Un carrobomba estalló en la mañana del jueves 17 en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, la capital colombiana, dejando un saldo de al menos 10 muertos y 65 heridos, y si bien se identificó al autor material, se desconoce la causa del atentado y sus autores intelectuales.

La Escuela de Cadetes General Santander es una de las instituciones más insignes de la Policía, ya que allí se forman los futuros oficiales que prestan sus servicios de seguridad al país y de naciones vecina. Entre las víctimas, hay dos mujeres ecuatorianas y tres panameños que se preparaban en la escuela de formación policial.

La camioneta Nissan Patrol gris, cargada con 80 kilos de pentolita, era conducida por José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años, a quien le faltaba la mano derecha. Rojas habría pasado con violencia por encima de los controles de seguridad para detonar el artefacto dentro del complejo policial, según el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.  El “kamikaze” terminó inmolándose al estrellarse contra un alojamiento.

Aunque aún es prematuro determinar la autoría intelectual del atentado, la Defensoría del Pueblo había advertido en diciembre de 2018 sobre los posibles ataques con artefactos explosivos, que se podrían presentar, principalmente, en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme, en el sur de la Capital. Este centro académico de la Policía Nacional queda a dos cuadras de la localidad Rafael Uribe Uribe.

El estallido se produjo en una zona y hora de frecuente tránsito para la centena de alumnos que pertenecen a la institución. Entre los heridos se encuentran varios uniformados extranjeros que se formaban en la institución.

Desde el 2010 no se presentaba en Bogotá una explosión con un artefacto de tal capacidad. En la época del jefe narcotraficante Pablo Escobar ese tipo de hechos fueron comunes. Luego, con el Bloque Capital de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se percibió el riesgo de que esto iba a volver a ocurrir y para evitarlo el alcalde de esa época, Lucho Garzón, ideó el Plan Candado que consistía en un sistema de seguridad en las fronteras de la ciudad para blindarlas de la entrada de armas y explosivos.

La metodología de atentados explosivos fue principalmente de las estructuras de los carteles del narcotráfico y de los paramilitares. Los grupos “activos” posdesmovilización de los paramilitares de las AUC, son el Clan del Golfo, las Águilas Negras Bloque Capital, y los Rastrojos Comandos Urbanos y Los Paisas, éstos particularmente en Usme. Todos ellos, en busca de controlar los circuitos dedicados a la venta de droga en Ciudad Bolívar y Soacha, señala la prensa bogotana.

Al activarse el actual Plan Seguridad de Vigilancia por Cuadrantes, las fronteras de la ciudad fueron descuidadas, lo que facilita este tipo de ataques, señala el diario El Espectador.

Algunos analistas temen que el atentado sirva para desviar los graves problemas que vive el país, en medio de una gravísima crisis económico social, de seguridad, y de corrupción, que envuelve a magistrados, políticos, empresarios, expresidentes e incluso al Fiscal General.

Año crucial

Este 2019 resulta un año crucial para la política colombiana, ya que el cambio de gobierno con la asunción del ultraconservador Iván Duque a la presidencia -empeñado en agredir a su vecina Venezuela-, y las elecciones locales son factores decisivos en la dinámica de violencia en un país donde día a día son asesinados numerosos líderes sociales a lo largo y ancho del territorio.

En los últimos 48 meses en Bogotá se han presentado 27 ataques con explosivos. En un comienzo, en 2015, se trató de ataques con artefactos de baja capacidad y posteriormente y se produjeron detonaciones contra la Fuerza Pública, bancos, entidades de salud y lugares comerciales.

Entre ellos se recuerdan  el atentado contra la sede del partido Opción Ciudadana en Teusaquillo, donde murió un policía, y el sucedido en el centro comercial Andino donde murieron tres mujeres, el único que no estuvo dirigido contra instituciones del Estado

Las fuerzas de seguridad señalaron como autores al Ejército de Liberación Nacional (ELN) –trece personas fueron detenidas- y al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que sufrió 10 capturas, pese a que Fiscalía manifestó que estas redes urbanas estaban desvertebradas.

El nuevo atentado deja, para los medios, tres hipótesis: que las autoridades encargadas de investigar no han logrado capturar a los responsables; que las estructuras con presencia en Bogotá tienen una alta capacidad para recomponerse y las capturas han sido golpes menores, y que hay nuevos actores violentos en la ciudad, que bien pueden ser el narcotraficante Clan del Golfo o la disidencia de las Farc, únicos grupos, además del ELN, con una capacidad logística de ese nivel para cometer estas acciones.

Las hipótesis se caen cuando se tienen en consideración que la disidencia guerrillera no posee una estructura de milicianos lo suficientemente estable en la ciudad para cometer este tipo de actos, y el Clan del Golfo no tiene intención de llamar la atención del Fuerza Pública pues su intencionalidad es la captación de rentas y no la lucha contra el Estado, señalan en un análisis León Valencia y Ariel Ávila.

A la repulsa de líderes y gobiernos latinoamericanos y mundiales, se sumó la del partido político de la antigua guerrilla de las Farc, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que condenó la explosión del carro bomba.

Tras la explosión, el presidente Iván Duque suspendió el Consejo de Seguridad que iba a adelantar en el departamento de Chocó, con toda la cúpula militar. El atentado sucede el mismo día en que, a poco más de dos cuadras, en Campo de Paradas, se llevaría a cabo una ceremonia de brigadieres.

17/1/2019

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)