Hace un año, con el indulto a Alberto Fujimori, se inició una crisis de régimen político que se ha agudizado gravemente con los intentos de remover a los fiscales del caso Lavajato por el hiper cuestionado fiscal Chávarry. Lo que para algunos, podía parecer oscuro antes de estos hechos, hoy queda claro para todo el Perú: la mafia fujiaprista se resiste a ser investigada por la justicia y está dispuesta a usar todo su poder para impedirlo.

Las cosas, sin embargo, no parecen ser como hasta hace pocos años cuando ellos hacían lo que les venía en gana. La sociedad está movilizada y aunque su dirección es todavía dispersa, la acción ciudadana parece haber arrinconado a los poderosos de antaño y estos podrían estar viviendo las vísperas de su liquidación política.

La lucha anticorrupción traza hoy una línea entre los peruanos demócratas que quieren un país mejor y la élite corrupta que ha tenido el poder desde el golpe de Estado del cinco de abril de 1992. Ahora, queda claro que la lucha anti corrupción sintetiza el conjunto de demandas populares, revelando en toda su podredumbre la injusticia reinante. Por ello, limpiar la casa se convierte en el punto clave para enfrentar los problemas nacionales.

En este momento la lucha anticorrupción tiene el liderazgo del Presidente Martín Vizcarra, él ha fijado la agenda y ha tomado la iniciativa. Esto ha permitido crear un gran frente democrático anticorrupción cuyo primer resultado se vio en el referéndum. Es imperativo entonces acompañarlo en todas las iniciativas que apunten a golpear a la corrupción y terminar con esa lacra. Sin embargo, ha llegado también la hora en esta lucha democrática de plantear una agenda alternativa.

Para Martín Vizcarra y los neoliberales que lo acompañan, muchos compartiendo de buena fe la confianza en el modelo, se trata de un problema de personas que se resuelve con el cambio de las mismas y mayores o menores reformas institucionales que afiancen el sistema actual. Esto se expresa en el reiterado planteamiento de disminuir los ya precarios derechos laborales de los trabajadores, con el argumento falaz de que son costos que hay que eliminar para que la economía recobre su competitividad.

Empero, la historia corta de los últimos casi treinta años nos dice otra cosa. La transición liderada por Valentín Paniagua se frustró por no cambiar la constitución impuesta por la dictadura de Fujimori y Montesinos y la “Gran Transformación” de Ollanta Humala primero la diluyeron y luego se abandonó totalmente dejándonos en lo mismo. En ambos casos se tuvo la esperanza de cambios dentro del modelo con las consecuencias que todos conocemos.

Para los que partimos de una crítica al modelo reinante, instituido precisamente a partir de un golpe de Estado, la solución no se puede quedar en cambios personales o afeites institucionales. Tenemos la necesidad de ir a cambios de fondo que transformen las raíces de la república criolla hoy en crisis. El objetivo es entonces una Nueva Constitución que sirva de herramienta para cambiar no sólo el modelo económico y el poder del Estado sino también el control de las mentes y los cuerpos afianzado en las últimas décadas.

Entramos entonces a un período arduo, en el que hay que terminar con el dominio fujiaprista que organizó el poder por la vía de la corrupción y ganarle la iniciativa a los que quieren darle una solución a la crisis volviendo, únicamente, a ordenar el dominio neoliberal. Pero ello, solo será posible si nuestra alternativa es de conjunto y va a las raíces de la profundas de las varias desigualdades en las que vivimos.

En este camino de reformas, se debaten a contrapunto un camino tecnocrático y otro democrático. Por un lado los que asumen tener el monopolio del conocimiento y quieren cambiar algo para que nada cambie, guiados por la ideología de “hacer bien las cosas”. Por otro, los que queremos abrir las puertas a la participación popular que nos lleve a nuestro objetivo transformador. En este sentido, es prioritaria una reforma política dirigida a abrir el sistema democrático, terminando con las “barreras de acceso” tanto a los movimientos sociales como a los partidos.

No nos restringimos nada más a los partidos políticos, que son los vehículos de la representación, sino hacemos hincapié en la gruesa legislación de criminalización de la protesta que hay en el Perú y que impide en buena medida que las organizaciones populares planteen sus reclamos. Promover la acción colectiva para que la sociedad se movilice es lo que dará base real a la renovación partidaria y a la posibilidad de que confluyan participación y representación para renovar efectivamente la política.

En lo inmediato esto significa cambiar el obsoleto sistema de recolección de firmas para registrar un nuevo partido legal. Silenciosamente el fujimorismo, con el apoyo del Partido Aprista, aumentaron el número de firmas en los últimos diez años, yendo del 1 al 4% del registro electoral, (800,000 firmas aproximadamente) con lo que han hecho prácticamente imposible la inscripción de nuevos partidos. Con la liquidación de esta mafia política y judicial deben terminar también estas barreras que sólo apuntaban a su sobrevivencia.

Es imperativo que todos los partidos vuelvan a inscribirse como tales, y manifiesten su vitalidad política registrando el funcionamiento de un número importante de comités provinciales, para indicar que no son membretes de ocasión sino organizaciones de participación y representación ciudadana. Asimismo, que se instituyan las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para democratizar la elección de los candidatos para puestos de representación popular. De esta manera se podrá renovar el espectro partidario y daremos un paso más para tener partidos democráticos que merezcan el nombre de tales.

La crisis de régimen no parece hoy tener vuelta atrás en el Perú. Sin embargo, la reforma del mismo es una larga marcha que no nos llevará de inmediato al objetivo de una Nueva Constitución. Hay que avanzar por el camino democrático del reformismo consecuente, que permita calar en una amplia mayoría popular la necesidad de una nueva Carta Magna, como un nuevo contrato social entre los peruanos. Esta será la base para un acuerdo de largo alcance que nos permita tener una República Democrática.

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