Durante las últimas semanas Venezuela ha vuelto a ser el centro de atención de la prensa internacional, luego de que el pasado 23 de enero (fecha histórica que marca el fin de la última dictadura militar en 1958) el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se auto juramentara como nuevo “presidente interino” de Venezuela frente a una multitudinaria masa de seguidores. Este hecho ha precipitado la crisis política e institucional de un país altamente polarizado y sumido desde hace más de cinco años en una estrepitosa crisis económica y social jamás vista en la historia de este país desde la guerra federal.

Pero este acto político no hubiera tenido el impacto internacional que ha suscitado hasta ahora, si no fuera por el inmediato e irrestricto reconocimiento que tuvo la auto proclamación de Juan Guaidó como “Presidente interino”, por parte de los Estados Unidos y de otros países del hemisferio como Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú (integrantes del Grupo de Lima) y recientemente 19 países de la Unión Europa. Un acto además de sorprendente, extremamente peligroso, dada las consecuencias políticas que ha suscitado tal proclamación a nivel nacional e internacional, el cual desconoce de facto la legitimidad democrática, la primacía de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Las consecuencias han sido inmediatas. A nivel doméstico se ha reavivado la fractura social e ideológica que polariza al país desde hace veinte años, rememorando el fantasma de la ola de manifestaciones organizada por la oposición entre abril y julio de 2017, la cual dejó como saldo más de cien fallecidos, además de numerosos heridos, presos políticos e invalorables pérdidas materiales que repercutieron gravemente en la ya deprimida economía nacional. Por ahora y en tan solo una semana, se han contabilizado más de cuarenta personas fallecidas en enfrentamientos contra las fuerzas del orden, además de ochocientas detenciones.

A nivel internacional las consecuencias de la autoproclamación de Guaidó han ido más lejos de lo que se esperaba, ya que el asunto ha escalado hasta el Consejo de Seguridad de la ONU -el cual se reunió de emergencia a petición de los Estados Unidos, el sábado 26 de enero- para tratar “el caso Venezuela”.

Este encuentro, a pesar de no haber logrado el consenso necesario para aprobar la propuesta de Estados Unidos y sus aliados; sí sirvió para revelar el lugar que ocupa Venezuela en la geopolítica mundial: un territorio en torno al cual gravitan intereses económicos y estratégicos de países como Rusia, China, India, Estados Unidos, Francia y España, entre otros. De aquí que el destino político de este país se juegue, hoy más que nunca, en el plano internacional.

Venezuela en el ajedrez internacional

Desde la era Chávez (1998-2013), Venezuela ha trazado una alianza estratégica con Rusia en sectores claves como energía, defensa, minas y alimentación. Durante los últimos cinco años, esta alianza se ha solidificado gracias al importante soporte financiero (calculado en más de 25 millardos de dólares) que el Kremlin le ha ofrecido al gobierno de Maduro, ayudando con ello a atenuar la aguda falta de liquidez por la que atraviesa el Estado venezolano. A cambio, el gobierno de Maduro le ha otorgado a la petrolera rusa Rosneft, una participación privilegiada en la explotación de campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como el 49,9% de las acciones del complejo de refinación y de distribución de combustible de CITGO - el activo más importante de PDVSA en los Estados Unidos. A esto se añade importantes concesiones otorgadas en el sector minero (principalmente oro y bauxita), así como importantes contratos en el sector de seguridad y defensa.

La alianza con China no es menos importante, ya que los sectores de cooperación van desde la energía hasta la salud, pasando por las áreas de infraestructura, alimentación y cooperación científico-tecnológica. El nivel de inversiones del gigante asiático sobrepasa los 100 millardos de dólares y Venezuela posee una deuda con China de aproximadamente 65 millardos de dólares, los cuales reembolsa casi exclusivamente con producción de petróleo crudo¹.

Para Rusia y China la importancia de las relaciones comerciales y de la posición geográfica de Venezuela -la cual la hace tributaria de las reservas de petróleo más importantes del mundo (386 millardos de barriles)- revisten de un significativo interés estratégico. Algo que los Estados Unidos han visto con recelo hasta el punto de declarar a Venezuela como una “amenaza inusual” para su seguridad nacional². De aquí que la administración de Donald Trump haya reconocido con tanta prisa la “autoproclamación” de Juan Guaidó.

Esta no es, sin embargo, la primera vez que este país intenta derrocar por la fuerza al gobierno venezolano. Ya en 2002 el presidente Hugo Chávez había sido víctima de una tentativa de golpe de Estado promovida y reconocida abiertamente por la administración de George Bush. A esta le sucedieron múltiples intentos de desestabilización ocurridos a partir del paro petrolero que tuvo lugar entre 2002 y 2003. El propósito actual de crear un Estado paralelo con la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino”, se inscribe pues directamente en esta narrativa de “amenaza permanente e inusual”, según la cual es percibido el gobierno actual de Venezuela por parte de las autoridades políticas y militares de los Estados Unidos.

