-En Brasil, los linchamientos tienen similares características a los de México

-Linchar a un delincuente es como linchar simbólicamente a la autoridad

Raúl Rodríguez Guillén, doctor en Ciencia Política, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), se ha especializado desde hace tres décadas en el fenómeno de los linchamientos en México. Ha publicado dos libros y más de 30 artículos sobre el tema.

En entrevista exclusiva lamenta que ni gobernantes ni legisladores entiendan la magnitud de los actos de justicia por propia mano protagonizados por multitudes enardecidas. Prueba de ello es la ausencia de una estrategia clara para frenarlos, cuando las previsiones apuntan a que, en el futuro inmediato, habrán de incrementarse.

Rodríguez Guillén fue editor y director de la revista El Cotidiano y actualmente coordina el Grupo de Investigación en Sociología Política y Políticas Públicas en la UAM-A. También ha publicado diversos artículos sobre partidos políticos y asuntos electorales.

–¿Cómo entender el fenómeno de los linchamientos?

–Son una forma de acción colectiva de carácter violenta cuyos detonantes son algunos delitos del orden común, como el robo, violación, abuso policiaco o de la autoridad en general, tentativa de secuestro, incidentes viales, entre otros de menor presencia. Y cuya causa estructural es la impunidad. La impunidad es la causa general de los linchamientos. Organismos internacionales y el mismo gobierno federal, reconocen que la impunidad está entre 95 y 98%; es decir, el castigo es solamente del 5 al 2% de los delitos cometidos a nivel nacional. En este sentido, es compresible el motivo por el cual la gente se indigna ante el robo o los abusos policiacos y sexuales, sabiendo que no se castigan, o que se castigan con penas demasiado leves.

Otra característica de los linchamientos, como parte de la definición, es que quienes los cometen, lo hacen casi de manera espontánea, sin previa organización y donde la multitud oculta la identidad de los participantes. No importa si se conocen o no. La identidad individual queda resguardada por el colectivo.

Otro rasgo es que los linchamientos se comenten en un margen de tiempo muy pequeño: de dos a tres minutos. Muy rápido. Pocas veces tiene una duración larga, como el caso de Tláhuac o el de Ajalpan, Puebla. La mayor parte son rápidos porque la turba actúa veloz, violenta y se dispersa.

– ¿Qué dicen las estadísticas al respecto?

–Entre enero 1988 y diciembre de 2013, registré 337 casos; pero en los últimos cinco años han tenido un repunte. De modo que de enero de 2014 a agosto de 2018, hemos computado 738. El 60% se concentran en el Estado de México, Puebla y Ciudad de México, en ese orden. Alrededor del 90% se registran en diez estados, a los tres anteriores agregar Tabasco, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas y Guerrero. En las restantes entidades tienen pocos casos y en periodos muy largos, como de 30 años.

En ese sentido, el crecimiento ha sido muy alto; pero no en todo el país. Se sigue concentrando en siete u ocho entidades y principalmente en las tres señaladas. El crecimiento más drástico se da en Puebla y Estado de México.

– ¿La incidencia es mayor en zonas de alta marginación?

–No necesariamente. Pero sí en zonas de alta densidad poblacional. Por ejemplo, en uno de los municipios más poblados del país, Ecatepec, es el que registra el mayor número de linchamientos. Y más que alta marginación, es por baja oferta de servicios urbanos, como seguridad y transporte. Por ello hay que agregar Nezahualcóyotl, Chalco y las alcaldías capitalinas más densamente pobladas como Iztapalapa. Y aunque no es las más densamente poblada, pero tiene alto flujo de personas al día, la alcaldía de Cuauhtémoc, que ocupa uno de los primeros diez lugares a nivel nacional, en términos de municipios.

Se podría hablar de que se dan en zonas conurbadas, como la franja que rodea a la Ciudad de México (Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán) y en el caso de Puebla, igual (toda la zona conurbada, como Tehuacán –que no es conurbado, pero está cerca del área más densamente poblada de la capital de ese estado– y San Martín Texmelucan).

Digamos que esas son algunas de las características detonantes: zonas conurbadas y alta densidad poblacional, donde el desplazamiento entre una y otra es obligatorio y frecuente. Por ejemplo, los que viven en Ecatepec y trabajan en la Ciudad de México, utilizan el transporte todos los días. Muchos de los linchamientos se dan a bordo o al bajar del transporte.

–Usted ha comentado que al linchar a un delincuente es como linchar a la autoridad, ¿cómo se explica?

–Allí se da una relación, al no poder linchar a la autoridad por la molestia del crecimiento de la inseguridad. Ante esa imposibilidad, linchan al delincuente. Donde se omite el proceso de carácter judicial. Se lincha al delincuente y se lincha a la autoridad; es decir, simbólicamente a gobernantes, legisladores, jueces, ministerios públicos, elementos de cuerpos policiacos –que al integrar mal las carpetas permiten que el ladrón no sea enjuiciado–. Y muchas veces también es porque los delitos están caracterizados como menores, por lo que los delincuentes ameritan una multa –que pagan con lo mismo que roban– y salen libres.

– ¿Se registra, entonces, un repunte de la impunidad?

–Es una impunidad doble: de los delincuentes y los linchadores. En el caso de los linchadores es difícil denunciarlos porque se escudan en una multitud. No hay a quién señalar. No hay elementos de prueba. Las pocas veces que han sido arrestados, salen libres en poco tiempo. Como en el caso de Tláhuac, no hay ningún detenido, a pesar de que las víctimas fueron policías federales.

– ¿Cuál es su opinión sobre el Punto de Acuerdo aprobado recientemente en la Cámara de Diputados orientado a inhibir los linchamientos?

–Creo que los diputados no conocen o no entienden el fenómeno. Si van a invertir, al margen de que se requiere hacerlo en seguridad, se tiene que hacer en el aparato de justicia. Hacer que sí funcione. Que los delitos se sancionen. Y se sancionen de manera severa. Que no haya la impunidad a los rangos de hoy: entre 95 y 98%. Si conocieran la problemática, se percatarían que el nudo está en los ministerios públicos y los juzgados. Hay que combatir el problema atacando las causas. Y la causa general es la impunidad.

Por otro lado, no es un asunto de ingobernabilidad. Es un problema de corrupción, impunidad y a lo sumo, de incapacidad de los gobernantes para hacer su tarea. No son las leyes ni es el gobierno. Son los hombres que tienen en sus manos esas responsabilidades y no cumplen.

– ¿Se cree que con más recursos y más policías se puede solucionar la cuestión?

–Si invierten más dinero, hay más policías; pero los linchamientos son actos de ejecución rápida. No llegan en tres minutos a ningún lado. Y cuando han llegado, no tienen la capacidad para disuadir, la gente ya está enardecida o exaltada. Además, si es la policía, el sacerdote o el ejército, lo enfrentan, porque piensan que vienen a proteger al delincuente.

–Usted también ha llamado la atención para tratar el tema como de seguridad pública y no solo como parte de la nota roja.

–El asunto es que incluso como fenómeno no existe. No hay una figura jurídica que castigue el linchamiento o que lo reconozca como existente. Ese es el gran problema. Si no se le reconoce como un problema grave y de inseguridad, obviamente que no se le puede combatir. No importa cuántos recursos inviertan en querer prevenirlo. La única forma de prevención es reconociéndolo y generando mecanismos de carácter jurídico para tenerlo como una de las formas de violencia que pueden ser castigadas.

–Sobra decir que nuestros cuerpos policiacos no tienen el entrenamiento para combatir este tipo de eventos.

–No. Porque ellos están capacitados para atender otros fenómenos. No uno de carácter colectivo.

–Por lo tanto, ¿ni hablar de protocolos de actuación o mecanismos similares?

–No. En Puebla dicen que tienen un protocolo; pero por lo que se ve, continúan actuando igual. Siguen siendo igual de ineficaces e ineficientes. Lo único que han hecho es incrementar su fuerza policiaca. Llegan con más elementos; pero no logran contener el fenómeno. Los protocolos se hicieron en torno al combate a los huachicoleros (que extraen combustibles de manera clandestina de los ductos de Petróleos Mexicanos). No es lo mismo combatir a huachicoleros que a gente que busca defenderse de los delincuentes o de los propios policías que abusan.

– ¿El fenómeno de los linchamientos tiene expresiones en países de América Latina?

–En Brasil, el fenómeno de los linchamientos tienen casi las mismas características que en México. Ocurren en zonas urbanas, densamente pobladas y empobrecidas. En el caso del Perú, Bolivia y Guatemala, el empobrecimiento no es de ahora y los linchamientos se dan tanto en áreas rurales como urbanas. Que allí la distinción entre los urbano y rural es muy elástica, en el sentido que no son las grandes urbes, sino poblaciones pequeñas, menos complejas y en cuyo trayecto tienen lugar muchos linchamientos.

– ¿En qué país de América Latina ha crecido más el fenómeno?

–En Brasil, en los últimos 20 años. Se le pone poca atención porque el fenómeno de la violencia se ha generalizado que se llega a ver como algo normal. El problema es cuando uno se acostumbra a ver la violencia como algo normal.

– ¿Los linchamientos tienen que ver con la aparición de justicieros solitarios o grupos de autodefensas?

–Linchamientos, vigilantismo, autodefensas y justicieros tienen el mismo origen: el de la impunidad y el crecimiento de la delincuencia. Cuando hay impunidad la delincuencia crece. Si no hay impunidad, la delincuencia disminuye.

– ¿En qué consistente el vigilantismo?

–Cuando hablamos de linchamientos, estos se dan de manera espontánea; en el vigilantismo no. El vigilantismo es cuando grupos de ciudadanos se organizan para defenderse, no son autodefensas, y ponen en las colonias mantas o pintas con mensajes de: Delincuente: si te agarramos, te vamos a linchar. Que no es un linchamiento, es una ejecución extrajudicial porque ya están organizados y armados, así sea con tubos, machetes o algunas veces pistolas. Si no separamos los linchamientos del vigilantismo, las cifras serían más altas.

