Como nos lo han enseñado varios académicos, no es suficiente con ganar elecciones para lograr contar con gobernabilidad; la primera responde a la lógica que asimila, ‘un ciudadano un voto’, la segunda a la lógica del poder. Por ello se dice que un gobernante no puede desconocer el peso de actores estratégicos de poder como los empresarios, los actores militares, los grupos ideológicos, entre otros.

Por ello considero fundamental que en las propuestas de los candidatos presidenciales estén presentes consideraciones sobre el rol que asignarán a los grupos estratégicos de poder, en especial a la Fuerza Pública -Fuerzas Militares y a la Policía Nacional-, porque más allá de la tradición existente en nuestro país de una Fuerza Pública con subordinación formal a los gobernantes civiles democráticamente electos, lo real es que la misma involucra un actor institucional muy relevante, nada menos que quienes tienen el mandato constitucional de monopolizar las armas y garantizar la seguridad y defensa en la sociedad. Por ello, es necesario proponer una política de seguridad y defensa –que garantice seguridad institucional para todos los miembros de la sociedad-, que involucre no solamente las eventuales amenazas externas, sino las amenazas para la seguridad nacional y regional, así como para la seguridad ciudadana.

No hay duda que Colombia sigue teniendo en los distintos territorios una serie de amenazas a la seguridad nacional y regional, encarnadas en organizaciones guerrilleras como el ELN –independiente de si están o no en proceso de conversaciones con el Gobierno para terminar el conflicto armado-, los remanentes del EPL, las disidencias de las FARC; adicionalmente las organizaciones de crimen organizado denominadas como Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados (GAO), que son el principal riesgo de seguridad en las zonas periféricas y donde hay gran presencia de cultivos de uso ilícito y modalidades de rentas ilegales como la minería ilegal.

Adicionalmente, existe un desafío de seguridad regional muy grande y es la ausencia de Estado en amplios espacios del territorio nacional, que es mucho más que la presencia transitoria de la Fuerza Pública, es el reto de construir Estado en esos territorios y ganar la legitimidad necesaria en los mismos.

Pero igualmente hay necesidad de una política de seguridad fronteriza y una estrategia de defensa de los intereses nacionales –incluida la integridad territorial-, en áreas como el gran Caribe y la región Amazónica, que debe armonizarse con presencia permanente del Estado en las regiones de fronteras.

En el campo de la seguridad ciudadana, si bien es en buena medida una responsabilidad de los Alcaldes, que son los jefes de Policía en sus municipios, se requieren lineamientos generales de política que contribuyan a que las autoridades locales formulen sus políticas de seguridad ciudadana, de acuerdo con sus particularidades.

Sin duda es fundamental que el futuro Presidente, que será el Comandante Supremo de la Fuerza Pública, debe tener una política no sólo respetuosa con las instituciones militares y policiales, sino además unos lineamientos de política de seguridad y defensa –no hay que caer en la ilusión que con la firma del acuerdo de terminación del conflicto armado con FARC, se terminaron estos problemas- que oriente el desarrollo y accionar de la Fuerza Pública en su conjunto y de lineamientos acerca de los derroteros por los cuales se va a desarrollar la Fuerza Pública.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.