De entre las consecuencias más palpables que ha tenido la presidencia de Donald J. Trump para América Latina, en general; y para México, en particular; dos de ellas son de especial importancia y trascendencia para la organización y el desarrollo de la vida política nacional en el continente. Ambas tienen que ver, por un lado, con las formas discursivas a partir de las cuales se generan y reproducen ciertos tipos de verdades ad hoc a las necesidades de los intereses que las formulan; y por el otro, con la manera en que esas verdades encubren hechos y dinámicas sociales que las contravienen.ⁱ

De manera concreta, ambos fenómenos han tendido a identificarse, cada vez más, con las acusaciones a la posverdad y al populismo,ⁱⁱ de derechas y de izquierdas. Y es que, a partir de la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, lo que ha venido ocurriendo en los procesos electorales de la región es una sistemática descalificación, una acusación insaciable sobre ilegitimidad y degradación democrática, esgrimida por parte de amplios sectores del statu quo —beneficiarios de los órdenes político, cultural y económico imperantes—, a partir de lo cual se busca tanto la eliminación de las alternativas de izquierda (o similares y derivados) cuanto el reforzamiento de las posiciones conquistadas por el conservadurismo (de derecha y de izquierda) en cinco décadas de neoliberalismo en la región.

Por supuesto, la tarea de excluir del control del andamiaje estatal y los aparatos gubernamentales a cualquier proyecto político que no se encuentre en plena sincronía con la lógica mercantil del neoliberalismo —y de su ideario administrativo: la democracia electoral, procedimental de corte anglosajón—, no es un tema nuevo en la vida de las naciones americanas. Basta con voltear la mirada a todo el siglo XX para observar que la historia de las dictaduras cívico-militares y los regímenes de seguridad nacional sostenidos por los intereses geopolíticos estadounidenses en la región son justamente eso: la viva imagen de la aniquilación de la izquierda latinoamericana por medios que van desde la farsa electoral hasta la represión directa por parte de los aparatos castrenses del Estado; pasando, por supuesto, por la elaboración de cuerpos normativos a modo, la adecuación de programas asistenciales, la cooptación de las instituciones, etcétera.ⁱⁱⁱ

La cuestión es, no obstante, que en términos de los discursos que circulan a diario en los imaginarios colectivos nacionales, con particular profusión en los tiempos y los espacios en los que se llevan a cabo procesos electorales, las acusaciones a los regímenes de posverdad y a las prácticas del populismo —para todos sus efectos, encarnación, éste último de aquella— se presentan, hoy, como dos elementos que hasta hace pocos años se encontraban fuera de los causes del debate político público. Prueba de ello es el hecho de que, por una parte, el primer término, es decir, el de la posverdad, era inexistente en las discusiones de los años setenta, ochenta, noventa y principios del nuevo siglo; mientras que, por la otra, aunque es cierto que el populismo latinoamericano es tema hasta de los planes de estudio de las Ciencias Sociales universitarias en la región, las connotaciones con las que actualmente se emplea el término son distintas a las de años anteriores.

Por posverdad, de entrada, sigue sin quedar claro bien a bien qué es lo que se quiere decir, aunque un consenso relativamente amplio entre la comentocracia mexicana y los analistas al servicio del establishment político y empresarial apela a la adopción de una suerte de sentido común por medio del cual posverdad significa todo aquello que siendo expresado, discurrido, enunciado, no se corresponde con la verdad de los hechos reales, pero a pesar de lo cual no se cuestiona la veracidad del contenido expresado, discurrido, enunciado. No queda claro, en este sentido, qué es lo que distingue a la posverdad de instancias como la farsa, la mentira, la simulación etc., pero parece aglutinarlos a todos.

Las acusaciones a la proliferación del populismo en América, por su parte, son una suerte de moda cada vez más presente en las agendas pública y de los medios, en particular desde que las sociedades al Sur del continente erigieron gobiernos de extracción obrero-sindical, como en el caso de Luiz Inacio da Silva, en Brasil; o indígena, como con Evo Morales, en Bolivia, pero que con independencia de su origen, en última instancia todos trabajaban sobre una agenda común, regional, que en mayor o menor medida —sin pretender, en ningún caso, superar la subordinación histórica-estructural de sus capacidades productivas y sus necesidades de consumo a las economías centrales en Occidente—, planteaban la puesta en marcha de un cierto número de reivindicaciones sociales que giraban en torno de recuperar conquistas laborales, derechos sociales, económicos y políticos, autonomías indígenas, etcétera.

