Indudablemente la actual situación económica del país, indudablemente influenciada por el contexto de medidas coercitivas unilaterales (sanciones) no sólo afecta a la población y al sector privado de la economía, sino que tiene importantes implicaciones a nivel político e institucional. Esto nos obliga a un diseño de un modelo inédito multilateral enmarcado en la gobernanza mundial. La intención de estas líneas es la de argumentar algunas ideas acerca de los cambios que deberían implementarse dentro de la Administración Pública. Un primer apartado tendrá que ver con las posibles transformaciones que debe asumir el responsable de un cargo de dirección en la Administración Pública dentro del ámbito de responsabilidad de gestión. Se trata de un nivel micro de reflexión y de propuestas, pero que espera contribuir cambios sustantivos en la mejora de las instituciones públicas.

Un segundo apartado tiene que ver con un informe más macro, de carácter institucional, presentando propuestas globales de transformación de los diferentes niveles de la administración pública. Finalmente un tercer apartado dirigido a formular algunas reflexiones y propuestas sobre el sector público, entendido éste en sentido amplio: haciendo hincapié en todas unas estrategias de colaboración y cooperación entre el sector público y el sector privado.

La profundidad y amplitud de la actual situación del país, la cual inició con la crisis económica que inició en el año 2008, y la cual se ha agravado en el marco de un conjunto de amenazas multidimensionales y multiformes en el contexto del nuevo dominio del espectro global promovido por el gobierno de Estados Unidos, indudablemente generó sorpresa y genera incertidumbre en actos públicos y privados de Venezuela. Indudablemente esta tiene elementos comprensibles e incomprensibles. Dentro de los elementos incomprensibles en cuanto a la sorpresa es porque para muchos estudiosos es sabido que en un sistema de economía de mercado las crisis son cíclicas y después de una época de crecimiento tan amplia, de al menos 15 años sin duda, los que controlan dicho sistema nos iban a sumir en una crisis severa. En todo caso, es comprensible la sorpresa por la naturaleza de la crisis: crisis financiera derivada de la desregulación, crisis mundial con intrincadas interdependencias explicadas por el fenómeno de la globalización. Se disfrutó de un crecimiento inexplicable en el mundo gracias a la promoción de un mundo multicéntrico y pluripolar promovido por Hugo Chávez, y ahora se padece una situación compleja y difícil debido a la labor de lobby y de aislamiento internacional promovido por la corporatocracia mundial personificada en su mayor actos político como lo es en estos momentos la administración Trump.

Los distintos operadores que hacen vida dentro del sector público se encuentran desde hace rato padeciendo complicaciones en la administración de los recursos, ya que desde el año 2009 han venido concediendo menores recursos, aunque se incrementa en la inversión social. Este incremento de recursos públicos en la inversión social está destinado a paliar los efectos de la actual situación y a mantener los grandes servicios que prestan nuestras instituciones públicas, aunque a nivel micro, la mayoría de unidades administrativas y de ámbitos de gestión disponen de menores recursos que en años anteriores.

Es imprescindible en estos momentos ser estratégicos, puesto que sin unos sólidos marcos de definición estratégica en cuanto al diseño de nuestras políticas públicas y de definición de un modelo de gestión, las decisiones derivadas de la actual situación se van a tomar a ciegas y no tendrán el impacto esperado por los administradores.

La actual crisis económica y la posibilidad de que los recursos económicos continúen cayendo nos van a obligar a la inmersión de un proceso de toma de decisiones muy denso. Hay que definir recortes, políticas y servicios que vamos a dejar de percibir, sin sacrificar lo social, por supuesto. Y es de ahí que para la toma de decisiones con garantías institucionales y que generen las menores afectaciones externas de manera negativa es imprescindible poseer una hoja de ruta de carácter estratégico ya que sin ella nos perderíamos en los entramados decisionales. Antes de afrontar las decisiones vinculadas a la crisis deberíamos confeccionar dos documentos estratégicos que nos permitan definir como visualizamos nuestro ámbito de gestión de cinco a diez años. Un primer documento tipo plan estratégico que defina la misión, líneas estratégicas y los objetivos más relevantes de cada una de las unidades administrativas. Un segundo documento debería definir el modelo de gestión en el futuro dentro del amplio abanico de posibles alternativas institucionales.

También la crisis hay que verla como oportunidad para romper las lógicas incrementalistas, es decir, y el mismo presidente Maduro lo ha expresado en varias de sus intervenciones, aprender a hacer más con menos recursos.

También la obligación de ir dejando de lado políticas y servicios que pueden haber cumplido la función para la que fueron diseñadas, pero que producto de las circunstancias que actualmente afrontamos, no son las más pertinentes o han quedado obsoletas en el tiempo. El impulso de cambios dentro de nuestras organizaciones, y más si son de la Administración Pública a sus diversos niveles es una tarea verdaderamente complicada y harto difícil, ya que por una parte hay que afrontar importantes resistencias internas (todas las personas en el marco organizativo, en la mayoría de los casos tienden a ser conservadoras) , por otra parte hay también toda una constelación de clientelas que van a defender sus posiciones económicas, intereses y posiciones de poder, además de poseer importantes niveles de influencia sobre nuestros superiores. De ahí que la crisis y la merma de recursos pueden verse como una extraordinaria oportunidad, el argumento para la toma de decisiones muy positivas que redunden en la mejora de la gestión pública.

Es importante tener en cuenta que la toma de decisiones responsable no ligada al corto plazo sino al mediano plazo, se traduce en no tomar decisiones coyunturales sino con un amplio sentido estratégico.

En un principio, buena parte de las decisiones pueden ser razonables a corto plazo y a nivel coyuntural. Pero también es posible que, estas decisiones hoy razonables, sean muy perniciosas para el futuro próximo de nuestras instituciones. Decisiones tomadas de forma rápida y bajo mucha presión pueden generar una desinstitucionalización originadas por unas caóticas marchas atrás y hacia adelante que van a desubicarnos y nos pueden ubicar incluso hacia la pérdida de identidad de nuestra Administración Pública. De ahí la importancia de definir un proceso decisional bifronte: por una parte analizar lo que es más razonable para la organización a corto plazo y, por otra parte, estudiar los impactos de estas decisiones a mediano plazo. Solo con esta mirada estratégica que fija un ojo en el presente y otro en el futuro, pudiendo lograr un proceso de toma de decisiones razonable y beneficioso, o al menos no perjudicial para nuestras instituciones.

Por ahora lo dejaremos hasta aquí, pero pendientes porque esta historia continua.

Juan Martorano

Abogado, activista por los Derechos Humanos, militante revolucionario y de la Red Nacional de Tuiter@s Socialistas

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