Este martes 25 de septiembre, a siete días de haber sido inaugurada dentro del marco de trabajo de su 73° periodo ordinario de sesiones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas comenzó el abordaje de su agenda de labores; y lo hace siendo presidida por la Sra. María Fernanda Espinosa (Ministra de Defensa y Coordinadora de Patrimonio Humano del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, así como Canciller de esa república bajo el mandato de Lenin Moreno), quien el pasado martes 5 de junio se convirtió en la primera mujer latinoamericana —y la cuarta a nivel mundial— en ser electa Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su caso, para el periodo que comprende de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, en sustitución del eslovaco Miroslav Lajčák.

El suceso es importante, de entrada, por la clara agenda de género en la cual se encuentra trabajando la Ministra ecuatoriana, tanto en el plano nacional como en el regional y el global; agenda que, no sobra mencionarlo, en una organización como Naciones Unidas, señalada con mayor insistencias en fechas recientes por los abusos sexuales cometidos por su personal en misiones en sociedades azoladas por la desigualdad, la violencia y la discriminación, por un lado; y con participación minoritaria de mujeres en sus estructuras de discusión y toma de decisiones —prácticamente relegadas al actuar de ONU Mujeres y de mecanismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—, por el otro; plantea la ineludible exigencia de replantear los términos de la discusión en torno del género y de las respuestas que a ello se están ofreciendo desde los canales multilaterales a nivel internacional.

En el discurso que ofreció luego de recibir el voto de 128 Estados (de 192 reconocidos por la organización y con derecho a sufragio), por ejemplo, la Canciller Espinosa no dejó pasar la oportunidad de hacer explícito que su elección implica el «rendir un homenaje especial a todas las mujeres que luchan cada día por acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones, a las mujeres y niñas víctimas de la violencia, a las niñas y adolescentes que demandan acceso a información y educación de calidad».[i] Postura que, además, se corresponde con la hoja de ruta que planteó a la Asamblea General como su Visión Estratégica para el 73° periodo de sesiones.

La agenda de género de la Canciller, no obstante, aunque fundamental en un momento en el que la represión y la violencia en contra de las mujeres se recrudecen a lo largo y ancho de América, no es su principal carta fuerte de cara al desempeño de sus labores en la Asamblea General. En primera instancia, no es un dato menor el hecho de que la elección de la Canciller Espinosa se diera como un claro revés a las candidaturas que los intereses estadounidenses estaban promoviendo para ocupar el mismo cargo; en particular, en lo relativo al impulso que el gobierno de Estados Unidos dio a la postulación de la actual embajadora hondureña ante Naciones Unidas, Mary Elizabeth Flores Flake. Después de todo, gran parte de la experiencia y de la propuesta programática de la Canciller ecuatoriana se encuentra anclada, en el plano local, en su adhesión al proyecto progresista de Correa y en su oposición a algunos de los sectores más conservadores y afines a los capitales estadounidenses en el Ecuador; mientras que, en el regional, se define por su postura de continuidad en la integración latinoamericana, en términos muy próximos a los del auge de los movimientos comunitarios, obreros y populares, entre 2004 y 2014.

Respecto del plano nacional, la Canciller Espinosa cuenta entre sus logros el haber sido jefa de la diplomacia ecuatoriana en 2007, primer año de gobierno de Rafael Correa; entre 2008 y 2009 fue representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas; y en 2008, también, fue una de las principales figuras en la redacción final de la nueva Constitución del Estado. En 2012 se convirtió en la segunda mujer en su país en dirigir el Ministerio de Defensa, cargo en el que permaneció dos años; y en sus veinte años de servicio público ha mantenido una actividad importante en el sector académico, en particular, desde el vínculo que sostiene con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

En el plano regional, es indicativo de la descomposición presente en los proyectos de integración latinoamericana el que las postulaciones a la presidencia de la Asamblea General de este año se fragmentasen y no estuvieran marcadas por esa línea dura que tradicionalmente había caracterizado a las candidaturas únicas, comunes, de cada región, incluida América Latina y el Caribe. No sorprende, en este sentido, que la apuesta respaldada por Estados Unidos, es decir, la hondureña, estuviese apoyada por gobiernos como los de Brasil y Colombia, adversos a los proyectos de integración promovidos durante el ciclo progresista de izquierda, a principios del siglo. Así como tampoco lo hace el que otros, como el de Venezuela, respaldara sin ambages la candidatura ecuatoriana.

