La denuncia de Iván Márquez, ex jefe negociador de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas hoy en partido político), sobre la traición al acuerdo de paz, puso en el tapete quizá el problema más grave que afronta el gobierno de Iván Duque y, a la vez, los diferentes cursos de acción de los exguerrilleros.

Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace varias semanas, denunció en una Carta Abierta a la Comisión de Paz del Senado, la traición a lo esencial del acuerdo de paz de La Habana, firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, y lamentó su ingenuidad al haber dejado las armas sin haber concretado antes los compromisos. "El proceso de implementación se ha caracterizado por ‘avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos‘", señala la carta.

Sus excompañeros y hoy parlamentarios por el partido FARC le salieron al paso a la carta y aseguraron que las reflexiones que hacen los excombatientes en la carta corresponden a una visión personal de los firmantes.

"Están equivocados totalmente, mal pudiera yo salir a decir que no hay condiciones ni garantías y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiendo una rueda de prensa. El proceso tiene dificultades, la implementación no ha sido consecuente por parte del Estado, pero hay unos espacios que se han ganado, los valoramos y son muy importantes para lograr avanzar en la implementación de los acuerdos de paz", manifestó Carlos Antonio Lozada.

Un episodio similar se desencadenó hace algunas semanas cuando se hizo pública la carta que Joaquín Gómez poniendo en tela de juicio el liderazgo de Timochenko y en duda algunos procesos dentro del naciente partido.

Márquez y El Paisa agregaron que el acuerdo tuvo una falla estructural que fue haber firmado, primero, la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. “Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez (fallecido fundador de las FARC) siempre nos advirtió que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”, afirmaron.

Entre las trampas, denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a ex guerrilleros y miembros de la fuerza pública por crímenes cometidos durante los enfrentamientos, y alertaron sobre incumplimientos en la reinserción e inseguridad jurídica de los siete mil excombatientes que dejaron las armas, entre ellos el líder rebelde Jesús Santrich, detenido y pedido en extradición –sin prueba alguna- por Estados Unidos por narcotráfico, en un (otro) montaje judicial.

Mientras, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, reiteró que el gobierno de Iván Duque modificará apartados del acuerdo con las FARC por considerarlos indulgentes con los rebeldes.

"No son posibles aún dictámenes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementación temprana; y que hay espacio político y tiempo histórico para continuar la brega por la materialización efectiva de lo acordado", se lee en uno de los ocho puntos fijados en la carta. La pelea intestina que se libra al interior del partido versa sobre el camino que debe seguir el nuevo movimiento para encarar los incumplimientos del Estado.

Para la Farc "la implementación es un campo en disputa, cuya orientación no está predeterminada por el deseo o la voluntad; se encuentra más bien íntimamente relacionada con la correlación política y social de fuerzas que se logre conformar a su favor".

Para cumplir con el propósito fijado desde La Habana, el partido le hizo un llamado a los excombatientes para "que se recupere el poder transformador del acuerdo conjugando la acción parlamentaria con la necesaria acción de masas, la actividad diplomática, el uso de la vía gubernativa y judicial, y el acompañamiento internacional".

"Coincidimos en su principal preocupación: Cómo sacar adelante la paz de Colombia; con la que de paso se desmiente la matriz de opinión sobre su presunta salida del Acuerdo", agregó Carlos Antonio Lozada durante su intervención, donde también fustigó al fiscal Néstor Humberto Martínez, "que se ha dedicado todo el tiempo a tratar de desarticular la paz del país”.

Losada señaló que se podría “hablar toda la tarde de los desafueros del fiscal contra la paz. Están los montajes de Mercandrea que terminaron en unos disturbios por los que nadie responde. Con bombos y platillos también anunció que tenía pruebas irrefutables de la responsabilidad de Jesús Santrich y ahora tranquilamente dice que él no tiene pruebas, que están en EEUU. Cualquier comentario que uno haga sobre las palabras necias del fiscal, sobran el solo se va autodestruyendo en su credibilidad", añadió.

Quieren regular la protesta social

El Senado también debatió sobre el proyecto del ministro de Defensa Guillermo Botero Gil de regular la protesta social que, dijo, es financiada por los dineros ilícitos. Botero dio un paso atrás diciendo que no está contra la protesta social porque es un derecho consagrado en la Constitución de 1991, pero que “su materialización no puede atropellar los derechos de las mayorías, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la vía pública, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza Pública”

Dijo que a eso hay que sumar que durante 2016, 2017 y lo que va de 2018 se registraron 624 procesos judiciales por conductas punibles dentro de las protestas.

Pero en el Senado, además del tema central del debate, el asesinato de líderes sociales fue un asunto por el que cuestionaron al ministro Botero. El funcionario ratificó su postura de que no se pueden catalogar como “sistemáticos”, mismo discurso que ha sostenido el Ejecutivo desde la administración de Juan Manuel Santos.

Mientras, la Fundación Ideas para la Paz denunció que 93 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de año, lo que convierte este periodo en el más violento desde 2010. Ocho de los 32 departamentos de Colombia concentraron 77.5 por ciento de los homicidios, en 58 por ciento de los casos no se ha encontrado al culpable, y en 35 por ciento la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y grupos armados ilegales.

Las agresiones a líderes sociales también están determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52 % de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este año eran comunitarios, seguidos de indígenas y campesinos. La Fundación recomendó reconocer públicamente las afectaciones de derechos humanos como una acción simbólica reparadora y protectora de la labor del líder social, crear mecanismos rápidos y efectivos para responder a las amenazas contra las víctimas y superar la cultura de estigmatización, entre otros.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)