Se está tramitando una nueva reforma política en el Congreso, que como ha sucedido en la mayoría de los casos, termina siendo más un intento de volver a fortalecer poderes políticos en deterioro, que avances para tener cada vez una democracia más incluyente y más moderna.

Quiero referirme en primer lugar a un argumento esgrimido, supuestamente con mucha fuerza y lamentablemente algunos periodistas repiten como cajas de resonancia, se trata de justificar la unificación de elecciones porque eso ahorra plata -llevado al extremo ese argumento significaría, que para que no gastar en elecciones más bien mantener un caudillo-dictador de por vida-. La democracia tiene un costo y los ciudadanos lo pagamos con nuestros impuestos. Justamente en la mayoría de los sistemas políticos se mantiene la separación de elecciones -de Congreso, de Presidente, de autoridades regionales y locales-, porque es la manera de tener unas representaciones plurales y unos gobiernos que reflejen la diversidad de intereses nacionales, regionales y locales. Cuando se unifican las elecciones tiende a darse lo que se conoce como la 'ley de arrastre', permite que la elección presidencial termine incidiendo en las demás elecciones y evitando, como cuando se hace en fechas diferenciales, que se expresen otro tipo de realidades políticas. En nuestra historia constitucional ya hemos tenido momentos de unificación de elecciones de Presidente y Congreso y la experiencia no sido la mejor.

Una iniciativa, antidemocrática y cuestionable, es la de pretender prolongar los periodos de los actuales gobernadores y alcaldes por dos años, para unificar las elecciones del gobernante nacional, con las de los regionales y locales, porque se argumenta, hay necesidad de compatibilizar el plan nacional de desarrollo, con los planes de desarrollo regionales y locales. Al respecto hay que decir, primero que los actuales mandatarios regionales y locales fueron elegidos por los ciudadanos para un periodo de cuatro años y esto no se debe modificar. Si se llega a la conclusión que es útil para la gobernabilidad territorial, que los mandatarios regionales y locales inicien el mismo año que el Presidente, entonces pueden haber varias opciones, que en las próximas elecciones los ciudadanos elijan gobernadores y alcaldes por seis años, por una sola vez, o que se elijan gobernadores y alcaldes por tres años durante dos elecciones y así se unificarían los años de inicio del mandato, pero eso sí, dejando claro que si bien las elecciones de gobernantes territoriales se harían a futuro en el mismo año, se realizarían en fecha distinta a la elección de Presidente, así como igual se hace en fecha distinta la elección del Congreso.

Hay adicionalmente, cuatro medidas fundamentales que ojalá se adoptarán, el cambio de composición y origen del Consejo Nacional Electoral, hacia un verdadero Tribunal Electoral, cabeza de una rama autónoma; la obligatoriedad de las listas cerradas por partido o movimiento político; las consultas internas obligatorias y el mismo día, para todos los partidos escoger sus candidatos y definir el orden de sus listas y finalmente limitar a tres periodos en la misma corporación la posibilidad de reelección, medida que favorece la renovación de los liderazgos políticos.

Ojalá la reforma político no termine siendo un nuevo Frankestein. Esperemos se imponga una perspectiva realista en el Congreso.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional