La Unión Europea persiste en sabotear el trabajo del grupo intergubernamental encargado de la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales. Las ONG, como es el caso del CETIM, denuncian una proposición de la UE destinada a terminar con el proyecto de convenio que regula las actividades de las multinacionales en las Naciones Unidas. (Ver aquí el texto de la denuncia: https://www.alainet.org/es/articulo/194238).

Los aspectos financieros vinculados a los nuevos avances tecnológicos y gestionados desde el modelo neoliberal, sustancialmente desigual, constituyen la actual fase histórica de la globalización. Son el telón de fondo sobre el que actúan las empresas transnacionales. Por lo tanto, podemos definir que la actividad política y económica de las empresas transnacionales se convierte en el eje central de la globalización neoliberal.

La ética de la democracia

La Unión Europea no quiere saber nada de un Tratado de Naciones Unidas para obligar a las empresas transnacionales (ETN) a respetar los derechos humanos. A mediados de diciembre, en Nueva York, su delegación simplemente propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas suprimir la financiación del Grupo de Trabajo intergubernamental, que se reúne desde hace tres años en Ginebra, encargado de elaborar normas vinculantes que regularían la actividad de los grandes grupos económicos internacionales.

 Una maniobra que suscitó una reacción inmediata de una amplia coalición de ONG al interior de la Campaña mundial para reivindicar la soberanía del pueblo, desmontar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad. Entre ellas, el Centro Europa-Tercer  Mundo en Ginebra (CETIM), FIAN, mediante La Vía Campesina y el Transnacional Institute.

 La UE ha hecho todo durante tres años para sabotear los trabajos del Grupo de Trabajo del Consejo de los derechos humanos de las Naciones Unidas.  

“Estamos obligados de hacer sonar la alarma y denunciar la actitud hipócrita de las instituciones de Bruselas, que llaman por una parte al respeto de los derechos humanos, y sabotean iniciativas en este sentido cuando se oponen los intereses de sus multinacionales”, afirma Melik Özden, director del CETIM.

Esta actitud es todavía menos comprensible a los ojos de las ONG como el Parlamento Europeo, el cual se pronunció en 2016 en favor del proyecto de Tratado de las Naciones Unidas. Véase en particular, el párrafo 48 de la Resolución del Parlamento Europeo adoptada el 14 de abril de 2016 sobre el sector privado y el desarrollo. (2014/2205 (INI)), propuesto hace tres años por Ecuador. Una posición contraria a la de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.

Por el momento, sin embargo, el Grupo de Trabajo intergubernamental de Naciones Unidas sobre las ETN no estaría en peligro: “Es poco probable que un consenso se alcance en la Comisión de la Asamblea general encargada de las cuestiones presupuestarias para suprimir su financiación”, explica Melik Özden.

Por un lado, más de 3.400 Acuerdos y Tratados protegen las inversiones a nivel global, estableciendo marcos jurídicos vinculantes. Y esto es lo que ofrecerían, si lograran implantarse, el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), o bien el Tratado de Libre Comercio con Canadá (CETA).

 Pero, por otro lado, no existen mecanismos del mismo rango que obliguen a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Pareciera que parte de la “ventaja comparativa” de un país se ubicara en el hecho de que no es muy exigente en el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales o el medio ambiente. La única “protección” con la que se cuenta son los códigos voluntarios que radican en los informes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

En otras palabras: se espera que las empresas se autorregulen. Empero, algunos expertos en el tema a nivel internacional apuntan al carácter sistemático de la violación de los Derechos Humanos y daños medioambientales por parte de las transnacionales. Las personas y comunidades afectadas en los países empobrecidos rara vez cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia.

Los derechos humanos son la ética de la democracia porque constituyen esas reglas sin las cuales el juego mismo de la convivencia carece de contenido valorativo e ideal y resulta indigno, inferior a nuestra condición moral común y no merece la pena por tanto de ser jugado. Bronceados políticos de la costa mediterránea, fosa común de las pateras de la inmigración del Siglo XXI… ¿van a hablar de derechos humanos?  

- Eduardo Camín es periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)