 5.7%/PEA; lo grava es el aumento del subempleo que, según INE, afecta el 62.8% de esta población, existiendo más de 1.9 millones de personas en situación de desempleo invisible (48.6%), o sea personas que tienen ingresos menores del salario mínimo y trabajan más de 36 horas semanales.⁶ Los trabajos se ofrecen mayormente con ausencia de protección social; igual en jornadas mayores de las que establece el Código de Trabajo.

Este creciente desempleo invisible, es el principal factor que explica la situación de pobreza e indigencia de la población hondureña, donde 5,974,410 millones de personas permanecen en condiciones de pobreza, con un aumento de 656,045 personas después del golpe de Estado (FOSDEH. 2018).⁷ De acuerdo a esta organización, la pobreza extrema afecta a 3,816,598 millones de personas, resultando insuficientes y altamente onerosos los programas de compensación social, aunque el gobierno y los organismos internacionales siguen apostando a su ejecución con un fuerte sesgo centralista, político y poco transparente.

El desempleo (subempleo) y la pobreza explican la migración de la familia hondureña hacia EEUU, donde se estima que solo en 2018, después del fraude electoral y la imposición de la banda presidencial a JOH, más de 200,000 hondureños (as) han salido del país, de los cuales 40% son mujeres y 15% niños. Sin embargo, a finales de 2018, “los reportes de las casas de migrantes en Guatemala y México reflejan que han aumentado en un 30% los hondureños…Al día, 300 hondureños están emigrando, explicó sor Lidia Mara Silva de Sousa, Coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana en Honduras….Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) unas 500,000 personas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica-Honduras, El Salvador y Guatemala, son los que entran cada año en México”.⁸

El gobierno de la República no ha querido reconocer que sus políticas de empleos espurios y de tiempo muerto han fracaso, en especial la ley de empleo por hora y la promoción de proyectos de creación de empleos temporales con un alto contenido político, o sea para activistas del partido de gobierno en los principales municipios del país. Las cifras son alarmantes, pero empresarios y funcionarios de gobierno dicen que Honduras avanza. Las personas que reciben menos de un salario mínimo aumentaron de 779,675 en 2010 a 1,359,357 en 2018, un aumento de 74.3%, o sea de 579,682 personas (FOSDEH: 2018). Igual, cerca de 1 millón de mujeres aptas para trabajar se encuentran sin empleo (INE: 2018), lo que explica el creciente aumento de la prostitución en el país y la migración de mujeres.

Hay acuerdos entre el gobierno, empresarios y dirigentes obreros “patronales” de ajuste al salario mínimo en función de la tasa de inflación, la cual observa una tendencia a la baja por la política de contracción económica que sigue el gobierno, sin considerar el costo real de la canasta de alimentos. Los ajustes rápidamente se evaporan por la devaluación programada y el aumento del costo de los servicios públicos. Al parecer, existe un maquillaje de las cifras que maneja el gobierno sobre costos de reproducción material de la familia hondureña, al grado de manifestar que Honduras paga altos salarios reales en la región centroamericana, sin considerar su poder de compra.

En el marco del RD-CAFTA, el país ha venido profundizando su dependencia de alimentos básicos importados, en especial maíz, arroz y carne, considerados bienes sensibles dentro del Tratado, ya que son protegidos con aranceles a la importación cuando existe producción interna, caso contrario (desabasto), se autoriza a las empresas importar los productos libres de gravámenes. El área sembrada de maíz amarillo y blanco se mantuvo igual entre cosechas de 471.2 miles de manzanas en 2010-2011 y 471.8 miles de manzanas en la cosecha 2016-2017 (COHEP-INE, 2018), que aumenta la brecha de consumo y el gasto ($) por importaciones del grano con un déficit entre producción y demanda estimado en más de 8 millones de quintales. Hay cifras de CEPAL (2014)⁹ que demuestran que la dependencia alimentaria en arroz (2001-2013) supera el 85%, cubriendo con producción nacional sólo un 15% de la demanda, cuando en el periodo (1990-2000), la dependencia era menor del 50%.

