La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) saludan la presencia en Ecuador, en visita oficial, del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH a Ecuador, Edison Lanza, y reconocen la apertura del Gobierno ecuatoriano por haber gestionado esta visita que abre un nuevo espacio para discutir temas de trascendencia para el país.

ALAI es un organismo de comunicación, de carácter internacional, comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina. APC es una red internacional y una organización no gubernamental establecida en 1995, con estado consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Su misión es que todas las personas tengan acceso a un internet abierto y libre para mejorar sus vidas y hacer del mundo un lugar más justo. ALAI y APC hicieron parte de las iniciativas pioneras en América Latina en la década de los 90 para conectar a organizaciones y grupos de sociedad civil trabajando por la paz, la defensa del medio ambiente, los derechos de las mujeres y el desarrollo. Específicamente en Ecuador, lideraron en 1991 la instalación del primer nodo de correo electrónico, Ecuanex, que conectó a organizaciones sociales y ciudadanas al internet. Tal es así que el dominio .ec fue inscrito por esta instancia.

Creemos firmemente que los mismos derechos que las personas tenemos fuera de línea deben ser respetados y protegidos en línea. La libertad de expresión es uno de los derechos que más se asocia al uso de internet. En tanto derecho habilitador del ejercicio de otros derechos, la libertad de expresión en el espacio en línea es crucial para el ejercicio democrático de la crítica y el disenso, el acceso a información, la denuncia, la expresión y la opinión sobre asuntos que resultan de relevancia para la vida pública y privada de las personas. A pesar de ello, es también uno de los derechos más vulnerados.

En Ecuador, la disputa por la libertad de expresión en línea ha tendido a manifestarse en la regulación y la restricción de la expresión crítica a las fuerzas políticas dominantes o de aquella que amplifica las voces disidentes de grupos tradicionalmente discriminados. Se ha tornado en un problema no resuelto y que se constituye en un desafío que resulta imperativo atender.

Si bien algunos proyectos de ley desarrollados por el nuevo Gobierno impactarán en el disfrute de derechos humanos en internet, no se ha avanzado significativamente aún en propuestas legislativas y regulatorias orientadas a atender esos problemas, aunque sí es necesario destacar que no se dio curso a propuestas preocupantes que la nueva Asamblea Nacional heredó en materia de control de redes sociales y de protección de datos personales.

Algunos de los desafíos actuales para el ejercicio de la libertad de expresión en internet en Ecuador incluyen:

 1. El acceso a internet y la necesidad de su universalización

El ejercicio de la libertad de expresión está inextricablemente conectado con el acceso y uso de internet. Según información proporcionada por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el número de conexiones fijas incrementó un 10% en 2017, mientras que las suscripciones móviles se incrementaron en un 13%. Esto se debe, en buena parte, a la entrada en operación en septiembre de 2015 del Pacific Caribbean Cable System y a los acuerdos económicos entre el gobierno y los operadores de telefonía móvil para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para mejorar la cobertura de 3G y ofrecer servicios de 4G. Sin embargo, los costos para conexiones de banda ancha fija y móvil de alta calidad en el Ecuador siguen estando entre los más altos de la región.

Se precisan políticas claras de universalización del acceso para sectores con baja capacidad adquisitiva, zonas urbanas marginales y, principalmente, áreas rurales. Para el contexto ecuatoriano, la intervención del gobierno a través de estrategias nacionales y de política pública para la universalización del acceso a internet se torna imprescindible. De manera específica, abogamos por que se adopten medidas regulatorias y políticas de apoyo a la instalación de nuevos paradigmas de:

• Manejo y regulación del espectro radioeléctrico, como gestión dinámica del espectro, por ejemplo:
• Asegurar un marco regulatorio habilitador para la auto-gestión y organización comunitaria que, apoyada en las posibilidades que abren las innovaciones en el campo de las tecnologías de información y comunicación, se oriente a generar soluciones de largo plazo a la brecha digital mediante la instalación, desarrollo y escalamiento de redes comunitarias. Las redes comunitarias no solo se constituyen en alternativas para llegar a los no conectados sino que son iniciativas de autodeterminación, gestión y organización para sortear la exclusión digital.

En ese sentido, instamos al Gobierno ecuatoriano avanzar en la ejecución de la Política Pública de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2017-2021) y la implementación del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 2016-2021 (PNTTI) explorando la posibilidad de asignar bandas específicas del espectro (como los espacios blancos de la televisión) para ampliar el acceso en zonas no cubiertas por el mercado, incorporando un régimen de licencias gratuitas para redes comunitarias ─declarándolas de interés público─ e implementando la recomendación 19 de UIT-D sobre telecomunicaciones para las zonas rurales y distantes.

2. La desinformación para defender ciertos intereses políticos y económicos

La manipulación de la opinión pública no es un problema nuevo, pero requiere de perspectivas frescas y soluciones innovadoras. Las líneas de análisis y el tipo de soluciones que demanda el contexto ecuatoriano deben partir de un marco de comprensión y definición del problema.

