Si bien Perú aprovechó de forma notable el boom de materias primas para reducir la pobreza, que pasó de 57% en el año 2004 a 20% en 2016, jaqueado hoy por una enorme corrupción económica y política, parece estar llegando a la descomposición republicana.

En Perú, la corrupción y el tráfico de influencias están enquistados no solo en el alto gobierno sino también en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y todo el sistema de administración de justicia, además de tener un Estado secuestrado por una mafia: los audios revelados solo sacaron a la luz un secreto a voces.

Desde el ajuste neoliberal de 1990, el llamado “capitalismo de amigotes” significó que para que las grandes empresas hicieran buenos negocios era indispensable las relaciones privilegiadas en el Estado, y el control de las instituciones democráticas. Las coimas, sobornos y otras ventajas quedaron reveladas en los últimos meses y salpican  los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es lo que los analistas definen como una crisis sistémica, de gobierno, régimen y Estado.

El edificio institucional ya no necesita de refacciones, porque está podrido. Las termitas del fujiaprismo han terminado con él, señala Nicolás Lynch en La Otra Mirada. No se trata de personas o de instituciones, porque “ni el más engominado de los prohombres del régimen tiene dedos de organista para lidiar con la situación. Se les han terminado en el correveidile de los favores palaciegos. El problema es de estructuras y estas vienen de atrás”, añade.

Es un Estado fallido, fallado y mafioso, capturado por un sistema neoliberal que desde hace 26 años ha mermado la democracia, con sus negociados, sus puertas giratorias, poniendo y sacando autoridades, congresistas afines a sus intereses, con medios de comunicación que actúan como escuderos y los protegen de cualquier denuncia de la prensa independiente.

Las estructuras no pueden cambiar por sí solas y no aparece en el horizonte ninguna fuerza capaz de llevar adelante los cambios estructurales necesarios, para cambiar el patrimonialismo heredado hace 200 años de la colonia, que es la incapacidad de las clases dirigentes de discernir entre las ganancias personales y el erario público.

Los intentos de reforma

En la historia republicana, hubo muchos intentos de reformas, pero siempre privilegiando a pequeñas minorías en detrimento de las grandes mayorías, con dictaduras militares y gobiernos constitucionales que no intentaron siquiera los cambios. La única excepción fue durante el gobierno de Juan Francisco Velasco Alvarado (1968-1975).

Durante su gestión, nacionalizó la Banca, los recursos mineros del país: expropió los yacimientos petrolíferos de Talara, así como las explotaciones e instalaciones de Cerro de Pasco Corporation y Marcona Mining; estatizó la industria pesquera, creó el ministerio de Alimentación para distribuir los alimentos producios por las cooperativas agrarias.

Asimismo impuso un control directo del Estado sobre las telecomunicaciones, y dispuso una reforma agraria en todo el país para poner fin a la oligarquía terrateniente. Afectó a los latifundios de la sierra, pero también a los complejos agroindustriales de la costa, en las que se crearon Cooperativas Agrarias de Producción. La reforma del sector industrial involucró a todos los trabajadores, que debían participar en las utilidades, en la gestión y la administración de la misma.

El gobierno de Velasco Igualó los derechos de los hijos legítimos y naturales ante la ley;, las Fuerzas Armadas fueron equipadas con moderno armamento adquirido de la extinta Unión Soviética, convirtiéndose en una de las mejores de América Latina. Y con el fin de movilizar organizadamente a la población y controlar las movilizaciones sociales, creó en 1972 el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social.

Y, en el ámbito internacional, promovió una política de no alineación, bajo el lema "ni con el capitalismo ni con el comunismo", lo que significó una ruptura con EEUU. En 1972, decretó una reforma educativa que previó entre otros una educación bilingüe para los peruanos, usuarios de lenguas nativas, que componían casi la mitad de la población.

Tras el golpe contra Velasco, todo volvió a ser como antes y como después. Y  tras el corrupto gobierno de Alan García, con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fuljimori y Vladimiro Montesinos reeditan no solo el patrimonialismo en  versión neoliberal del capitalismo de amigotes.

Tras la caída de Fujimori, poco cambió. El adalid del neoliberalismo, Pedro Pablo Kuczinsky debió renunciar a la presidencia no solo por amnistiar el dictador genocida, sino por corrupción, mientras a diario se siguen difundiendo las grabaciones de los favores supremos entre amigotes del Ejecutivo, el poder judicial y el empresariado.

El nuevo escenario 2.0

La diferencia entre el patrimonialismo anterior y lo ocurrido en los últimos 26 años es la extraordinaria producción de riqueza en este último cuarto de siglo, lo que no varió en absoluto el principio de privilegiar a un pequeño grupo a costa de los demás, lo que ha permitido vender ilusiones, el verso capitalista del esfuerzo particular. Nada que ver con las esperanzas reformistas y revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX.

La podredumbre del modelo deja a la intemperie la corrupción de la cultura política y de poder, pero también comenzó a aniquilar las ilusiones, en una pérdida –por ahora simbólica- de la hegemonía política y sobre todo cultural del poder neoliberal, en donde resalta la impotencia del presidente Martín Vizcarra y la caída abrupta de la credibilidad de los gobernantes: presidentes, congresistas, administradores de justicia.. y también en las instituciones. 

La república está podrida, dicen los analistas. Es necesaria una refundación, una nueva Constitución que contenga cambios estructurales e impida la reedición de la corrupción del fujimorismo, del aprismo. Por ahora no se vislumbran las fuerzas del cambio, salvo en las calles tomadas por la protesta social. Como dice La Otra Mirada, cualquier consigna menor es un operativo de distracción de aquellos que no quieren soltar sus privilegios para que proceda el futuro del Perú.

- Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)