El paro general del 25 de junio contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste, los despidos, la pobreza, los tarifazos, la inflación, el intento de reforma laboral y para exigir la apertura de negociaciones salariales libres, convocado por las tres centrales sindicales con el apoyo gremios independientes y las pequeñas y medianas empresas que cerraron sus puertas, fue contundente en toda Argentina.

Los sindicatos y movimientos sociales y políticos bloquearon los accesos a la ciudad y marcharon luego hacia el Obelisco, en el centro de la capital, rodeados de un megaoperativo de fuerzas de seguridad. El paro, el tercero desde que Mauricio Macri subió al poder en diciembre de 2015, fue imponente. Las principales ciudades mostraron un alto acatamiento y como tal sus calles se vieron vacías y con negocios cerrados.

No hubo trenes ni autobuses, ni aviones, ni subte (metro). Las calles estaban vacías y hubo un altísimo nivel de acatamiento en todo el país, pese a la escasa credibilidad de la dirigencia gremial y el bombardeo de los medios oficiales y hegemónicos. El paro general significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política, dijo Juan Carlos Schmid, dirigente de la Central General del Trabajo, (CGT).

“El malestar en la sociedad desbordó el encuadramiento sindical y la gente se manifestó en contra del desorden económico que provocó el gobierno (…) ¿Saben por qué paramos? Paramos para poder seguir trabajando”, expresó.

El gobierno eligió manifestarse en forma despectiva sobre la medida: “Los paros no contribuyen a nada, no suman”, aseguró Macri durante una visita a Tandil junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Y el mismo guion fue repetido por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el de Trabajo Jorge Triaca, el de Hacienda Nicolás Dujovne y los dos socios políticos principales del macrismo, Elisa Carrió y el radicalismo.

Macri se lo quiso tomar en broma y subió en un breve video a las redes sociales ingresando a la Casa Rosada en el que dice “acá se trabaja” y desde la prensa hegemónica se insistía sobre lo que el paro costaba al país y sobre qué cambiaría al día siguiente. Los sindicalistas contestaron calmamente: en el último mes se han perdido 11 mil millones de dólares sin ningún paro y es el gobierno el que tiene que corregir su programa económico.

Héctor Daer, dirigente de la Sanidad, recordó que desde diciembre de 2015 se acumula una inflación de 95 por ciento. Fueron favorecidos impositivamente los sectores que más ganan y más tienen: el agropecuario y las mineras, y nosotros seguimos siempre tributando desde nuestro salario, desde el IVA, desde el impuesto a las ganancias. El gobierno no tiene la voluntad política de proteger a los trabajadores, dijo.

Con mayor firmeza hablaron los dirigentes de las Centrales de los Trabajadores Argentinos (CTA), como Hugo Yasky, para quien el paro fue una señal de rechazo absoluto al FMI y advirtió: garantizamos que no vamos a abandonar la calle ni un instante. Pablo Micheli, aseguró que los trabajadores “tienen conciencia de que hay que frenar este modelo económico que nos lleva a la destrucción de Argentina”.

La Iglesia católica recordó que el paro es un derecho cuando no hay respuestas de los gobernantes. Jorge Lugones, presidente de la Comisión Episcopal, señaló: cuando vemos que en una democracia hay excluidos, hay pobres, hay quienes pasan hambre viviendo en condiciones infrahumanas, sin trabajo, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no está funcionando bien. Consideró que una democracia sana supone la participación de todo el pueblo: la inclusión, la integración que implica dar oportunidad, ser corresponsable.

Agregó el obispo jesuita que cuando en una nación como Argentina, en la que hay tierra suficiente para que todos sean propietarios, riqueza suficiente para que todos tengan una vida digna, alimentos para un número de personas varias veces mayor que el número de sus habitantes, y sin embargo, hay muchos argentinos que no tienen techo ni tierra, ni trabajo, que comen menos de lo necesario y donde hay una grave desnutrición infantil, es obligación llamar fuertemente la atención de los gobernantes y de todos los sectores de la sociedad, porque por algún motivo la democracia y la sociedad están fallando.

Macri dispone de poco margen para hacer política económica con las manos atadas al acuerdo con el FMI por un puñado de dólares. La consecuencia no será la pasividad social que proponen Macri y su equipo de empresarios. Seguirán los motivos para protestar, se acrecentará el número de damnificados por el programa económico: más desocupados, subocupados, desempleados disimulados, alzas de precios de alimentos, tarifas, medicamentos, que agravarán las penurias de los más humildes y también de la clase media.

El clima de protesta y malhumor crece semana tras semana. No nació el 25 de junio de un repollo: viene germinando en el hambre que se extiende, en la desocupación y subocupación que crece, en la pérdida de soberanía y de derechos laborales y previsionales, en la represión, en el crecimiento de la pobreza y la caída de la clase media. Y crece en las sucesivas movilizaciones populares que jalonan todo este año.

Hace mal Macri en ser despectivo con los trabajadores y sus reclamos. En 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa debió huir en un helicóptero ante el estallido social provocado por la aguda crisis.

Rodolfo Koé Gutiérrez

Periodista económico argentino, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)