Los datos relativos a la economía son desastrosos para la mayoría de la población, especialmente los sectores sociales de más bajos ingresos. Son pocos los que se benefician con la elevada inflación y la recesión: especuladores y grandes productores y exportadores. Crece la pobreza, el desempleo y las condiciones de vida mísera para muchos.

Ese es el marco en el gobierno para escuchar opiniones críticas de profesionales de la economía, consultores de empresas y lobistas de capitales externos, caso de Miguel Ángel Broda, que se compromete a presentar un “plan integral” con contribuciones de Guillermo Calvo desde EEUU y el inefable Domingo Cavallo. También se consulta a ex funcionarios de Fernando de la Rúa o a Carlos Melconian, que fuera Presidente del Banco de la Nación de Macri al comienzo de la gestión y que crítica el supuesto gradualismo del gobierno.

Todos los consultados reclaman política económica con un shock de ajuste fiscal, más rápido y en profundidad que el actual, en línea con el FMI, claro, pero acelerando los tiempos de disciplinamiento social por vía del achique del gasto público.

Los consultados exigen avanzar de manera urgente con imprescindibles reformas laborales y previsionales, para eliminar derechos sociales, individuales y colectivos.

Son argumentos para mejorar las condiciones de la inversión y el resultado esperado en materia de ganancias, fiel a la lógica esencial del orden capitalista.

No se puede esperar otra cosa de ese ámbito político ideológico de la derecha en la Argentina.

Lo primero que hay que decir es que Macri escucha opiniones críticas de un espectro profesional que acuerda con el rumbo amigable con los negocios, que sustenta el gobierno Macri, del PRO y de Cambiemos.

Ni se le ocurre a Macri escuchar las críticas provenientes de la izquierda o del movimiento sindical y popular; o la que emerge de la movilización contra el impacto regresivo del tarifazo, que hoy se despliega en todo el país.

Solo hay escucha para los socios en el rumbo, aun cuando sus opiniones puedan incluso descalificar el accionar del gobierno por ineptitud.

Resultaría ilógico e irreal imaginar una consulta por izquierda cuando un personaje como Aranguren, ex Ministro de Energía de Macri, sostiene críticas a la concepción del Derecho a la Energía, para sostener enfáticamente que se trata de una mercancía que debe pagarse.

La concepción gubernamental, coincidente con la de las clases dominantes es por el mercado, las privatizaciones y la extranjerización, o sea, un rumbo de dependencia y subordinación a la lógica hegemónica del capitalismo mundial.

Es más, escuche o no escuche, la realidad de la economía avanza en el rumbo para hacer funcionar la lógica de la ganancia.

Diagnóstico erróneo

Es evidente una cuestión ideológica y política, donde solo se escucha a quienes coinciden con intervenir para resolver la demanda de hacer funcionar al capitalismo local.

La escucha tiene que ver con un diagnóstico errado en origen por parte del gobierno. El primer error fue creer que la sola definición por el capitalismo y el liberalismo atraería las inversiones necesarias para relanzar el orden económico.

Se desconocía la situación de crecimiento empobrecido del sistema mundial desde la crisis 2007/2009, tema que enfatiza en estas horas el FMI, y por ende la reticencia del capital global para orientarse a países “emergentes”, no solo la Argentina, sino otros con mayor volumen en la región, caso concreto del Brasil.

Por ese mal diagnóstico, anclado en la liberalización operada en los 90, incluso desde mediados de los 70 es que la apuesta fue por los demócratas y Hillary Clinton en la elección que ganó Trump en EEUU. Este define el rumbo discursivo contra la liberalización y a favor de proteger los intereses estratégicos de la Nación estadounidense por encima de cualquier consideración global.

El macrismo tuvo que revertir el apoyo a los Demócratas en EEUU y pronunciarse favorable a la nueva gestión estadounidense, de los Republicanos, para obtener entre otras cuestiones, el apoyo del financiamiento externo esquivo vía FMI.

Entre los errores de diagnóstico aparece el problema de los precios, con un Macri señalando que el tema era más difícil de lo que pensaba en campaña.

Aseguraba entonces que la inflación no sería un problema en su gobierno y ahora reconoce que el tema costará ser reducido y que no alcanza un periodo de cuatro años para resolverse, augurando mayores penurias en el corto y mediano plazo, más aún si hay reelección.

Claro que la inflación, en tanto mecanismo de transferencia de ingresos consolida la ecuación de perjudicados y beneficiarios, con mayor empobrecimiento de millones y la concentración de ingresos y riquezas en muy pocos.

