Las tradicionales políticas de ajuste económico y cambio estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial no funcionan en un Estado “Narco”, ya que los costos del ajuste recesivo y liberalización, son en exceso y no sólo los sufre el pueblo sino también las unidades productivas de menor tamaño, generadoras de empleos netos y buena calidad.

En un Estado “Narco”, el ajuste interno pierde sentido ya que, en teoría, existe suficiente dinero en la economía para financiar los desequilibrios fiscales y monetarios del gobierno, por los que los convenios con el FMI no se necesitan. Este es el caso de Colombia, cuando todavía no se utilizaba dinero del narcotráfico para sobornar altos funcionarios del gobierno y financiar las campañas presidenciales, la inversión local (Cali y Medellín) creció incluso a tasas inimaginables.

Los problemas se presentan cuando el dinero del narcotráfico es utilizado para tales propósitos, e incluso para que funcionarios de gobierno se enriquezcan una vez que se accede y detenta el poder, ya que, por un lado, los carteles de la droga exigen a los gobiernos y funcionarios de alto rango retribuir el financiamiento realizado con el ingreso de más droga y su custodia, aportando información sobre las operaciones del Ministerio Público, Policía, Corte Suprema y DEA en su contra, o simplemente, cobrando dicho financiamiento con la asignación de proyectos de inversión a favor de empresas fantasmas que no ejecutan.

En el caso de Honduras, ha sido visible la canalización de estos recursos a las campañas políticas y bolsillos de funcionarios públicos por miembros del Cartel de los “Cachiros”, que incluso se convirtieron, según testimonios en los juzgados y cortes de justicia de Estados Unidos, en ejecutores de proyectos de inversión otorgados por el gobierno. Los testimonios han sido de conocimiento público, y han comprometido seriamente la “honorabilidad” de que gozaban altos funcionarios de gobierno, diputados, banqueros, empresarios y parientes cercanos del presidente de la República. Es decir, existe evidencian e indicios que los que gobiernan delinquen y fueron copados por el narcotráfico.

A la captura institucional y familiar desde fuera, se suma la captura interna, o sea la corrupción. Los narcos tienen que lavar dinero y que mejor forma que ejecutando proyectos con y desde el Estado; pero, además, los políticos y funcionarios corruptos utilizan toda su influencia para garantizar que esta práctica se legitime, ocultando información, creando leyes, poniendo a empleados corruptos en puestos claves, reasignando recursos a programas y proyectos fantasmas y creando un fondo “colchón” para promover imagen, financiar su propia propaganda y campaña política.

En el caso de Honduras, hay plena evidencia que esta práctica ha sucedido (léase: Cachiros, Seguro Social y Pandora) o está sucediendo (de acuerdo a miembros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hay nuevos casos de corrupción que involucra a diputados, funcionarios de alto rango y familiares), por lo que es importante considerarlo como problema central a resolver, al diseñar el plan de gobierno que define los sectores prioritarios para la inversión, las políticas públicas globales y territoriales, los lineamientos y proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República, la política de endeudamiento y los controles internos del gasto. Caso contrario, estaríamos avalando una práctica corrupta de gestión pública, siendo el destino de los escasos recursos del pueblo (que se captan mayormente vía impuestos indirectos) el narcotráfico y la corrupción.

El FMI ha reconocido los logros del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) en la reducción del déficit fiscal, inflación, masa salarial y aumento de impuestos, y un crecimiento del PIB anual positivo arriba del 3.8 % (2013-2017) según cifras oficiales, aun cuando la deuda (interna y externa) se ha disparado hasta alcanzar un monto total mayor a los 11,200 millones de dólares (junio de 2018), con un servicio en ascenso. Este ajuste ha recaído mayormente en los bolsillos del pueblo-pueblo y las MiPymes sin acceso a los dólares que tienen los exportadores y narcotraficantes por la devaluación del lempira y la pérdida creciente del Banco Central en el control del mercado de cambios.

No obstante, muy poco dice de los dineros asignados al presupuesto de la República que han sido capturados por el narcotráfico y la corrupción, y los altos costos que implica para la población un ajuste económico recesivo ya no para bajar el déficit fiscal (siguiendo enfoque tradicional de simple equilibrio entre ingresos y gastos) sino para compensar el asalto a los fondos del Estado. El FMI exige mayor austeridad y sacrificio de la población (más impuestos, más devaluación, despidos masivos, bajos salarios y servicios públicos y comida más caros), pero exige muy poco (no se mira en los convenios) sobre bajar la corrupción, ene especial aquella con vínculos con el narcotráfico.

No podría acaso, con apoyo de otras agencias, introducir un principio de condicionalidad de no avalar el otorgamiento de mayores recursos de sus socios cuando existen indicios racionales y evidencia que funcionarios de gobierno y diputados han estado o están ligados al narcotráfico e involucrados en actos de corrupción; por lo que recomiende, un dictamen del Ministerio Público, Corte Suprema y Tribunal Superior de Cuentos (TSC) para poder renovar la confianza. Es decir, algo más que cumplir o no con metas de recaudación de impuestos, reducción de gastos y control de la masa salarial. En el pasado, con el principio de condicionalidad cruzada, si un país incumplía con un acreedor automáticamente incumplía con otro; hoy la transparencia y combate de la corrupción puede asumir ese rol de acreedor interno.

Otro principio importante que se ha perdido es el de equidad fiscal. De acuerdo a la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Mirian Guzmán, se han otorgado 178,000 millones de lempiras en exenciones fiscales a empresas importadoras, maquiladoras, turísticas y negocios de comida “chatarra”, lo que considera una bofetada para el fisco. (La tribuna-27-11-08). La exigencia es que se analicen, evalúe impacto y reduzca el monto de las mismas, premiando aquellos empresarios honestos que además de generar empleos de buena calidad estén a favor de apoyar e invertir en procesos de innovación para mejorar competitividad local y externa.

Igualmente, el FMI debe exigir mayor efectividad del Sistema de Administración Financiera (SIAFI) ya que, tal como sucedió en el caso “Pandora”, los fondos asignados a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) fueron desviados para otros propósitos de los establecidos en el Plan Operativo, Presupuesto y programas operativos. Honduras ha gastado millones de dólares en el montaje y funcionamiento de este sistema, por los que debe revisarse y deducirse responsabilidad a los funcionarios de SEFIN y SAG que permitieron su violación.

EL FMI debe estar consciente de la coyuntura política y económica que enfrenta Honduras en la actualidad, donde socar más la faja (ajuste tradicional) afectará más al pueblo que a los funcionarios narco-corruptos.

Tegucigalpa, DC, 28 de noviembre de 2018