En este sentido, los últimos años, ambos términos, posverdad y populismo, han servido a ciertos intereses nacionales, regionales y globales como una suerte de comodines o palabras universalizables a partir de las cuales es posible designar a una heterogeneidad de prácticas discursivas, de instancias informativas, de personalidades y organizaciones sociales —tan divergentes entre sí— pero que al final del día comparten dos rasgos esenciales. Primero, que todo aquello y todo aquel al que se designa con ambos términos (en conjunto o por separado) representa un peligro para la estabilidad, el orden, la igualdad, la libertad, la fraternidad, el libre mercado, etc., imperante en una sociedad. Segundo, que todo aquello y todo aquel al que se califica con tales adjetivos no pasa de ser en sí mismo una farsa, una representación que en realidad no refleja ningún grado de realidad.

El caso de la posverdad es destacable en el énfasis que se ha puesto en la tarea de identificar noticias falsas (fake news). Caso en el que no deja de ser trágico que en el reciente proceso electoral mexicano fueran los candidatos a cargos públicos la principal fuente de noticias y declaraciones falsas, así como los principales receptores de la actividad de plataformas de confirmación de hechos —lo cual ya dice mucho sobre el régimen de verdad/mentira sobre el cual se encuentra montado el sistema político nacional. El punto a discusión aquí es que el excesivo escrutinio que se da en torno de la búsqueda y clarificación de falsedades no encuentra una práctica recíproca, correspondiente, en la tarea de cuestiones qué verdades son las que se están (re)produciendo; de tal suerte que se condena la falsedad (la posverdad) pero no se piensa siquiera en cuestionar por qué y a partir de que premisas aquello que se afirma como verdad es verdad. Después de todo, la verdad es, también, un instrumento epistemológico y un dispositivo de saber y de poder que no es neutral, sino que se usa de conformidad con los intereses que la esgrimen a su favor.

Decir que el neoliberalismo es la mejor forma de experimentar al capitalismo moderno en la región, por ejemplo, es una afirmación posible de instituirse en verdad (incluso en verdad universal), y hasta es posible hacerlo a partir de la articulación de una serie de indicadores, de métricas y de datos cualitativos para comparar sus resultados con los resultados de otros modelos de producción y consumo. El problema es, no obstante, que afirmar lo contrario sobre el neoliberalismo es igual de verdadero, porque la estrategia de articulación de cuantificadores es igualmente posible y contrastable, demostrando lo contrario de la afirmación inicial. Sin embargo, el rasgo principal en ambos casos es que el régimen de verdad que se funda por una u otra sentencia tiene que ver con una ética particular para cada caso y con el despliegue de un poder igual de específico.

Es esto lo que no se está cuestionando, pues se prefiere simplemente desmentir aquello que parece ir en contra del sentido común de la colectividad o que simplemente no se corresponde con registros cuantitativos disponibles. Y el riesgo de proseguir con tal dinámica es que la tendencia a cuestionar la verdad, antes que a la mentira, pasa a ser operación de segundo grado de importancia: incluso inútil si al final se consigue comprobar la falsedad de una mentira emitida por un actor público; siendo que las verdades son mucho más amplias que los decires de un individuo.

Ahora bien, cuestionar qué verdades se están (re)produciendo, por qué medios, a través de qué estrategias y con qué finalidad no únicamente tiene relevancia para la configuración de los regímenes de verdad, de poder y de saber que dominan en una colectividad, sino que, asimismo, resultan fundamentales para la configuración de los sentidos comunes que imperan en las discusiones públicas de esas mismas colectividades. En términos más concretos, este proceso de cuestionamiento sirve, por ejemplo, para poner en perspectiva los objetivos que se persiguen cuando se acusa a un individuo o a un grupo de individuos de populistas.

Ello, no sólo porque permitiría rastrear al significado del concepto dentro de su propia genealogía —a la Rusia zarista de finales del siglo XIX y principios del XX, como herramienta teórica de las comunas agrícolas rusas y su importancia para sortear la experiencia traumática del capitalismo occidental en el transito del zarismo a la república.^iv Sino porque además, coadyuva a transparentar la malla de intereses que se desenvuelve sobre aquellos eventos, personajes o situaciones que resultan peligrosos en algún grado para el mantenimiento del statu quo imperante.

Para el caso de México y su proceso electoral, esto se traduce, de entrada, en la importancia que cobra el hecho de observar que los principales adalides de las acusaciones al populismo latinoamericano no están discurriendo, en estricto, sobre el populismo en sí mismo o sobre el contenido populista de algún evento, de alguna situación o una dinámica política, económica o cultural en específico. Sino que, antes bien, su principal objeto de discurso es el de establecer un tipo ideal de democracia funcional para la racionalidad del intercambio mercantil de corte neoliberal —en su lógica, experiencia definitoria, por antonomasia, de lo que significa la consecución del máximo grado de libertad individual alcanzable.