Es cierto que la postura de la Cancillería ecuatoriana durante la presidencia de Lenin Moreno no ha sido tan próxima en su relación con el entorno bolivariano, en general; y con Venezuela, en particular. Prueba de ello es fue la carencia de un posicionamiento oficial respecto de la relección del presidente Nicolás Maduro, tras los comicios en ese país. Sin embargo, ello parece responder más a la tensión entre la postura propia de la Canciller Espinosa y la del presidente, antes que a un cambio de dirección de la Canciller.[ii]

Revelador de esa tensión es que, aunque el presidente Lenin Moreno se distanció del proyecto de Nación de su antecesor —pese a haber sido electo bajo la promesa de dar continuidad al mismo—, en la presentación de su Agenda de Política Exterior, la Canciller Espinosa no dejó de resaltar como prioridades de su gestión el abordaje de la desigualdad que el desarrollo tecnológico y el avance de la actividad financiera han dejado en los países de la región, los desafíos que suponen las diásporas poblacionales, el deterioro ambiental y del cambio climático, las actividades extractivistas, los conflictos sociales causados por el ascenso de posturas ultranacionalistas, la violencia en contra de grupos vulnerables, etcétera.

Ante ello, la Canciller resaltó la necesidad de fortalecer el multilateralismo regional y global, reconociendo que en ello es ineludible la tarea de establecer como ejes transversales a esas problemáticas el contar con una mayor inclusión y participación activa de migrantes, asociaciones de mujeres, colectividades indígenas, asociaciones de campesinos, grupos afrodescendientes, productores agrícolas, empresariado nacional, entre otros —sin excluir, pero si relegando a un segundo orden de importancia, el enfoque financierista que ahora domina la política exterior de los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, etcétera.

Tales esfuerzos de la Canciller, y el ímpetu con el que ha promovido desde su gestión la integración de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el marco de la política exterior ecuatoriana le han valido a Espinosa ser objeto de solicitudes de juicio político y otros mecanismos de censura política dentro de la Asamblea Nacional ecuatoriana, así como ser acusada, por los sectores que le son oposición, de castro-chavista y sandinista.

En este sentido, más allá de la influencia que tuvo en el resultado de la elección para presidir la Asamblea General el respaldo hondureño a la relocalización de la Embajada estadounidense en Jerusalén —desconociendo, en el acto, la situación colonial en la que se encuentra el pueblo palestino—, el posicionamiento general de la política exterior que representa la Canciller Espinosa se presenta, aquí, como el principal factor de decisión para un gran número de Estados ubicados en las periferias globales. Después de todo, desde hace tiempo la actividad diplomática de Espinosa se ha concentrado en asuntos que le son más próximos —por lo menos más que la cuestión palestina— a esas periferias, tales como el impulso, en el seno del Consejo de Derechos Humanos,[iii] por desarrollar un instrumento jurídico vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales; y durante su presidencia del G77 + China,[iv] su promoción del combate al cambio climático y los paraísos fiscales.

En ambos casos, el fortalecimiento de las capacidades financieras de las sociedades del Sur para mitigar los daños causados en sus territorios y poblaciones por el cambio climático, la creación de una agenda de igualdad de género dentro del marco de trabajo de la COP23, el impulso a una plataforma de consulta a pueblos indígenas y la reducción de prácticas de evasión fiscal y desigualdad de trasferencias de capital Sur-Norte, son temas que le sumaron poco a poco los adeptos que le refrendaron su programa de trabajo; ahora, para promoverlo desde la Asamblea General.

De ahí que en su Visión Estratégica para el 73° periodo de sesiones de la misma el eje movilizador de toda su propuesta sea «diálogo y fortalecimiento del multilateralismo como catalizadores del bienestar de todas las personas y de un planeta sostenible»;[v] destacándose, entre sus puntos prioritarios, facilitar el cumplimiento de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acercar el trabajo de Naciones Unidas a la gente, facilitar los mecanismos de respuesta de la Asamblea General a situaciones emergentes, prestar especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la movilización de recursos a los sectores menos beneficiados por la agenda global de la ONU, el combate a la discriminación racial, el abordaje de las crisis migratorias en las periferias, entre otros.

Sin duda, Naciones Unidas ha dejado mucho que desear al momento de instrumentar los cientos de resoluciones, cartas de buena intención, recomendaciones y discursos que se emiten desde todos sus órganos, programas y mecanismos año con año. Sin embargo, no deja de ser cierto que este tipo de oportunidades representan enormes ventanas de posibilidad para atajar algunas de sus más grandes fallas; en particular, la captura de su funcionamiento, condicionada al financiamiento de las economías centrales y a la agenda política que éstas impulsan. Reposicionar la agenda multilateral construida en América Latina durante la primera década del siglo XXI es fundamental en esa tarea.

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional

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