Mientras que las autodefensas tienen el mismo origen; sin embargo, el grado de organización es más alto. No solo portan palos y piedras; también armas de alto poder, a la luz del día. Y enfrentan tanto a delincuentes comunes como organizados. No importa si son narcotraficantes o los que roban maderas en áreas protegidas. Se enfrentan a lo que les genera inseguridad. No se deforestaría sino hubiera tolerancia de los gobiernos; no crecería la inseguridad por el crimen organizado, si los gobiernos cumplieran. Sean los gobiernos federal, estatal o municipal. Esto no se ve cuando se dice: ‘disminuyó el crimen en tal estado’; aunque creció en otros. Porque atienden a uno o dos a la vez, pero no a todos. Carecen de esa capacidad. No tienen una estrategia.

– ¿El gobierno que tomará posesión el próximo 1 de diciembre cuenta con una estrategia?

–Planteada en términos específicos, no se ve.

– ¿Durante la pasada campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador formuló algún planteamiento concreto?

–No. Solo comentarios generales. Posiblemente haga algo. Eso habría que verlo en unos seis u ocho meses, pero no existe aún una propuesta bien sustentada.

– ¿En los linchamientos existe la mano de la delincuencia organizada?

–No. Tienen características muy diferentes. Alguien lo sugirió para el caso de Puebla, pero no. Lo decían por el incremento de linchamientos en Tepeaca, donde huachicoleros y narcotraficantes estaban entrando. Lo que pasó es que el gobierno federal organiza a los cuerpos policiacos para combatir el huachicoleo, pero descuidan a los delincuentes comunes, desatiende la seguridad de los ciudadanos. ¿A quiénes linchan? A los delincuentes comunes. No a los huachicoleros.

– ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación frente a esta cuestión?

–Lo que han hecho es difundir que existe el fenómeno. Antes no pasaba de una pequeña nota en los diarios, la radio no le daba importancia y ahora existe hasta en la televisión. Aparecen notas amplias, cifras, casos. En este sentido, es importante para que se vea que el problema existe y no como algo que va a desaparecer por sí solo. Y que se vea la relación directa del crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, con el crecimiento de la impunidad. Impunidad y delincuencia o inseguridad crecen al mismo ritmo. Entre más impunidad, más delincuencia. Eso no lo entienden los diputados ni los senadores.

– ¿Y las redes sociales?

–Últimamente las redes sociales le ponen más atención. Suben información. Creo que es importante en términos de difundir y dar a conocer los fenómenos que afectan a la población. Antes era de voz a voz. Ahora es más rápido, directo y con mayor impacto.

– ¿Con el riesgo de que también se propaguen noticias falsas?

– ¡Ah, claro! Ha sucedido y está sucediendo: un rumor o un chisme tienen el mismo impacto que un hecho real. Y a veces hasta de mayor magnitud. No hay forma de corroborar. Sucedió en Ajalpan y en varios lugares.

– ¿Serviría de algo el trabajo de inteligencia?

–No en este tipo de casos, por la celeridad de los acontecimientos. Quien va a robar un celular o un poco de dinero, lo puede decidir en el momento, no lo planea. Y quienes lo llegan a agarrar y lo linchan, lo hacen al momento; tampoco lo piensan tanto. La inteligencia no tiene cabida para prever este tipo de delitos. Puede funcionar cuando la información es de un proceso largo, organizado, donde hay acciones de gran envergadura, como narcotráfico, robo a bancos o ahora de carácter electrónico.

– ¿Qué importancia podrían tener las cámaras de vigilancia?

–Las videocámaras están en pocos lugares –incluso en la Ciudad de México–, generalmente en las avenidas grandes, zonas de alta concentración, con movimiento bursátil, comercial o bancario. Pero no al interior de una colonia, dentro de un microbús. Casi no hay en provincia. El Estado de México no tiene las suficientes. Puebla tiene menos. No se diga Oaxaca o Tabasco. Y los linchamientos se dan en los márgenes. Imposible poner equipos en cada calle. No habría la capacidad para instalar, sino incluso para operar todas las cámaras. Se requerirían muchos C5. Además sería muy costoso.

– ¿Qué perspectivas comporta el fenómeno a corto plazo?

–Como se ve, el crecimiento es incontenible. Y cada vez que hay cambio de gobierno, durante los primeros meses tiende a incrementarse. Esto mientras el nuevo gobierno se asienta. Si se asienta rápidamente, de tres a seis meses, el incremento será sustancial. Si no es así, se les puede desbordar junto a todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

El problema es que generalmente quienes llegan a gobernar empiezan por aprender. Y mientras aprenden, el problema se agrava. Esa ha sido la tónica cada tres años en los municipios y cada seis en todo el país. Por lo regular, no tienen cuadros profesionales a nivel policiaco, carecen de seguimiento y de sistematización de las políticas en materia de seguridad. Es un problema de falta de institucionalización de las políticas públicas.

El fenómeno va hacia arriba y difícilmente se podrá frenar. Esperemos que el cambio de gobierno no lo aliente más. Que la nueva administración tenga la capacidad de contener desde los primeros meses. Sin dejar de considerar que en noviembre, diciembre y enero, repunta porque la delincuencia se pone muy activa.