El nuevo año en el Ecuador se inició con signos de violencia y conflicto: el estudiante Juan Carlos Luna, de 19 años, murió en Quito, a consecuencia de disparos que los familiares atribuyen a la policía. Al mismo tiempo, nuevas pugnas surgieron entre el Ejecutivo y el Congreso a propósito de la aprobación del presupuesto del Estado y las reformas constitucionales.

Luna, al igual que miles de estudiantes de secundaria del país, participaba en manifestaciones callejeras, mediante las cuales los jóvenes se oponen a la vigencia de la Ley de Libertad Religiosa, que establece dos horas semanales de religión en los planteles estatales y particulares. Los jóvenes, igualmente, protestan por la elevación en un 25% en el transporte urbano.

 El alza de las tarifas de los buses constituye un nuevo impacto en la economía de los ecuatorianos, afectados por las políticas neoliberales del gobierno de Sixto Durán Ballén, que han conducido a niveles de empobrecimiento que superan el 70 por ciento de la población.

Tras la muerte del estudiante, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, decretó un paro de 48 horas que se cumplió en todo el país. En ciudades principales como Ibarra, Quito, Ambato, Riobamba y Cuenca los estudiantes se movilizaron y se enfrentaron a la policía. El balance de dos semanas de lucha estudiantil fue el de catorce jóvenes y cinco policías heridos y treinta estudiantes detenidos.

La Ley de Libertad Religiosa, que será aplicada desde el próximo mes de mayo, ha sido motivo de una ardiente polémica y de numerosos conflictos. Auspicia- da por la jerarquía de la Iglesia Católica, a cuya cabeza se hallan algunos representantes del Opus Dei, la Ley fue aprobada por las tendencias parlamentarias de derecha y populista que dominan el Congreso.

El principal argumento de los mentalizadores de esta Ley es que el país vive una crisis de valores y que impartiendo el catecismo a los niños y jóvenes se podrá frenar la corrupción y la delincuencia, que alcanzan niveles alarmantes.

Quienes se oponen a ella, en cambio, sostienen que su aplicación no va a resolver la crisis moral y que, por el contrario, generará enfrentamientos entre ecuatorianos, que ya han comenzado.

 La Unión Nacional de Educadores -UNE- que agrupa a 90.000 maestros, los estudiantes, las comunidades cristianas de bases, los sindicatos, los evangélicos y anglicanos conformaron el Frente de Defensa del Laicismo, que ha efectuado movilizaciones y recolección 3% de firmas para impedir la aplicación de la Ley. El obispo anglicano, Walter Crespo, mientras arreciaban las manifestaciones estudiantiles, se mantuvo, durante nueve días, en huelga de hambre.

El Frente llamó a la desobediencia civil y resolvió que no permitirá su aplicación en escuelas y colegios estatales en los que laboran los profesores de la UNE. Las Fuerzas Armadas reaccionaron contra estas propuestas y el ministro de Defensa, Gral. José Gallardo, anunció "la aplicación de severas sanciones legales en contra de quienes pretenden alterar el orden del país".

El diputado Gustavo Larrea, del partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, expresó que vuelve a la escena un conflicto religioso ya superado hace 100 años, cuando triunfó la revolución liberal dirigida por Eloy Alfaro. Esta revolución estableció el sistema de educación laica, arrebatando a la Iglesia el control ideológico de los planteles públicos. El laicismo, según Larrea, constituye una de las conquistas más importantes de este siglo pues institucionalizó la pluralidad, la libertad de culto y enseñanza y el respeto a quienes piensan de manera diferente.

 Se reaviva la pugna

 Pero si en el ámbito del movimiento social se viven y se debaten estos problemas que forman parte de la ofensiva neo-conservadora, en la escena política el enfrentamiento entre los poderes del Estado está al orden del día, evidenciándose la fragilidad del sistema democrático.

El reparto del presupuesto del Estado fue la manzana de la discordia que enfrentó a los partidos políticos de derecha que desean canalizar recursos en función de sus intereses políticos, según señalaron analistas.