La creciente desigualdad económica en el agro es evidente, y más bien ha aumentado en el gobierno de JOH “La cifra que se manejan por agencias de cooperación externa como OXFAM y FIAN y de las propias organizaciones campesinas es que más de 200,000 familias campesinas no tienen tierra y de ellas el 56% son mujeres; igual sólo el 11% tiene acceso al crédito agrícola y 15% derechos de propiedad. Más del 30% de la tierra agrícola permanece ociosa (350,000 Has) y un 22.8% de la tierra otorgada por la reforma agraria, o sea unas 75,446 Has”¹⁰

La mayor parte de la población campesina ha abandonado el agro, ya que el programa de reforma agraria, un programa constitucional, se congeló después del golpe de Estado, los incentivos a la producción de granos básicos como crédito barato ya no existen, o si los hay, sus montos son pequeños y no cubren a aquellos productos con deuda con la banca o, en el lenguaje del ajuste agrícola, son ineficientes. Hay en marcha un proceso de privatización por cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), un banco constitucional a favor del crédito campesino. Otro factor, es la venta de los recursos naturales a empresas extranjeras, en su mayoría transnacionales o de socios nacionales, que se dedican a la extracción minera y producción de energía para el mercado cautivo (compra de energía por la ENEE) creado por el gobierno. Cifras conservadoras estiman que las concesiones abarcan el 31% del territorio nacional, con las consecuentes pérdidas de bosque, biodiversidad, fuentes de agua dulce y vidas humanas.¹¹

3. Violación de derechos humanos: Una política pública

El principal objetivo del gobierno de JOH es la reducción de la tasa de homicidios, que se liga a la presencia del narcotráfico, maras, pandillas y grupos subversivos, como es el caso particular de los miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEO), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que demandan una reforma académica puesta al servicio de la sociedad, la participación en la integración del gobierno universitario y menos costos de transporte público.

Los resultados de esta política han sido aplaudidos por la Embajada Americana y Unión Europea, ya que la tasa de homicidios disminuyó de 77.45% por cada 100,000 habitantes en 2013, a 40.2% (estimada) por cada 100,000 mil habitantes en 2018, lo que se considera un esfuerzo sobrenatural del gobierno, FFAA y Policía Nacional. Ello se atribuye al desmantelamiento de carteles de la droga, encarcelamiento y posterior extradición de sus principales cabecillas, caso particular de los Valle, Cachiros e incluso del hermano del presidente de la República, Tony Hernández, que está siendo juzgado por tráfico de drogas en EEUU; el arresto y confinamiento de los cabecillas de maras y pandillas, control del tráfico de drogas y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad del Estado, donde destaca la creación de la Nueva Policía Militar del Orden Público (PMOP); igualmente, a la contención y represión de la protesta pública que considera a los demandantes como delincuentes, cuyas organizaciones han sido infiltradas.

En la práctica esta política “estrella” del gobierno se ha convertido en una Política de Estado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde la institucionalidad llamada a su defensa, se ha convertido en cómplice, incluyendo a organizaciones de sociedad civil.

Las violaciones incluyen una gama de derechos que merece destacarse. El derecho a un pedazo de tierra, siembra y producción de alimentos, vivienda, salarios justos, acceso a los recursos naturales y fuentes de agua, libertad de asociación y expresión, protesta pública y derecho a la justicia. Se estima que más de 250 campesinos e indígenas han muerto por defender su patrimonio natural asecestral, unos 120 campesinos guardan prisión acusados de invasores de tierras, aunque lo que exigen es la aplicación de la ley en lo que respecta a los sobre techos agrarios y uso de las fuentes de agua por las comunidades. Los (as) jóvenes universitarios han sido golpeados, gaseados, perseguidos y encarcelados por el cargo de destructores de la propiedad privada y subversivos.

“Desde 2014, la CIDH y su Relatoría Especial han registrado 18 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país y han sido informadas sobre decenas de agresiones físicas, ataques y amenazas. Los periodistas que cubren corrupción, crimen organizado, protestas sociales y reivindicaciones de territorios enfrentan un riesgo muy elevado de ser víctimas de violencia, proveniente tanto de agentes estatales como de terceros particulares con el propósito de castigar y silenciar su labor”¹².

Salud y Educación en picada

La apuesta del gobierno a la militarización del país y represión de la protesta pública, ha debilitado sustancialmente la capacidad del Estado por proveer servicios de salud y educación de calidad a la población. En un país con altos niveles de pobreza, pretender eficiente la prestación de los servicios de salud y educación con la privatización, vigencia de modelos de gestión corporativos liderados por empresarios, o a través de ajustes progresivos en los costos de los servicios, es un suicidio colectivo. El argumento del gobierno es que frente a la ola de delincuencia que viene enfrentando el país, todos deben contribuir a erradicarla.

