La reforma del acceso a la enseñanza superior que acaba de aprobar el gobierno francés parece responder exactamente a lo que se llama educación reproductora de las desigualdades sociales y   sigue sin resolver el problema de fondo de la educación: desligarla de las concepciones mercantilistas para que sea desde la escuela primaria una auténtica plataforma de igualdad de oportunidades para todos, cualquiera sea su clase social.

En el año 2000 escribíamos (Fragmento de La crisis actual del derecho al desarrollo, Cuaderno Nº 11, Universidad de Deusto, Bilbao, 2000, págs. 88 y 89). Alejandro Teitelbaum):

…En teoría, el derecho a la educación es un derecho igual para todos pero se puede constatar fácilmente que en la práctica no es así: en el mundo hay millones de analfabetos y muchos afirman que es necesario superar ese déficit educacional y garantizar las necesidades mínimas en materia educacional. ¿Por qué se habla de necesidades mínimas, y no simplemente de necesidades educacionales? Porque como se dice en uno de los artículos del Nº 101 de la revista Perspectivas, de la UNESCO, dedicada a la mundialización de la economía y las políticas educacionales: "La estructura laboral de la pirámide de personal no calificado, calificado y directivo se reprodujo en la estructura piramidal de la educación primaria para todos, la enseñanza secundaria para un grupo escogido y la educación superior para una élite"^[1]. Es decir que la educación tal como existe es reproductora de las desigualdades sociales. Es por eso que los que aceptan la perpetuación de las desigualdades sociales hablan de la satisfacción de las necesidades mínimas en materia educacional: alfabetización (en el mejor de los casos) para las masas y educación superior para la elite dirigente. Así es como desde la escuela primaria se crean las condiciones para mandar cuanto antes una buena parte de los niños a la producción.
 
El profesor Fernán Ferrer ha escrito: “Se trata, por lo tanto, no sólo de afirmar que el derecho a la educación es irrenunciable como principio sino que además éste debe ser aplicable al conjunto de los seres humanos con un grado de calidad equivalente. No es de recibo afirmar que es el libre mercado el que establece las diferencias según los méritos y cualidades de cada individuo o familia, cuando las situaciones sociales y económicas de partida de cada uno de ellos son claramente distintas”^[2].
 
Por eso la crítica de la escuela como reproductora de las desigualdades sociales se opone a las teorías que sostienen que la formación del “capital humano” tiene que ser rentable, es decir que el beneficio esperado debe ser superior al costo de la inversión: el mercado hace una inversión “eficaz” en la formación del capital humano, que la intervención “igualitarista” del Estado hace ineficaz porque no rentable. En otros términos, según estas teorías, el mercado haría la “selección natural” de los más aptos. El “rostro humano” de estas teorías es la igualdad de oportunidades, que consiste en poner a todos por igual en la línea de largada.
 
Estas teorías, con o sin “rostro humano”, legitiman la desigualdad en la enseñanza (y la desigualdad en general) porque desconocen las raíces económico-sociales (familiar, ambiental, etc.) del bajo rendimiento escolar.  Y el economista Thomas Piketty abunda en el mismo sentido en su libro L’economie des inegalités: no basta abrir las puertas de la escuela a todos por igual, sino que hay que crear las condiciones económicas y sociales para cambiar en sentido favorable a la educación el medio familiar y el medio social próximo de los niños y jóvenes en edad escolar ([3]).
 

  Notas

^[1] Phillip Hughes, Educación y trabajo: diálogo entre dos mundos, en revista Perspectivas, UNESCO, Nº 101, marzo de 1997, pág. 9.

^[2] El derecho a la educación y los programas de compensación de desigualdades, documento presentado por Fernán Ferrer, profesor de educación comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, al debate celebrado el 30/11/98 en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la educación. Documento E/C.12/1998/20. Naciones Unidas.