No es azaroso, en este sentido, que la definición corriente de populismo empleada por esos adalides no se defina por el desarrollo del significado del concepto, sino por el acto de hacer gravitar sobre el mismo un conjunto de ejemplos de personalidades políticas que aunque en sus actos son divergentes, se unen en algunos puntos por el grado de oposición al neoliberalismo (o al liberalismo clásico, en la primera mitad del siglo XX) que comparten. Las comparaciones con el modelo de mercado y con el sistema electoral occidental, en general; estadounidense, en particular; por lo anterior, son espacios comunes a partir de los cuales se definen los tipos ideales de modelo político y de modelo económico que representan el extremo contrario al populismo.

Hay casos, inclusive, en los que populismo llega a ser sinónimo de socialismo y comunismo, mientras que estos —pese a que en la historia de la modernidad capitalismo no se cuenta con un solo caso de socialismo o de comunismo, en ninguna parte del mundo— son sinónimo de estatismo, planificación económica centralizada, intervención estatal, socialdemocracia, etc.; de tal suerte que personalidades como Fidel Castro y Hugo Chávez, en América, son convertidos en las personificaciones más concretas que se tiene del fenómeno populista en la región. Pero no solo, pues, además, se parte de la petición de principio (petitio principii) de que la personalidad la colectividad o el movimiento que es populista es, asimismo y por el hecho de ser populista, portadora de un germen monárquico, imperial, autoritario, dictatorial.^v

Y ello, por supuesto, no porque lo sean (ni siquiera per se), sino porque simple y llanamente los procesos de toma de decisiones implementados van en contra del tipo ideal propugnado por el canon anglosajón —con todo y que incluso para los padres de la democracia estadounidense, su propio sistema político estaba diseñado no para favorecer la participación del ciudadano en la vida pública de su sociedad,^vi sino para mantenerlo al margen, fuera de ella, tal y como lo afirmó en su momento James Madison.^vii

Claro que, sin embargo, por un lado, es cierto que muchos de los supuestos a los que se señalan de populistas son, en realidad, dictaduras cívicas o militares. El problema es, justo, que de entrada, y atendiendo a las raíces sociales del concepto, el solo hecho de ya denominar a un régimen autoritario, represor o dictatorial como populista es un acto de traición al significado y las implicaciones comunitarias que surgieron del populismo ruso decimonónico. Mientras que por el otro, también es cierto que mucho de lo que se acusa de populista y autoritario en regímenes latinoamericanos no es alcanzado a ser percibido como estrategias de protección a la desestabilización y sometimiento que causa la penetración de los intereses occidentales (estadounidenses, específicamente) en esas sociedades.

Castro y Chávez fueron el vivo ejemplo de esa resistencia, y a pesar de ello siempre se mantuvieron los márgenes más amplios de libertades colectivas e individuales de la población durante sus mandatos porque el principio general para ambos era que el apoyo popular a su apuesta de gobierno era preferible, como muro de contención a la injerencia extranjera, a la vía de la cooptación y la represión social.

Esto lleva a descubrir la falacia detrás de las acusaciones más simplistas pero famosas sobre el populismo latinoamericano.^viii Y es que, en la lógica de tales posicionamientos, el contenido más condenable del populismo tiene que ver, por un lado, con un culto colectivo a la persona y a la personalidad de un individuo (a menudo nombrado caudillo); y por el otro, con el potencial de arrastre de ese mismo individuo, respecto de los sectores con los que conecta. En general, estos dos aspectos a menudo se condenan desde el argumento de que el caudillo o el mesías, el líder carismático, el populista, pues, apela a la promoción de su proyecto político mediante el establecimiento de un conjunto de promesas de políticas públicas que, antes que ser percibidas como las correctas y las necesarias, se las observa como demagógicas y populares para el vulgo.

¿Cuál es el problema con este posicionamiento? En primer lugar, pasa por alto, invisibiliza deliberadamente, que la historia nacional de México se encuentra construida sobre la mitología propia de sus gobernantes. La historia la escriben los vencedores, y basta observar un plano urbano cualquiera para hacer notar que en sutilezas intrascendentales como la nomenclatura del trazado de las ciudades está plagada con los nombres de las figuras políticas que, se supone, no son parte del caudillismo. Pero no sólo, pues cuando el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto (o cualquier otro representante del establishment) sale frente a recintos repletos de miembros de los sindicatos al servicio del régimen; o cuando salen a anunciar la coalición del Partido Revolucionario Institucional con una decena de partidos rémora; o cuando la comentocracia sale a opinar sobre su gestión con un lenguaje plagado de formas cortesanas y expresiones honorables, solemnes, llenas de títulos nobiliarios; los verdugos del populismo, en lugar de condenar el culto a la personalidad del individuo, vía las instituciones del estado y los canales empresariales, guardan silencio o se suman a la pleitesía.

