Un total de 17 muertos y la destitución del presidente constitucional paraguayo Fernando Lugo, fue el resultado legado por la masacre de Curuguaty ocurrida el 15 de junio de 2012, que tras seis años permanece viva en la memoria colectiva de la sociedad en Paraguay.

Once campesinos y seis policías murieron en Curuguaty durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar a unos 70 labriegos de las tierras públicas Marina Kue, en el departamento de Canindeyú (este), que habían ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria.

En julio de 2016, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a 11. La propiedad era reclamada por una empresa privada, Campos Morombí.

“Campesino sin tierra no es campesino. Queremos sembrar frijoles, mandioca y maíz, para que todos puedan comer. Gracias a las personas que nos apoyan ante la injusticia, no lograron y no lograrán matar a nuestros sueños. Nosotros somos presos políticos y queremos que ustedes sean nuestros voceros”, señalaba la carta-exhortación de los campesinos prisioneros en Tacumbú, leída en medio a lágrimas, un año atrás frente al Palacio de Justicia, por la joven Ramona González, esposa de Néstor Castro.

Castro, después de ser alcanzado por un disparo en la cara, fue condenado a 18 años de prisión. Al lado de Ramona, Karina Godoy y la pequeña Alma Vitória – esposa e hija de Arnaldo Quintana, también con condena de 18 años – expresaban el respaldo de las familias a la lucha por “Tierra, Justicia y Libertad”.

Una investigación de la historiadora Margarita Durán Estragó, indica que “quienes invadieron tierras que no les pertenecían, en completa agresión al Estatuto de la Tierra y a la soberanía alimentaria, ha sido (el latifundista) Blas Riquelme, con sus más de 75 mil hectáreas”

El Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj) recordó que Marina Jue, en guaraní significa “tierras de Marina” y estuvo ocupada entre 1967 y 1999 por una unidad militar, lo que desmiente el principal argumento de Riquelme, propietario de la Campos Morombí, quien afirmó que él ocupaba ese territorio desde hacía 34 años. “Recién cinco años después que la Armada dejó el local, Riquelme comenzó a derrumbar la floresta y cercar la tierra”, señaló Serpaj.

Seis años después del golpe

Los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero presentaron la última semana ante la Corte Suprema de Justicia un hábeas corpus reparador a favor de María Olmedo y Dolores López, quienes fueron condenadas a seis años de cárcel. Actualmente tienen sus penas compurgadas, pese a que la condena no se encuentra todavía firme.

Lucía Agüero Romero, una de las campesinas condenadas a seis años de prisión por el caso de la masacre de Curuguaty, queda en libertad luego de que Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya hecho lugar a un pedido de hábeas corpus, seis años después de su injusta prisión.

En el hecho murieron 11 trabajadores del campo y seis policías. El Congreso emprendió un proceso político contra el presidente constitucional Fernando Lugo, que se desarrolló en un tiempo de cinco días y cuyo juicio se realizó en 24 horas. Al final de la jornada Lugo, elegido popularmente, fue destituido de su cargo en un golpe parlamentario, y el mando interino de la nación lo tomó Federico Franco.

"Hubo un golpe de Estado parlamentario en el que los argumentos para un juicio político no tienen ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores", denunció en su momento Lugo.

El mandatario interino optó por dejar las investigaciones del caso en mano de la Fiscalía y desactivó una comisión de investigación que habría formado Lugo que contaba con la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Luego de varios meses de investigación el Ministerio Público acusó a 12 campesinos (entre ellos tres mujeres, dos embarazadas) de haber perpetrado los asesinatos, de los cuales fueron condenados cinco por los delitos de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal el 11 de julio de 2016, con condenas que variaban entre los cuatro y 30 años de prisión.

De acuerdo con el integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo en las investigaciones la Fiscalía solo tomó en cuenta los testimonios de 84 policías, dejando de lado a los campesinos. No se realizaron los peritajes correspondientes, ni estudios de balística para comprobar quién mató a los policías.

Como consecuencia de estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias de esta institución emitieron duras observaciones tanto a la justicia como al Gobierno paraguayo en marzo de 2013. Entre las observaciones se solicitaba al Estado investigar el caso de manera "independiente e imparcial".

A esta sugerencia, la Cancillería paraguaya respondió, a través de un comunicado, que los únicos responsables de investigar los hechos sucedidos en Curuguaty y juzgar a los implicados eran el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) procedió a tramitar la P-1950-14 (un pedido de respaldo de calidad de "amicus curiae), pedido que el Estado paraguayo solo procedió a plantear una excepción de agotamiento de recursos internos, negándose a entrar a fondo en el caso.

Esta fue la respuesta a la demanda interpuesta ante la instancia en 2014 en la que se acusa al Estado paraguayo por violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a un proceso con garantías judiciales y derecho de acceso a la justicia.

Cambia el Presidente, en el continuismo colorado y nada hace pensar que Abdo Benítez cambie la política del establishment paraguayo, de condenar a las víctimas para favorecer a los latifundistas.

Celso Guanipa Castro

Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)