Las iniciativas públicas y privadas orientadas a abordar este tema desde el punto de vista regulatorio deben aplicar criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, independientemente de que el énfasis esté en la protección del discurso público; en la protección de la honra y la reputación de las personas o en la salud de la información que circule en circunstancias de crisis política, natural, financiera, o motivaciones de otra índole. Se debe asegurar que los estándares existentes de derechos humanos sean tomados como referencia a fin de evitar institucionalizar la censura de expresiones y contenidos.

Abogamos por la transparencia de las políticas editoriales de los medios, de los criterios y prácticas de retirada o eliminación de contenidos por parte de los intermediarios de internet; por la claridad en las condiciones de prestación de servicios por parte de operadoras y proveedores de contenidos; por el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los actores públicos y privados para contribuir a crear confianza en la información y sus fuentes, para reforzar las capacidades de verificación de información en los actores de la sociedad civil y para fortalecer el ejercicio democrático.

3. Regulaciones tendientes a combatir el odio y la discriminación

El discurso de odio contribuye a la exclusión social y al incremento de la polarización social y política. Por ejemplo, actualmente Ecuador experimenta los efectos de una disputa política de grandes dimensiones y también discusiones sobre la oleada migratoria de ciudadanos del hermano país de Venezuela. El discurso de odio y de discriminación en línea tiene repercusiones ineludibles debido a su gran alcance. En ese escenario, es necesario recalcar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede ser usado para justificar discursos, lenguaje y otras formas de expresión que inciten a la discriminación, la hostilidad y la violencia.

La violencia en línea contra las mujeres plantea un desafío grande para la libertad de expresión. Las respuestas a este desafío no deben ser demasiado generales ni proteccionistas, con el fin de evitar censurar expresiones y contenidos. No deben, por ejemplo, imponerse prohibiciones al cifrado y el anonimato que son, por el contrario, condiciones necesarias para que las mujeres que han sido o son sujetas de violencia basada en tecnología reingresen a los espacios en línea y de asociación y reunión con otros.

Las excepciones a la libertad de expresión no están exentas de controversia y están sujetas a manipulación por parte de actores públicos y privados, más aún cuando se trata de la expresión en línea. Las medidas penales, civiles, administrativas que se adopten para controlar el discurso de odio y de discriminación deben orientarse a evitar la represión estatal, la reducción de la libertad de expresión y la restricción a la libertad de asociación y protesta.

Nos preocupa, además, la tendencia global actual y el impacto que pueda tener en Ecuador, a partir del debate mundial sobre la proliferación de “noticias falsas”, de que las plataformas internacionales de redes sociales se atribuyan arbitrariamente un rol de censor de la información y las fuentes, que utilicen algoritmos no transparentes con este fin, o que busquen asociarse con entidades nacionales que cumplan ese rol sin ningún mandato popular ni base jurídica. Es particularmente preocupante que ese rol de censor sea asumido, además, por los grandes medios de comunicación, asociados con intereses económicos o políticos. El peligro es que esto termine siendo una herramienta para silenciar voces críticas y disidentes y de establecer formas privadas de censura con consecuencias graves para la libertad de expresión.

Ecuador no debe permitir mecanismos de censura de la libertad de expresión que no respondan a las normas internacionales que prevén que cualquier restricción a este derecho sea especificada en la ley, que sirvan a un interés legítimo reconocido por el derecho internacional y que sean necesarios y proporcionales para proteger tal interés.

4. Concentración del control sobre la infraestructura y los contenidos

La convergencia regulatoria y tecnológica (de sectores o mercados y de actores) presenta desafíos ineludibles. En un entorno de convergencia, la tendencia hacia la concentración de la propiedad y del control sobre contenidos e infraestructuras es creciente. Es innegable que los actores de poder económico y político influirán fuertemente en la agenda de cambio regulatorio, político, económico y social en los próximos años.

La Ley Orgánica de Comunicación prevé que la distribución equitativa de frecuencias radioeléctricas entre medios públicos, privados y comunitarios debe aplicarse también a las frecuencias que se habilitan con la digitalización; sin embargo, en la práctica son los mismos medios concesionarios que concentran la multiplicación de señales digitales. No existen políticas públicas para garantizar la democratización de estas frecuencias. El riesgo de ello es la marginalización de medios de información alternativos o locales, perpetuando el efecto de cámara de resonancia.

Ecuador debe desplegar esfuerzos para que no se relegue el interés público. Hay una larga tradición de desarrollo, sostenimiento y lucha de los medios comunitarios y una incipiente trayectoria en el establecimiento de medios públicos en el Ecuador. Este proceso ha dejado lecciones importantes sobre la necesidad de colocar por delante el enfoque de interés público y el marco de derechos humanos para asegurar que el entorno digital sea plural, diverso y democrático y para que se establezcan las salvaguardias necesarias que eviten la concentración de redes, contenidos y servicios: el gobierno ecuatoriano debe asegurar un entorno que no imponga barreras altas para la entrada de nuevos actores; que las políticas de asignación de espectro aseguren la existencia de actores medianos y pequeños; que se establezcan claras políticas de calidad de servicio (sobre todo para los grandes actores de mercado); que se revisen las políticas de servicio universal mediante la reactivación del Fondo de Acceso Universal; y que se refuercen las políticas antimonopolio y de dominación del mercado.⁷

5. Mecanismos de participación y colaboración de múltiples partes interesadas para las políticas y la gobernanza de internet

La participación y la colaboración de las múltiples partes interesadas alrededor de las políticas y la gobernanza de internet son fundamentales. Los principios de participación inclusiva que fueron adoptados en el proceso de revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y su legado se constituyen en un referente vigente para avanzar en la construcción de sociedades de la información centradas en las personas y sus derechos.

La participación de múltiples partes interesadas ha evolucionado y necesita avanzar aún más para tornarse democrática e inclusiva. Reconocer la necesidad de mejorar los procesos multisectoriales no debe socavar el principio como tal y el Ecuador debe contemplar el establecimiento de mecanismos de participación para el desarrollo y revisión de políticas de internet. Del mismo modo, el apoyo al modelo de múltiples partes interesadas no debe ser interpretado como la negación de la necesidad de regulación y del rol esencial del Estado en crear un entorno habilitador para la justicia social, el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un rol importantísimo que cumplir para demandar rendición de cuentas por parte de los actores públicos y privados, para avanzar en la defensa y aplicación práctica del principio de interés público y para asegurar condiciones para el respeto y defensa de los derechos humanos. El Gobierno ecuatoriano debe facilitar y canalizar ese rol de las organizaciones de la sociedad civil.

Al momento, están en elaboración proyectos de ley cuyo impacto será determinante para el ejercicio de derechos humanos en línea, como la Ley de Protección de Datos Personales. Saludamos la voluntad política del gobierno de convocar a expertos de la sociedad civil y recalcamos la necesidad de realizar procesos de consulta desde las fases tempranas del proceso de desarrollo de la legislación y no únicamente cuando se tiene completado el borrador de la legislación. Si la privacidad en línea no se garantiza con esa ley, será difícil garantizar la libertad de expresión en internet.

6. Reflexión sobre el contexto actual, las perspectivas a futuro y recomendaciones

La Constitución 2008 de Ecuador es un ejemplo para la región en materia de derechos de la comunicación, que en varios aspectos reconoce derechos incluso más avanzados que los convenios y tratados internacionales. Este avance se refleja sobre todo en el reconocimiento de la participación ciudadana en los procesos comunicacionales. Por lo tanto, se requiere de un nuevo marco normativo para hacer realidad esos nuevos derechos. No obstante, la implementación de lo previsto en la Constitución poco se ha implementado hasta ahora tanto para el entorno fuera de línea como para el espacio digital.

Es urgente la discusión y el debate amplio con los distintos sectores de la sociedad sobre el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales en la perspectiva de priorizar los derechos humanos y la privacidad en línea y fuera de línea por sobre los intereses comerciales. Una ley de esa naturaleza sentará un precedente importante para el Ecuador sobre plataformas y aspectos que hacen parte de la deliberación pública y que no pueden quedar supeditados a los intereses de mercado y a la auto-regulación. Con base en lo estipulado en la Constitución, se debe avanzar en medidas ex-ante para garantizar la promoción activa de derechos en línea y fuera de línea. Es necesario asegurar la construcción democrática y colectiva de las políticas y la gobernanza de internet y establecer criterios, principios y lineamientos de regulación mínima del espacio y la actividad en línea para hacer que la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos en su integralidad (no solo los civiles y los políticos sino también los derechos económicos, sociales y culturales) y la procuración del interés público no sea un ejercicio discrecional de los actores públicos y privados.

Se cuentan con referentes importantes para pensar la internet como un espacio para el reforzamiento del ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos entre los que se debe destacar los informes de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas y los Estándares para una internet libre, abierta e incluyente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El marco de principios e indicadores de la UNESCO para la Universalidad en Internet ofrece pautas para pensar la internet con perspectiva de derechos humanos, abierta, accesible y cuyo desarrollo se realice con base en la participación de las múltiples partes interesadas. Será puesto a consideración de los Estados Miembros a finales de este año. El gobierno ecuatoriano ha participado del proceso de consulta sobre el desarrollo de los indicadores y puede asumir un papel importante para su adopción y adaptación a la realidad ecuatoriana.

El gobierno ecuatoriano debe evitar a toda costa criminalizar el uso de herramientas para la seguridad digital de las comunicaciones a partir de motivaciones relacionadas con el combate al cibercrimen, con la instauración de la ciberseguridad y la pelea al terrorismo y al crimen organizado. El Gobierno ecuatoriano no debe, además, cejar en armonizar sus acciones con las leyes internacionales de derechos humanos existentes y, en esa medida, contribuir a la estabilidad, a la paz y al desarrollo.

21 de agosto de 2018

Organizaciones que respaldan la contribución

• Agencia Internacional de Noticias por la Paz y la no Violencia, Pressenza
• Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)
• Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE)
• El Churo Comunicación
• Red de Investigación de Conocimiento, Hardware y Software Libre

Individuos que respaldan la contribución

• Efrén Guerrero Salgado, Fundación Huaira