En segundo lugar, está el hecho de que, de entrada, condenan la popularidad del individuo entre las masas, como si un proceso electoral no se tratase de ganar adeptos, de ser el más popular en las encuestas y las preferencias electorales, o como si la gestión del gobierno y el sistema político en su conjunto no basaran su legitimad en los índices de aprobación (popularidad) que se tienen sobre ellos. En seguida, se encuentra la aún mayor contradicción de que se condena tanto el arrastre del candidato como el hecho de que ese arrastre se deba a propuestas (o promesas) de políticas públicas que resultan sumamente populares por el vulgo. Y aquí la cuestión es que, con independencia de si esas promesas se quedan en simples promesas o cartas de buenas intenciones, los ideólogos del liberalismo que condena al populismo simplemente no alcanzan a observar que si esas promesas son populares entre las masas se debe a que ese vulgo las percibe como necesarias para sí en el momento presente o futuro, no es simple e irracional manifestación de apoyo a cualquier ocurrencia.

En los últimos manifiestos publicados en contra del populismo en la presente contienda electoral en México,^ix por ejemplo, se llega, incluso, a conceder que la raíz de todo movimiento populista en el país y en la región se encuentra en «agravios de toda índole, reales y dolorosos: la desigualdad, la pobreza, la marginación, la impunidad, la inseguridad y, desde luego, la corrupción de los partidos políticos». Sin embargo, aun reconociendo ese daño: causado no por lo que esos desplegados acusan de peligro populista para la sociedad, sino por las instituciones y los personajes que ellos mismos defienden; la condena no está en los causantes del daño y el daño, sino en la posibilidad de que algún tipo de cambio sobrevenga con tanta popularidad.

En el momento presente, por ejemplo, se acusa de incertidumbre, de amenaza de estatismo, de pobreza, de desigualdad, de control de precios, de redistribución del ingreso, de programas sociales, etc., partiendo de la premisa de que esas acciones llevan a toda sociedad a su ruina, pero la realidad es que aún sin propuestas, individuos, movimientos o contenidos acusados de populistas lo peor que se teme ya se está desarrollando en el país: la pobreza, la inseguridad, la inflación, la desigualdad, la corrupción, la violencia, etcétera. Es decir, se acusa de peligro al populismo que surge de la catástrofe causada por el no-populismo.

No muy en el fondo de los argumentos esgrimidos sobre los movimientos de izquierda (o lo más próximo a la izquierda que se tiene en el país y en la región), para acusarlos de populistas, llevan consigo el germen de un elogio al despotismo ilustrado: la defensa intransigente de que, por definición, la masa de la población es estúpida, idiota (ambos términos tomados aquí en su sentido etimológico), y que por lo tanto requiere de un reducido cuerpo de ilustres, de notables, que la rescaten de su propia miseria intelectual al costo que sea necesario —aunque ese costo conlleve el sacrificio de cientos de miles de vidas humanas, por la vía del funcionamiento del mercado, la represión política directa, la criminalidad, la violencia estatal, la guerra. Y ese es justo el argumento más profundo en defensa del sostenimiento de una aristocracia privilegiada como núcleo articulador de la vida política nacional.

Por supuesto que en la historia de la existencia del Estado nacional moderno hay muchos ejemplos de cómo los destinos de una sociedad, en manos de la colectividad, han llevado a consecuencias desastrosas para la misma. El caso del nacionalsocialismo es el más puro ejemplo de ello. Sin embargo, apelar a la continuidad del despotismo ilustrado, del sostenimiento de una aristocracia que corrija la estupidez del vulgo, como la única y la más viable opción para mantener cierto orden, cierta paz y estabilidad social es excluir, ex ante, toda posibilidad de cambio que contenga el potencial para beneficiar a un mayor número de individuos y colectividades.

Además, en última instancia, tal posicionamiento defiende una ética en la que las consecuencias catastróficas del funcionamiento de los sistemas políticos y económicos vigentes son un precio justo de pagar por mantener dicho funcionamiento: y entonces las guerras, la hambruna, la desigualdad, la violencia, el empobrecimiento, etc., son justos y necesarios por el bienestar de una mayoría. Y al mismo tiempo, es un posicionamiento con una profunda incapacidad de reconocer que existen maneras de llegar a acuerdos que se están practicando en colectividades ahora excluidas; con un valor aún menor para aceptar que incluso si las decisiones de una colectividad la llevan a desaparecer, fueron decisiones colectivas, y la responsabilidad debe ser asumida como tal.