Dos meses después de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel, su estilo personal de gobernar y las formas específicas de comunicación, como la mañanera que es sumamente exitosa y cualquier noticiero o todos juntos desearían tener el alcance del que se produce en Palacio Nacional, los colegas se dan de topes con la pared al pedirle peras al olmo, que AMLO reaccione, actúe y declare lo que ellos consideran políticamente correcto.

No son pocos los que están escandalizados por lo que López Obrador declaró ante la baja de la calificación de la deuda de Petróleos Mexicanos por Fitch Ratings: “Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, avalaron la reforma energética, sabían que no llegó la inversión extranjera y no se incrementó la inversión en Pemex. Eso produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice”.

A su juicio, Fitch Ratings no consideró variables fundamentales en el rumbo de Pemex, porque su principal problema ya se está limpiando. La paraestatal fue una empresa saqueada durante el periodo neoliberal, de las más saqueadas y con más corrupción en el mundo. Y para que se enteren, AMLO invitará a las calificadoras a que vengan a conocer las acciones que el gobierno realiza para erradicar la corrupción y fortalecer las finanzas de Pemex. Y estimó necesario esperar a otras calificadoras porque, “como en todo, hay calificadoras serias, responsables, y hay otras que no lo son tanto, hay también en esto charlatanería” (La Jornada, 31-I-19).

De que las hay, las hay. La vicepresidenta en jefe de Moody’s Investors Service, Nymia Almeida, anunció que la compañía “dará el beneficio de la duda al gobierno mexicano en sus planes de reducir gastos y costos en Pemex, y al mismo tiempo incrementar la producción de hidrocarburos (…) Lo que promete el gobierno no es imposible, por ello Moody’s da el beneficio de la duda sobre los planes de la empresa”. Lo que deja muy mal parado al columnista del oficialismo (1988-18), Jorge Fernández Menéndez, quien tras dibujar un negro panorama en Pemex y una incompetencia supina del equipo gobernante, auguró “Ya la degradó Fitch y veremos algo similar en los próximos días con Moody’s y Standard & Poor’s” (Excélsior, 31-I-19).

La calificadora que no tiene quien la califique salvo sus dueños y a los que denominan mafia financiera, se vio precisada a aclarar, por medio de Lucas Aristizábal, director en jefe de Fitch Ratings, “Si bien el reciente cambio de política ha tenido algún efecto, no es el componente principal de la rebaja. Pemex puede aumentar su eficiencia operativa y en uso de capital y reducir pérdidas por robo de combustible, pero requiere soporte del gobierno para generar flujo de caja, invertir y repagar deuda”.

Aristizábal clarificó que “El gobierno mexicano ha estado extrayendo demasiado dinero de Pemex durante muchos años, generando deuda, no invirtiendo en la compañía, y esto no es una práctica comercial sostenible”. Lo anterior da la razón a especialistas que en Aristegui Noticias (30-I-19) sostuvieron que la calificación no corresponde a Pemex bajo el gobierno de AMLO, sino de Enrique Peña Nieto.

En el fondo el problema planteado no es nuevo y puede sintetizarse en la pregunta: ¿Quién califica a las calificadoras? Los consorcios financieros de los que forman parte y que condujeron a la economía estadunidense y global a la debacle de hace una década, cuando todas calificaban de excelente la salud de las finanzas.

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