El combate a las drogas ilícitas con base en el prohibicionismo es un fracaso total. Las cárceles están atestadas de pequeños distribuidores, de consumidores y de productores de materias primas así como de personas que se dedican a su transporte entre los países productores y los países consumidores. La guerra declarada desde el gobierno de Bush en los Estados Unidos el 6 de septiembre de 1989 en que declaró que el consumo, el tráfico y la venta de drogas ilícitas era un enemigo de los Estados Unidos y era uno de los llamados “ejes del mal” y por tanto la política frente a estas drogas ilícitas era el de combatirlas sin tregua. Desde entonces las políticas prohibicionistas fueron elevadas a política de Estado.

Para un país productor de drogas ilícitas y principalmente de clorhidrato de cocaína como Colombia, quedo en el radar de dichas políticas prohibicionistas. El problema se agravó en los años recientes por el aumento de las áreas de cultivos ilícitos que de acuerdo con las cifras tanto de las Naciones Unidas como del Departamento de Estado Norteamericano han sobrepasado o están próximas a las 200 mil hectáreas de sembradíos de coca.

Los acuerdos de paz del Estado Colombiano con las guerrillas de las FARC-EP, permitió una discusión a fondo del problema. Por una parte se reconoció que buena parte del problema desde el lado de la producción y de los cultivos de uso ilícito estaba relacionada con la ausencia del Estado en amplios sectores del territorio en que unas 150 mil familias se dedicaban a la producción de coca por la falta de una política de inclusión social en regiones sin otra alternativa productiva. Se requería poner en marcha una política de sustitución de cultivos ofreciendo alternativas de desarrollo productivo, oferta de tierras, construcción de carreteras, desarrollo rural de cultivos de uso lícito para que éstas familias y estos territorios fueran incorporados a la economía lícita. Se requería poner en marcha una política concertada con las comunidades para la sustitución de dichos cultivos. Hasta el momento unas 78 mil familias se han acogido a estos programas con muchas dificultades por falta de recursos así como de tierras para que estas familias, cambiaran sus actividades productivas. En total unas 117 mil familias se han acogido al programa de sustitución de cultivos de las cuales como ya se dijo unas 78 mil familias se encuentran vinculadas a estos programas.

Una buena parte de estas familias habitan en territorios que antes de los acuerdos de paz estaban bajo el control militar de las guerrillas de las FARC-EP. Con la desmovilización de éstas guerrillas estos territorios no fueron ocupados por el Estado. A ellos llegaron nuevos actores armados ilegales. Las comunidades que se acogieron a los programas de sustitución de cultivos se enfrentan ahora al fuego cruzado de estos actores ilegales que quieren mantener el dominio territorial en estas regiones. Los líderes sociales que quieren la sustitución de cultivos son asesinados. Desde la firma de los acuerdos de paz el 26 de noviembre de 2016 hasta el momento cerca de 350 líderes sociales han sido asesinados. El 56% de esos asesinatos se han producido en estos territorios.

Con la llegada al gobierno de Iván Duque Márquez y ante la presión del gobierno de los Estados Unidos por el aumento de los cultivos de uso ilícito la perspectiva de enfrentar el problema desde la óptica de sustitución concertada y voluntaria de los cultivos de uso ilícito viene siendo abandonada. Vuelven las viejas políticas duras del prohibicionismo: el gobierno ha publicado un proyecto de decreto que busca la persecución contra los consumidores de sustancias psicoactivas facultando a la policía para decomisar la dosis personal empeño que viene siendo orquestado desde tiempo atrás por el actual fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y a la cual se han sumado de manera entusiasta los grandes medios de comunicación que buscan la “defensa de la niñez y de la familia”, volveremos entonces a la persecución de los consumidores que fueron protegidos por una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis personal. Así mismo el gobierno ha anunciado el retorno de las fumigaciones con glifosato que fueron fuertemente condicionadas también por un fallo de la Corte Constitucional. Ahora se dice que las fumigaciones se harán con drones a baja altura para evitar la aspersión sobre el entorno. Se quiere con ello satisfacer las exigencias del Gobierno Norteamericano que presiona para disminuir los cultivos de uso ilícito.

Las políticas de disminución del daño y de un tratamiento del problema del consumo de drogas de uso ilícito como un problema de salud pública, que también estaban contenidas en los Acuerdos de paz, serán abandonadas. Volveremos a las mismas políticas represivas que fueron probadas durante los últimos 30 años y que mostraron su fracaso. Es el retorno al pasado.

Bogotá 13 de septiembre de 2018.

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur