El Perú no cuenta con un registro de  violencia de género en conflictos sociales. Jessenia Casani socióloga y representante de Demus señala que es el Estado quien debe proporcionar y sistematizar toda la información referida a este tema, y que además tiene que implementar  un Observatorio Nacional de Violencia de Género en el país.

P.- No hay una data que diferencie el impacto de las actividades extractivas por género ¿Cuál es el nivel de violencia  y agresión que se da en las mujeres?

R.- Nuestro Estado peruano es responsable de producir la data oficial sobre violencia de género, pero específicamente en la modalidad de conflictos ecoterritoriales aún no existe. No hay estadísticas desde los distintos sectores del Estado que puedan darnos esta información, los casos que se han podido recoger y las violencias que se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras, ellas son las que denuncian estos hechos de violencia en distintos espacios públicos y en sus redes sociales. Desde algunas organizaciones de la sociedad civil hemos podido replicar estas denuncias dando visibilidad a estas formas de violencia, pero sí es importante recalcar que el Estado peruano es el responsable de proveer esta información, investigar y dar estadísticas de lo que implica el impacto de estas actividades en las mujeres, y así podamos contar con políticas públicas, servicios y programas adecuados para atender, proteger y dar justicia a estas mujeres.

P.- ¿Qué órgano o entidad del Estado debería estar encargado de esta labor?

R.- De acuerdo al Plan Nacional contra la Violencia de Género y la Ley 30364, es el Estado quien debe proporcionar y sistematizar toda la información referida a este tema. Además, el Estado tiene que implementar  un Observatorio Nacional de Violencia de Género, sin embargo, aún no tiene información precisa sobre el impacto de los conflictos sociales en las mujeres, pese a que el Plan está vigente desde hace dos años (2016) hasta el 2021, este tipo de violencia ya está establecido en las 16 modalidades contemplados en el Plan. Esta información ayudaría  a tener mayor claridad de esta problemática, y así  actuar de una manera oportuna y con una amplia comprensión de lo que significa la violencia de género en los conflictos ecoterritoriales.

P.- ¿Qué tipo de vulneración de derechos han identificado ustedes?

R.- Las mujeres defensoras, principalmente de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos que están desarrollando una labor de defensa de sus territorios, lagunas, ríos y modos de vida están viviendo diversos tipos de violencia de género, cuyo objetivo es callarlas, neutralizarlas por su labor de defensoras, y esto es importante señalarlo porque lo que está pasando es que se están vulnerando sus derechos a la participación y la protesta social.

P.- ¿Específicamente qué tipos de violencia se vienen dando en estos conflictos?

R.- Hay muchas formas de violencia que se están ejerciendo contra ellas: psicológica, física, sexual, y todas se van expresando de distintas maneras y en distintos momentos del conflicto, por ejemplo, sabemos que en situaciones de protesta social las agresiones físicas son focalizadas en sus partes íntimas y los insultos contienen estereotipos de género, y esto también se dan en contextos de detenciones, donde se hace presente la violencia sexual, tanto en amenaza como en hechos concretos de violación. Por ejemplo, en situaciones de estado de emergencia se han dado amenazas, acosos y hechos de violación.

Hay una campaña sostenida de estigmatización, estas  campañas denigran su labor, pero además hay mucho prejuicios y estereotipos de género para generar odio.

P.- En esta convivencia entre empresa y población ¿Quiénes son los agresores comunes?

R.-Lamentablemente son representantes del propio Estado, Fuerzas Armadas, policiales, hasta los propios operadores de justicia que, en el proceso de criminalización, van usando prejuicios y estereotipos de género en los procesos judiciales y en las audiencias, que solo tiene como objetivo: hostilizarlas.

Las propias empresas mineras que están en estos territorios utilizan todo este mecanismo para desarrollar las campañas de estigmatización. Entre los agresores comunes también podemos sumar a los medios de comunicación, porque hay medios y periodistas que han emprendido campañas para exacerban el odio contra estas mujeres y, por tanto, exponerlas a una mayor violencia cotidiana.

P.- ¿Qué acciones concretas se están pidiendo para protegerlas como defensoras?

R.-Tenemos que responder adecuadamente y de una manera urgente para que no tengamos más muertes de mujeres defensoras por este incremento de violencia. Tenemos que exigir una protección y atención inmediata, y también el fortalecimiento de nuestro Sistema de Justicia para que se sancione a todos los agresores.

P.- Para prevenir la violencia de género ¿Qué avances se han dado a nivel del trabajo local o regional?

R.-Un tema importante que venimos  acompañando es la decisión de las defensoras cajamarquinas de promover que el Gobierno Regional pueda aprobar e implementar el Plan Regional contra la violencia de género, eso es un avance importante en la región, pero sobre todo un avance que han logrado las defensoras en Cajamarca, porque es una región que vive el conflicto latente y la violencia de género está presente en estos contextos, por lo que el Plan debe enfatizar en este tipo de violencia y que responda de manera oportuna con atención, protección y justicia.

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