Las declaraciones del actual ministro colombiano de Defensa Guillermo Botero contra la protesta social, no son sorpresa alguna ni un desmán verborrágico del empresario, sino corresponden a una bien diseñada estrategia en el marco de la política de seguridad nacional, una de cuyas líneas es la  estigmatización, la  satanización y  la persecución de los movimientos sociales y la protesta ciudadana.

Durante el Congreso de la central empresarial Confecámaras, en Cartagena, Botero se desbocó contra la protesta social al decir que “los grupos armados organizados -como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros- son responsables de financiar la protesta social (…) “Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”, tras afirmar, sin sonrojarse, que  las “mafias han sido las que han creado la mala fama del glifosato”.

 ¿Son meras peroratas u órdenes de ataque?, se preguntan los analistas.  Al afirmar que la protesta social la financian los grupos ilegales, las mafias organizadas, en los que mete en una sola bolsa a narcotraficantes, paramilitares, bandas delictivas, tiene como meta agudizar la ilegalización y criminalización de la movilización social. Lo cierto es que este gobierno no trata la protesta social como un derecho legítimo, sino como una actividad de carácter delincuencial, ilegal y judicializable.

La paz de los sepulcros

Los colombianos que han nacido en los últimos 60 años lo han hecho en un país en guerra. Son pocos los que pueden afirmar que recuerdan a una Colombia sin violencia. La guerra ha dejado 262.197 muertos: 215 mil eran civiles y 46.813 combatientes. 95 mil muertes son atribuidas a paramilitares y casi 10 mil a agentes de seguridad del Estado.

También dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados. En los primeros seis meses del año, 25 mil personas fueron expulsadas por la fuerza de sus lugares de vida, sumándose a más de seis millones de personas desplazadas en los últimos años.

La “paz” avanza en Colombia a punta de pistola, ya que cerca de 500 líderes sociales han sido asesinados desde que el anterior presidente, Juan Manuel Santos, alcanzase el acuerdo de la Paz con las FARC en noviembre de 2016, cuya implementación bombardeó permanentemente.

Mientras se reactivan las masacres de paramilitares y narcotraficantes, el desplazamiento forzado significaba el despojo de ocho millones de hectáreas de pequeños y medianos productores agrarios. Los paramilitares, el grupo armado ilegal que más muertes y expoliación ha causado, en lugar de ser desmantelados por el Estado resurge con trágicas y repetidas consecuencias.

El anterior presidente Juan Manuel “Santos vendía una concepción de la paz centrada en los beneficios que le traería a la inversión extranjera y al gran empresariado multinacional, el cual podría explotar los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes”, señaló el sacerdote jesuita  Javier Giraldo.

Hoy, sin el freno que suponían las fuerzas de las FARC, la presencia de multinacionales y el cultivo de coca y la producción de cocaína se ha incrementado.

No se trata del pensamiento sólo de Uribe, de Santos o del nuevo presidente Iván Duque, es el pensamiento de la ultraderecha, hoy al frente del gobierno y que durante dos período constitucionales fueron puestos en práctica desde la presidencia del genocida y paramilitar Álvaro Uribe, quien luego comandó la oposición a los procesos de paz con las FARC y a cualquier otra opción que avanzara en la democracia y la participación real de la sociedad.

Ahora, con Duque, se reafirma la práctica histórica de la utilización de la violencia –con la que durante seis décadas lucraron las élites colombianas- que se materializa en las masacres en curso contra los líderes sociales. Para el establishment, la paz no es un buen negocio.

Si el propósito en un acuerdo de paz es sacar la violencia de la política, esto rige para las dos partes: para el régimen y para los de abajo. No sólo para unos. De lo contrario no avanzaremos hacia la paz, sino hacia el engaño, hacia nuevas frustraciones y nuevas guerras, señaló el comando político del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En días pasados el gobierno de Duque oficializó su negativa a nombrar el equipo negociador de paz, que lo represente en la Mesa de conversaciones con el ELN, negativa que se suma a las múltiples declaraciones que hace en contra del proceso de paz en curso en Colombia desde hace seis años.

EEUU, Colombia, Guyana, la coca… y Venezuela

Ralph Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y actual alcalde de Chicago advirtió en entrevista con la cadena CNBC  que el presidente Donald Trump podría intervenir en Venezuela durante el próximo mes de octubre para desviar la atención de importantes problemas de su administración y obtener beneficios políticos que le garanticen la victoria en las elecciones del congreso que se celebrarán el 6 de noviembre.

“Nosotros tenemos una frase en este país: la sorpresa de octubre (…) creo que en estos momentos él (Trump) está buscando hacer cualquier cosa y hará cualquier cosa”, fue una de las frases pronunciadas por Emanuel para denunciar la inminencia de la intervención imperial en Venezuela.

Colombia siempre ha ambicionado una salida al mar Caribe a través del  Lago de Maracaibo, que le permitiese un acceso más competitivo de sus productos, tanto los legales como los ilegales, a los mercados de Europa y Norteamérica. Hoy, convertido en el mayor productor de coca del mundo, necesita el corredor venezolano para poder llegar con su droga a su principal mercado, el estadounidense.

Además, Colombia debe enfrentar –de aquí al 2021- un agotamiento total de sus reservas petroleras que impactará negativamente la elaboración de la cocaína, y por eso necesita el control sobre las reservas de hidrocarburos en el occidente venezolano, y para dejarlas en manos de empresas trasnacionales debe destruir el estado- nación vecino.

Por otra parte, Guyana, que desde su nacimiento como estado independiente en 1966 se negó a respetar el Acuerdo de Ginebra que le prohíben la explotación de recursos mineros y hasta las actividades de exploración en la zona en reclamación, ha otorgado concesiones de exploración y explotación costa afuera, en mar territorial en reclamación por Venezuela, a las empresas petroleras trasnacionales CGX Energy, Exxon Mobil, Shell y Anadarko.

La duda de los analistas es si Duque están en condiciones de mantener al unísono dos conflictos: el interno y el externo. Las amenazas permanentes de intervención en Venezuela -tratando de insuflar un nacionalismo xenófobo-, como mano de obra de los designios de Estados Unidos, su presidente Donald Trump y los intereses de las trasnacionales –en especial las petroleras- y el narcotráfico.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)