Casi simultáneamente a la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, la tarde del viernes 18 y que costó la vida de 91 personas o más y 49 siguen hospitalizadas, comenzó una puja por señalar a los responsables, sin molestarse en interponer el elemental “presuntos”. Sucede, por desgracia, más allá de la redes sociales que siguen instaladas en la ola del tardío “destape” mexicano, también en el oligopolio mediático e incluso entre analistas con doctorados y méritos mayores que sin más concluyen: “pudo evitarse”, los ductos “fueron cerrados muy tarde” y el “Ejército no cumplió su papel de contención”.

En tal desfile de pontificadores, entre los que sobresale el trío los Aguilar (Héctor, Jorge y Leo), llama la atención el rigor con el que se conduce Ana Lilia Pérez –especialista en el saqueo y la corrupción de Petróleos Mexicanos o lo que dejaron 36 años de políticas privatizadoras–, a la pregunta que formuló Sanjuana Martínez en La Jornada del lunes 20: “–Se responsabiliza al Ejército, que ahí estaba y no actuó.”

La respuesta de la investigadora de moda es: “–No se puede hacer un juicio tan reduccionista y señalarlos porque no actuaron: se tienen que analizar las circunstancias. Y el gran problema es todo el contexto que se tiene en esas comunidades. El huachicolero llegó a suplantar al narcotraficante. En muchos casos es lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, las drogas las controlan los mismos huachicoleros. Se requieren estrategias integrales dentro de la cultura de la legalidad. Ésta no se puede exigir cuando el ciudadano tampoco está dispuesto a ser legal.”

De ese tono cuidadoso es el abordaje que realiza sobre el tema la autora del libro del que aún realiza presentaciones, Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Y el primero de sus cuatro volúmenes se llama Camisas azules, manos negras. El saqueo de Pemex desde Los Pinos, libro por el que abandonó México para eludir la persecución de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, pues su “socio y hermano” Juan Camilo Mouriño fue exhibido en pleno conflicto de interés y negocios turbios, en la primera investigación de la reportera especializada hace dos décadas.

El origen del robo de combustible lo ubica en el gobierno de Carlos Salinas (1988-94) y luego con Ernesto Zedillo (1994-00) con una intensidad mayor, “Ordeñar barcos, pipas, era algo del entorno petrolero”. Con Vicente Fox (2000-06) empieza la modalidad de toma clandestina, lo cual explica –digo yo– la virulencia del bocón Vicente Fox en contra el presidente Andrés Manuel. Y bajo Calderón Hinojosa (2006-12), durante la Guerra contra el narcotráfico, empieza la incorporación de corporativos (políticos y empresarios) criminales de la droga en el lucrativo negocio.

Hasta desempeñar ahora, a juicio de Pérez Mendoza, “una resistencia muy grande para abandonar este negocio, porque les resultó más redituable que el de las drogas”. Y, ciertamente, lo comenzaron los tamaulipecos Zetas en la Cuenca de Burgos y hasta cooptaron a un dirigente del Partido de la Revolución Democrática.

De allí que una de las grandes claves del problema es el diseño, o el afinamiento si ya existe, de una estrategia integral frente a los corporativos criminales para que no migren de una a otra rama de las actividades ilícitas como sucede desde hace por los menos 18 años y obstruir su diversificación: del tráfico a la producción de drogas ilícitas, al secuestro, a la muy rentable trata, el tráfico de órganos, el derecho de piso…

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