La “minoría de edad” latinoamericana

De esta manera, con el reconocimiento de Guaidó por parte del Grupo de Lima y de los Estados Unidos, asistimos a una nueva era de rehabilitación de la “doctrina del garrote” de Roosevelt (corolario de la doctrina Monroe), la cual justificó durante todo el siglo XX, el uso de la fuerza por parte de los EEUU contra los países latinoamericanos en nombre de su seguridad nacional. Este hecho no es solamente regresivo desde un punto de vista histórico, sino que también revela penosamente el síntoma de una impenitente “minoría de edad” de la clase política latinoamericana.

La incapacidad de alcanzar un acuerdo regional sobre la situación política venezolana es muestra del franco deterioro que atraviesa el multilateralismo y de la diplomacia suramericana desde 2014. La paralasis y la esterilidad de instancias multilaterales como la UNASUR, la CELAC e incluso la OEA, han allanado el camino para la actuación unilateral y autoritaria de los EEUU como “gendarme necesario” en la región. La iniciativa del Grupo de Lima, reunido el 4 de febrero en Ottawa bajo la égida de Canadá, insiste en la salida incondicional de Maduro y en la celebración de elecciones inmediatas. Todo lo cual desconoce los principios que rigen tanto la Carta Democrática Interamericana, como la Carta de las Naciones Unidas en cuanto a la no injerencia en los asuntos internos de las naciones. Pero aquí se hace evidente también la impotencia y la incapacidad por parte de los países latinoamericanos de promover una solución política negociada al conflicto venezolano, sin intervención de actores foráneos. En otras palabras y para decirlo sin disimulo, uno de los aspectos que revela la crisis actual es que todavía en América Latina somos incapaces de resolver nuestros propios problemas sin contar con la intervención del Tío Sam.

Con la actuación del Grupo de Lima hoy asistimos a un contexto en el cual un grupo de países no se ofrece como mediador entre las partes en conflicto; sino como un grupo de presión internacional abiertamente beligerante y parcializado por uno de los bandos.

Desde este punto de vista es interesante ver como esta nueva “diplomacia” dista mucho de iniciativas como las del Grupo de Contadora de los años 1980 o del Grupo de Rio de la década de los 90, las cuales contribuyeron activamente a la consolidación de la paz tanto en Centroamérica, como en Suramérica.

Finalmente todo parece indicar que con el “caso Venezuela” se abre un nuevo episodio en la historia de las relaciones internacionales hemisféricas, en la que la participación directa de países pertenecientes a regiones distintas (Norte América, Europa, Rusia, China, Irán…) inaugura el policentrismo global de los asuntos regionales. Aunque las consecuencias de esta nueva realidad son aún imprevisibles, nada impide pensar que la diversidad de intereses que actualmente gravitan en torno a la región pueda definir en un futuro no muy lejano, el destino político de las naciones latinoamericanas.

¿Cuál escenario para cual salida?

Sea como sea, la gravedad de la crisis venezolana demanda un tratamiento inclusivo e incondicional de diálogo. La iniciativa de mediación diplomática liderada por Uruguay y México y auspiciada por la ONU y la Unión Europea representa, sin duda, una alternativa –ciertamente la más prometedora- de alcanzar una solución pacífica y negociada al diferendo venezolano. Pero este diálogo va depender en buena medida de la voluntad política que tengan la oposición y el gobierno de Maduro, para alcanzar un acuerdo mínimo en torno a la grave e incontrolable crisis que atraviesa el país.

Por un lado, la intransigencia que ha caracterizado hasta ahora al gobierno de Maduro, su nuclearización en torno a las fuerzas armadas y su evidente y notoria incapacidad de responder a los desafíos económicos que desbastan al país, no proporcionan ninguna solución ni a corto ni a mediano plazo que nos permita salir de la crisis. Por el contrario, la intensificación de las sanciones financieras impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, no han hecho más que endurecer y legitimar la narrativa “antiimperialista” y “soberana” del oficialismo. Esto ha permitido justificar y legitimar no solamente el fracaso de los múltiples planes económicos puestos en marcha durante los últimos años (incluyendo el Petro y la reconversión monetaria), sino también el estado de excepción permanente en el cual se encuentra la sociedad venezolana desde hace más de cinco años.

Gracias a la intervención directa de los Estados Unidos a favor de la oposición venezolana, la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) -para la cual la era política inaugurada por Hugo Chávez y su “socialismo del siglo XXI” es “irreversible” - ha conseguido legitimar el “síndrome de Masada” que domina en el campo de sus simpatizantes, sin que por lo pronto se pueda atisbar la emergencia de una postura moderada y conciliadora.

Sin embargo, si una solución pacífica y negociada es todavía posible, esta dependerá en buena medida de la capacidad que tenga el oficialismo de hacer importantes concesiones. Entre las cuales figura la conciliación de una agenda electoral que incluya la celebración de un referéndum consultivo, como paso previo a la celebración de elecciones generales³. Todo lo cual permitiría la renovación de todos los poderes públicos bajo el fundamento de la voluntad general.