La manifestación más evidente de lo anterior, es la reducción del gasto en salud y educación y el aumento del gasto en seguridad que se acompaña del mayor pago del servicio de la deuda externa. “En salud el gasto disminuyó de 12.8% % en 2006 a 11.8% % en 2016, y en educación de 28.7% a 20.1%. En contraste, se observa un aumento considerable en el presupuesto de defensa y seguridad, y por el pago de la amortización de la deuda pública. En defensa y seguridad el gasto aumentó su participación de 7.5% en 2006 a 13.7% en 2016; o sea un aumento de 399%, unos 13,511 millones de lempiras. La amortización de la deuda pública pasó de absorber el 11.6% del gasto bruto total en 2006 a 23.9% en 2016, un aumento de más de 413%, o sea de 23, 763 millones de lempiras.”¹³

Estudios más recientes (CESPAD 2019)¹⁴, señalan que este gasto en vez de disminuir va en aumento y afectará a futuro las condiciones de vida de la población, en tanto el gasto social crece menos que la deuda pública y el gasto militar. En la búsqueda de recursos para un mayor militarismo de la sociedad y represión, el gobierno de la República conspira contra la salud y educación del pueblo hondureño, cuyo acceso efectivo por la población es un derecho constitucional.

La conclusión final es que “El gasto en seguridad y defensa supera a partir de 2017, al presupuesto del Ministerio de Salud, en tanto para 2019 representa un poco más de la mitad del presupuesto de educación (54%). El gasto en seguridad, defensa y justicia, que en 2015 ya era igual al gasto en salud, ahora equivale al 144%. Es decir, es mayor en casi la mitad de salud, y equivale al 72% del presupuesto de educación”¹⁵. En los hospitales públicos, la palabra de moda es “no hay “medicamentos, observando una mora de cirugías de hasta 9,000 pacientes en los principales centros hospitalarios.¹⁶

De allí que, las reformas ejecutadas y anunciadas por el gobierno para estos sectores, solo tengan un objetivo en mente: privatización.

Corrupción hasta en la sopa

Honduras es uno de los países que enfrenta altos niveles de corrupción, aun cuando el gobierno de la República se vanagloria de fortalecer la lucha contra los corruptos. La percepción ciudadana, es que ya no se trata solo de funcionarios públicos, dirigentes políticos y gremiales, empresarios, diputados y jueces, sino también de toda la institucionalidad. Es corrupta incluso la norma y los procedimientos creados para prevenir y combatir la corrupción, igual los sistemas de asignación y uso de recursos públicos.

El rosario de casos de corrupción no termina. Entre los más sonados destaca el asalto a los fondos del aseguramiento social, manejados y protegidos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde el robo se estima en más de 7 mil millones de dólares, e involucra a funcionarios de gobierno, diputados y empresarios. Ello afectó a pacientes e incluso muchos de ellos murieron por la falta de atención y medicamentos. Los culpables de este atraco, los llamados “peces ralos”, recién fueron condonados a 16 años de cárcel que seguro puede reducirse a menos años por buen comportamiento. Mientras tanto, no se ha recuperado ni el 20% del atraco, pero las carencias del IHSS continúan y los pacientes enfrentan la falta de medicamentos, aun cuando se le sigue deduciendo su cuota de aportación e incluso se ha aumentado.

El presidente Hernández reconoció haber recibido fondos de empresarios ligados al defalco de IHSS para financiar su campaña política que lo llevó al poder en 2014. "Mi partido (el Partido Nacional) me ha informado que la suma es por unos 147.783 dólares", dijo el mandatario en conferencia de prensa. "Fueron 10 cheques, pero yo no tengo nada que ver con la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)". Asimismo, Hernández instó a su formación, el Partido Nacional, a "devolver cuanto antes los fondos que recibió del desfalco de la seguridad social".¹⁷

El caso “Pandora” involucra a diputados del Congreso de la República con funcionarios de gobierno, donde se desviaron fondos a la ejecución supuesta de proyectos, pero que destinaron a otros fines. Se estima que el monto asciende a más de 11 millones de dólares, recuperándose solo una parte ínfima. Son pocos los que guardan prisión por estos actos desprovistos de ética y transparencia, el resto, en su mayoría, diputados de los partidos tradicionales, se defienden en libertad al considerar el juez que no ameritaba la reclusión.

