Creemos que las organizaciones y movimientos sociales deben ser protagonistas en los debates vinculados con el desarrollo social, económico y cultural de nuestros pueblos. Una activa participación coloca diversidad de ideas allí en donde muchxs pretenden un pensamiento único basado en la exclusión de millones.  Los recientes cambios políticos en la región nos ponen en estado de alerta y movilización permanente.

Necesitamos debates serios y profundos sobre cómo financiamos nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestra investigación científica, así como saber qué y cuántos recursos son necesarios para construir sociedades más justas y equitativas.

¿Hablar de reformas siempre es positivo?

No todas las reformas tributarias que se han planteado históricamente en la región tienen carácter progresista, es decir que no todas buscan que paguen más quienes más tienen.  De hecho, muchas de ellas aún continúan beneficiando a determinados sectores concentrados de la economía.  Lamentablemente, todo indica que esta es la norma: beneficios tributarios, privilegios al gran capital, con la consecuencia de que el gasto tributario que enfrentan las economías de los países de la región no se traduce en creación de empleos, tampoco en un alza en la recaudación de impuestos a las ganancias, a la renta.

El fraude corporativo se traduce en maniobras de elusión fiscal, mecanismos “legales” inmorales de los que se valen las grandes corporaciones para evitar el alcance de los fiscos de la región.  La evasión fiscal, delito de cuello blanco que golpea sistemáticamente el erario público, mediante la utilización de guaridas fiscales, jurisdicciones del secreto en donde se resguarda el dinero sucio producto también de la acción criminal y en menor medida de la corrupción política.  Para esto, se valen de diversos mecanismos que se han denominado “planificación fiscal agresiva”, como los precios de transparencia, la capitalización delgada, entre otros, que para lo único que sirven es para deslocalizar las ganancias y así poder desviar o maquillar las cifras y decir que no se pagará impuesto sobre las rentas porque no ha habido ganancias.

Cuando hablamos de justicia fiscal, cuando hablamos de reformas de los sistemas fiscales estamos necesariamente hablando de poder.  En este sentido vemos cómo las elites del poder corporativo global, los grandes bancos, las grandes firmas de auditoría contable llevan adelante diferentes estrategias para convertir sus intereses sectoriales en aparentes intereses de carácter nacional, regional.

La tan presente y comprobada “puerta giratoria”, los “anfibios” como se los conoce en Brasil, son los funcionarios que vuelven operativo un sistema que está diseñado para ocultar lo que no son tecnicismos o errores de gestión en muchos casos, sino un robo institucionalizado.  O un saqueo corporativo, si prefieren.

Nuestra América tiene la mitad de la mal llamada “presión tributaria” de los países de la OCDE.  Un 17% ante el 34%.  Este es un dato objetivo que nos da la pauta del aplazamiento que estamos teniendo respecto de la necesidad de plantear reformas progresistas que empujen la recaudación de impuestos sobre la renta por sobre los impuestos indirectos.  Que pongan sobre la mesa de debate la necesidad de un sistema fiscal que exija que pague más quien más tiene y para eso necesitamos Estados fuertes.

Cambiar algo para que nada cambie

América Latina es desigual, históricamente.  Esta verdad evidente y trágica da cuenta del comportamiento de las elites desde la colonia hasta nuestros días.  Si queremos vivir como en los países nórdicos tenemos que tener impuestos de países nórdicos.  Luego vendrá la discusión de prioridades nacionales de inversión, etc.  Pero es clave reformar el sistema tributario para volcarlo en función de las necesidades de nuestros países.

Lamentablemente esto no ocurre.  En el caso brasileño, el equivalente al 12,8% del PIB se transfiere a las clases más acomodadas por la vía de las exenciones fiscales.  “Es claro que terminar con estos privilegios descansa sólo en decisiones políticas”, advierten desde el Instituto de Estudios Socio-económicos de Brasil.

Según la Red de Justicia Tributaria de Colombia, desde 2016 “no se toca ni uno de los beneficios tributarios de los cuales gozan las empresas y que hoy le cuestan a los colombianos cerca de USD 4.567 millones”, según datos de la DIAN.

La estructura tributaria del Paraguay, enfocada en gran parte hacia la recaudación de los impuestos indirectos, hace de este país mediterráneo uno de los países con menos carga fiscal sobre las grandes riquezas.  El impuesto a la renta representó solo el 3.2% del total de lo recaudado para el año 2015.

Claro que podemos hablar de reformas puntuales y concretas, pero también de procesos que desembocan en crisis, generadas por estas dinámicas fiscales de evasión y elusión, y que transforman un aparente conflicto “normativo” o “legal” en una amplia movilización popular que gana las calles de una Costa Rica cansada de la lógica neoliberal de la reducción de impuestos para la llegada de inversiones.  De la misma manera que Paraguay, Costa Rica basa su esquema tributario en impuestos regresivos, “el 64% del total recaudado proviene de impuestos indirectos al consumo, y específicamente el Impuesto de Ventas (IV) representa un 41% del total recaudado”, alertan desde La Comisión Nacional de Enlace.

En una lógica similar de reducción de impuestos y de concesiones al gran capital, Argentina inició un proceso de ajuste de las cuentas públicas marcado por despidos, desinversión, austeridad que sólo pagará la clase trabajadora.  El acuerdo reciente con el FMI pone a Argentina en la carrera por la reducción de su déficit fiscal.  En ese marco, la reforma tributaria era un condimento esencial para atraer inversiones.  “En una economía en recesión no se recauda lo suficiente para afrontar los gastos corrientes del Estado y si además se llevan adelante medidas para reducir aún más la base recaudatoria, el cóctel es altamente perjudicial”, relatan desde Fundación SES.  “La cobertura de ese déficit es corregida por el endeudamiento creciente que ya alcanza casi el 70% del PIB, el porcentaje más alto en 12 años. Toda una bomba de tiempo”, concluyen.

Siempre hay otras opciones

Si queremos economías pujantes, servicios públicos de calidad, empleo de calidad y seguridad social inclusiva, es necesario un sistema fiscal acorde a los objetivos.  Poner un freno a la voracidad del capital transnacional es condición fundamental para recuperar la soberanía económica y financiera de nuestros países, para recuperar el discurso de lo político por sobre lo aparentemente técnico.

Pretendemos que la agenda regional y global por justicia fiscal se centre en ejes que desde la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe consideramos clave: un control fiscal exhaustivo sobre las empresas transnacionales que operan en la región, basado en la transparencia de sus informes que deberán ser de acceso público.  Combatir la opacidad global eliminando la red de guaridas fiscales y aplicando la eliminación del secreto bancario.  Reformar los sistemas tributarios, haciéndolos más progresivos.  Gravar rentas, ganancias y patrimonios como condición necesaria para avanzar en la progresividad.  Romper el bloque de poder que condiciona nuestras economías.  El G-20, la OCDE, el FMI no son organismos representativos de los intereses latinoamericanos.

Por último, construir un movimiento regional y global inclusivo con todos los sectores.  Desarrollar campañas regionales al estilo de la “Campaña regional por justicia fiscal” que nos incluyan y nos den herramientas técnicas, conceptuales y políticas para terminar con el saqueo en nuestras regiones.

- Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe

www.justiciafiscal.org

Texto introductorio de la edición de noviembre 2018 de la revista América Latina en Movimiento (No. 537, coedición ALAI - Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe), titulada: “Reformas fiscales en América Latina y el Caribe”.