Si por el contrario, el “síndrome de Masada” termina por imponerse en el tejido político del oficialismo, la severidad de las sanciones financieras acelerarán el deterioro económico del país, trayendo consigo una intensificación de la escasez y el colapso total de la infraestructura de servicios. Todo lo cual incidirá en un incremento sin precedentes de la pobreza y del éxodo migratorio.

En tales circunstancias ¿por cuánto tiempo podrá sobrevivir el gobierno, sin que su base político-militar se descomponga por completo?

Del otro lado, se encuentra la también inflexible postura de la oposición venezolana liderada por Guaidó, la cual exige el reconocimiento por parte de Maduro de un proceso de “transición” que conlleve a elecciones presidenciales inmediatas y sin condiciones, ni garantías para el campo del oficialismo. Esto implica no solamente el desconocimiento arbitrario e inconstitucional del ejecutivo, sino también el desconocimiento del resto de los poderes públicos por parte del legislativo.

No obstante y mientras las fuerzas armadas continúen del lado del oficialismo, la oposición venezolana no posee ninguna forma de presión en contra del gobierno de Maduro, excepto la provista por las sanciones internacionales y la activa y permanente movilización de sus seguidores.

Desde esta perspectiva la aventura encabezada por Guaidó se evidencia extremadamente precaria, pues las experiencias de insurrección lideradas por la oposición en 2014 y 2017 fueron no solamente infructíferas, sino que trajeron consigo consecuencias nefastas tanto a nivel político como a nivel económico para el campo opositor. La mayoría de las víctimas de la violencia política fueron cobradas del lado opositor, mientras que los barrios de clase media y media alta donde tuvieron lugar los focos de violencia, terminaron totalmente destruidos sin ni siquiera haber logrado los resultados esperados. Finalmente, el fracaso de estas tentativas insurreccionales contribuyó a fragmentar aún más al campo opositor, creando desconfianza, desarticulación y dispersión en el seno de sus fuerzas.

¿Cuál fue entonces la lección aprendida? ¿Están dispuestos los sectores más radicales de la oposición venezolana a volver a “calentar” la calle teniendo como precedente los intentos fallidos de 2014 y 2017?

Visto desde este punto de vista, para el lado opositor todo parece reposar en el éxito de la presión internacional. Pero si la oposición y sus aliados internacionales no logran concretar las promesas de cambio inmediato que han vendido a una parte de la sociedad venezolana, el riesgo de desprestigio y de deslegitimación será entonces muy alto. Esto terminaría de sepultarla como opción política, arrojando en el mar de la impotencia y de la frustración la esperanza despertada en el seno de sus seguidores. Llegado a este punto, la posibilidad de una intervención militar como última opción, pareciese ser la alternativa más viable del lado opositor. Pero esta alternativa sumiría definitivamente en el caos a la sociedad venezolana, trayendo además consecuencias inimaginables para la región.

¿Hasta qué punto la guerra representa verdaderamente una salida a la crisis?

Las experiencias de Ucrania, Irak, Libia y Siria han demostrado que lejos de ser una solución, las intervenciones militares no garantizan ni un cambio irreversible de régimen, ni la estabilidad política y la prosperidad económica prometidas.

Por el contrario, la experiencia de estos países muestra que sus sociedades siguen padeciendo las consecuencias de la violencia política, de la inestabilidad económica y de la fragilidad institucional que los cambios bruscos suponían desvanecer de una vez por todas. La opinión de aquellos que del lado opositor piensan que una intervención militar en Venezuela sería “rápida” y con un “mínimo” de daños colaterales, es una ilusión que olvida la cruel realidad que caracteriza los conflictos bélicos del siglo XXI: genocidio, pillaje, violencia, desplazados de guerra y caos generalizado.

Así, de existir una solución a la larga crisis venezolana, esta debe ser política.

El Grupo de Contacto Internacional representa, por ahora, la única alternativa de intermediación diplomática creíble para alcanzar una solución pacífica y pactada. Ya el campo del oficialismo aceptó los buenos oficios de esta iniciativa, incluso si en este Grupo participan países que como los europeos, no lo reconocen como Presidente legítimo de Venezuela y que por el contrario, sostienen a Guaidó. Paradójicamente, este último rechaza la intermediación del Grupo de Contacto Internacional e insiste en la vía unilateral e incondicional impuesta por los Estados Unidos y el Grupo de Lima.

Pero si tarde o temprano y más allá de los insultos y las descalificaciones impenitentes, se impone la racionalidad y el deseo de una solución pacífica y negociada al conflicto, este debería contar con el concurso de todos los interesados. En este sentido, no es imposible que el Grupo de Contacto Internacional en su oficio de verdadero mediador, incluya en la mesa de negociación a los Estados Unidos, a Rusia y a China como miembros negociadores. Esto nos llevaría, sin duda, a una negociación mucho más complicada y de largo aliento. Pero esta sería tal vez la única vía que pueda ahorrarnos la fatídica e indeseable opción de un conflicto armado.