El gobierno de Durán Ballén elaboró un presupuesto del cual el 32% (1.070 millones de dólares) lo destinará al pago de la deuda externa que supera los 11.000 millones de dólares, el 48% a gastos corrientes y tan solo el 20% a obras de beneficio social.

El presupuesto debía ser aprobado, de común acuerdo con el Congreso, hasta el 31 de diciembre y entrar en vigencia el primero de enero. Esto no fue posible, porque la Comisión Parlamentaria de Presupuesto denunció que el Ejecutivo había ocultado ingresos por 500 millones de dólares, provenientes del alza de los combustibles y otros ingresos fiscales.

Según fuentes del Congreso consultadas por ALAI, con este excedente el equipo económico gubernamental se proponía dar una imagen de superávit y demostrar a los organismos internacionales que el plan económico funcionaba. Además de ello, consideran que el régimen, cuando se aproximan las elecciones de 1996, podía contar con dinero suficiente para repartirlo en función de sus intereses políticos.

 Al iniciarse el año, el Estado se encontraba sin presupuesto. El presidente Durán Ballén aprovechó la circunstancia para poner en vigencia su propio proyecto de presupuesto, pasando por alto la decisión del Congreso. Esto fue interpretado como un “golpe propagandístico“, tendiente a recuperar la alicaída imagen del Presidente que lo ha colocado en niveles de impopularidad del 60 por ciento, debido, entre otras, a su indecisión y a las acusaciones de estafa y mal uso de un préstamo estatal que pesa sobre el esposo de una de sus nietas.

La pugna fue finalmente superada mediante un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo que prevé el reparto de una parte del excedente entre las Fuerzas Armadas, las universidades y los gobiernos seccionales, entre otros.

Nueva consulta popular

Al tiempo que se cerró un capítulo del enfrentamiento, se abrió otro a propósito de las reformas a la Constitución que rige en el país desde 1979. En la consulta popular del 28 de agosto de 1994, se aprobaron ocho puntos que incluyeron la reelección en todas las funciones de elección popular, la participación de los independientes como candidatos, la doble nacionalidad, la prohibición de los legisladores de manejar fondos del presupuesto del Estado y la obligatoriedad del Congreso de reformar la Constitución en un plazo de 100 días. (Ver ALAI, 8.1. No. 202).

Al finalizar este plazo, el 12 de enero, el Congreso aprobó los temas de la consulta popular, más otras 24 reformas relacionadas con el reconocimiento del Ecuador como país pluricultural y multi-étnico, la protección especial de los niños, la protección del ciudadano a través de la defensoría del pueblo y otros. No obstante, el Congreso no alcanzó a tramitar el proyecto del Ejecutivo de 120 reformas que contemplan cambios sustanciales de la Constitución en función de su proyecto neoliberal.

Los temas de fondo sobre el que no hay consenso -ni al interior del Congreso ni con el Ejecutivo— se relacionan con el sindicalismo público, el área estratégica de la economía, la privatización del seguro social, la creación de dos cámaras legislativas, la modalidad para designar a la Corte Suprema de Justicia y la descentralización estatal.

La actual Constitución establece como áreas exclusivas de administración del Estado el petróleo que provee más del 50 por ciento de las rentas fiscales, la electricidad y las telecomunicaciones. Esto ha constituido un obstáculo jurídico para la concesión de estas áreas a la empresa privada.

El Ejecutivo se apresta a convocar a una nueva consulta popular, en la que se avizora un duro enfrenta miento político entre las distintas variantes de la oposición y el gobierno. Los temas de la probable consulta aún no se conocen pero varios sectores de opinión piensan que deben girar sobre aspectos trascendentes como las privatizaciones, la seguridad social, el sindicalismo público, la ley de libertad religiosa y la deuda externa.

 Publicado en el Servicio Informativo Nº 205, ALAI, 16-01-1995, Quito