La inflación es parte de la disputa por el poder en la Argentina, que define a los beneficiarios, a los que pueden incrementar los precios y por ende obtener el logro de apropiación de la riqueza socialmente generada.

No pueden aumentar precios quienes perciben ingresos fijos, sean trabajadoras o trabajadores, jubiladas o jubilados, o perceptoras o beneficiarios de planes sociales. Todos ellos se cuentan por millones, quienes ven contenidos sus ingresos por las políticas públicas o el accionar de las patronales que definen la política de ingresos en el país.

Por ello es que tampoco bajará la pobreza, otra promesa al inicio de la gestión Macri y sostenida en esta nueva campaña electoral por la renovación presidencial. Se afirma que un nuevo periodo presidencial del macrismo favorecerá el objetivo, cuando la realidad confirma la esencia de la desigualdad con la extensión de la marginación y el empobrecimiento de la sociedad.

Sea por error o por convicción, lo que ocurre es una disputa del sentido común en la sociedad. El gobierno disputa consenso y habla a su marco ideológico de referencia, como el único camino posible y con ello organiza su iniciativa ideológica y política para ganar el suficiente consenso que le otorgue capacidad de gobierno y una reaccionaria reestructuración del orden capitalista local.

Existe una fuerte campaña por el consenso social mínimo a una política de ajuste y reforma estructural, que trasciende a la coalición de gobierno e involucra a la oposición cómplice, quienes también disputan por vía electoral la gestión de gobierno.

Otro modelo productivo

El asunto a debatir no es solo la macroeconomía, el crecimiento o la recesión, el ajuste gradual o de shock, sino el modelo productivo, algo que es poco considerado.

Desde hace más de cuatro décadas asistimos esencialmente a un modelo de apertura de la economía, la liberalización, que coloca la producción local al servicio de la demanda internacional, no solo del agro y la minería, sino también de la industria, las finanzas y los servicios.

Vale señalar que hubieron intentos de mediatizar el rumbo con procesos de redistribución del ingreso y favorecimiento de la industrialización sin cambiar el horizonte estratégico del modelo productivo.

La apertura económica o liberalización de la economía define el modelo productivo que pretende colocar a la Argentina como proveedor de materias primas con escasa elaboración, más allá de los derivados del petróleo y la soja, entre otros “comodities” de la exportación local al mercado mundial.

Es cierto que Argentina produce aceites de soja e incluso combustibles basados en esa producción, pero la tendencia empuja a la primarización productiva y la comercialización sin valor agregado. Algo similar ocurre con los minerales y el petróleo. Existe una tradición local en materia petroquímica e incluso derivados, discontinuada en tiempos de hegemonía neoliberal.

Pretendemos apuntar a que el rumbo esencial de la Producción local remite a las políticas y rumbos inducidos desde mediados de 1975, afianzados bajo el terrorismo de Estado, configurando en la actualidad una estructura económica social de inserción subordinada y dependiente en el sistema mundial del capitalismo.

La soja y los hidrocarburos, hoy no convencionales, explican la apuesta principal por la producción local; más las finanzas y la especulación, de la que la deuda pública resulta un instrumento privilegiado.

Cuando me consultan que hacer remito a dos cuestiones que deben pensarse y actuarse en simultáneo. Una remite al cambio de la política económica financiera, monetaria, fiscal, de ingresos, de impacto macroeconómico. La otra, al modelo productivo, con otra política para modificar sustancialmente la producción primaria y secundaria, incluso el sector servicios a ello asociado.

La reforma agraria e industrial resulta así fundamental, con otros sujetos económicos promotores de ese nuevo modelo productivo, con agricultura familiar y comunitaria; cooperativas y formas asociativas de producción de pequeños y medianos productores y empresarios; con empleo de esa inmensa masa desocupada que hoy percibe beneficios sociales o deambula en la informalidad e irregularidad del mercado de trabajo. Un sistema financiero y de comercio exterior nacionalizado resulta imprescindible para ese propósito.

Para que ello sea posible se requiere poder político, impensado de ser instrumentado desde el gobierno o la oposición cómplice con capacidad de disputa electoral, por lo que no solo el gobierno de Macri no escuchará estas opiniones, sino que las combate desde todos los ángulos posibles, incluida la represión en sus diferentes dimensiones, ideológica, judicial o física.

Instalar esta discusión en la sociedad resalta indispensable, cuando el FMI visita el país para confirmar el rumbo, más allá de la crítica por derecha de liberales a ultranza y así liberar unos 11.000 millones de dólares para asegurar la cancelación de los vencimientos de la deuda externa que hipoteca cada vez más la vida de millones de argentinos.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2019

- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
www.juliogambina.blogspot.com