Otro caso es la llamada Fe de Errata, o “ley con saliva”, donde se acusa a diputados del partido de gobierno de cambiar el contenido de las leyes aprobadas por el Congreso de la República antes de que sean publicadas en el diario oficial la Gaceta, o sea una nueva redacción del texto aprobado. Los llamados infractores también se defienden en libertad, o la juez desestimó que se hubiera cometido un delito y dejó en libertad al imputado.

A lo anterior, se suma el caso “Arca Abierta”, donde 5 diputados al Congreso Nacional y 6 exdiputados, amigos y parientes, pidieron a la Secretaria de Finanzas que se depositaran unos 21.1 millones de lempiras para desarrollar proyectos en sus comunidades, pero, según denunció la MACCIH, fueron desviados a sus cuentas personales y de parientes. (La Prensa, 14/01/2019). La mayoría recibió por el juez medidas distintas a la prisión preventiva, pero a algunos de ellos, caso de Gladys Aurora López, se le suspendió la visa para ingresar a Estados Unidos; la diputada ha sido acusada también de destrucción el hábitat natural, control del agua y expulsión de las comunidades indígenas con la construcción de varias represas de generación de energía.

La MACCIH ha denunciado que diputados del Congreso de la República, pretende limitar las funciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), considerado el auditor de los fondos del Estado, ya que las reformas buscan limitar las funciones de auditoria y fiscalización, lo cual se traducirá en mayor impunidad. La preocupación de la MACCIH es que con las reformas los contratos suscritos en el marco de las alianzas público-privadas sean blindados al no poderse auditar por el TSC, igual las privatizaciones de empresas, manejo de fideicomisos y las ONG que ejecutan proyectos con fondos públicos. Hay también de parte del Congreso un ataque a Ley General de Administración Pública, orientada a restar funciones de investigación al Ministerio Público, por lo que los diputados buscan blindarse y regresar a la época de la impunidad.

El camino a la tierra prometida

Honduras y el gobierno de JOH sigue fiel al libreto neoliberal y dictados del FMI y la Embajada Americana, al cual se ha sumado la Unión Europea. Está en proceso de lograr un nuevo acuerdo de mediano plazo con el FMI, pero debe mostrar logros en la privatización de la ENEE, salud y educación, sumado a la vigencia de una nueva ley de banca central que flexibilice aún más los controles financieros y cambiarios, consolidando el régimen de metas de inflación como una política de Estado. En el frente político, la comunidad internacional aplaude las reformas al tribunal electoral y registro de las personas, aunque todavía no se regula la reelección presidencial y deja abierta las puertas para que un presidente sea electo con menos del 40% de votos, al no introducirse en la legislación la figura del balotaje.

Los problemas de pobreza, inseguridad alimentaria, desempleo, migración, robo y destrucción de los recursos naturales, violaciones de derechos humanos y corrupción son un dato, y se irán solucionado en la medida que se baja el déficit fiscal, controla la inflación y se atrae inversión extranjera directa (IED), unos 1,185.7 millones de dólares captados en 2017 (BCH: 2018), de los cuales el 75.5% es reinversión de utilidades; las brechas comerciales y demanda de importaciones serán cubiertas con deuda y remesas que superan los 4,600 millones de dólares que mandan 1.2 millones de hondureños en el exterior.

De acuerdo al gobierno, empresarios y Embajada Americana, la hondureña es una democracia en proceso, con una economía robusta e institucionalidad a prueba de cualquier ataque de fuerzas subversivas, garante del orden constitucional, respetuosa de los derechos humanos y transparente en el uso de los fondos públicos. Esta democracia, que lleva cerca de 37 años de haberse incubado, cuya Constitución de la República ha sido violada repetidas veces, incluyendo sus artículos pétreos, se presenta y vende como ejemplo para otros países que creen poco en las recetas del FMI y los dictados del gobierno norteamericano y aliados. No obstante, desde organizaciones gremiales, campesinas, indígenas, estudiantes y sociedad civil en resistencia frente al golpe de Estado, continuismo autoritario y corrupción generalizada, hay en marcha opciones de desarrollo alternativo al modelo neoliberal.

Tegucigalpa, Honduras, 13 de febrero de 2019

Javier Suazo es economista hondureño, especializado en políticas económicas, reforma del estado y desarrollo local. Es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, consultor internacional y colaborador de varias revistas especializadas en temas de desarrollo a nivel nacional y latinoamericano.