Ginebra.- El gobierno de Ernesto Zedillo ha intensificado la militarización del estado de Chiapas, alejando aún más la posibilidad de encontrar una solución política al conflicto. Esto se desprende de los informes que organismos de derechos humanos dieron a conocer en el marco de la 55ava sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Desde enero de 1994, el ejército mexicano, apoyado por Estados Unidos, ha instalado alrededor de 239 puestos y ha realizado numerosos operativos contra las comunidades indígenas. En particular, el blanco de la acción represiva constituyen los municipios autónomos, a los que el gobierno considera “como el peor enemigo del estado de derecho”.

Los 7 grupos paramilitares que actúan en Chiapas continúan su hostigamiento a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Iglesia de San Cristóbal de las Casas. Más de 100 indígenas presos, miles de desplazados, decenas de muertos y más de 200 observadores internacionales expulsados del país, revelan el clima de violencia imperante.

En la siguiente entrevista, Miguel Ángel Santos, abogado de la organización “la Voz del Cerro Hueco”, que agrupa a los presos políticos zapatistas encarcelados en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y en otras cárceles, da cuenta de la difícil situación que se vive en este estado mexicano.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Chiapas?

Creo yo que ha ido agravándose de manera preocupante, sobre todo en los últimos meses en que el gobierno mexicano ha intensificado su política de guerra de baja intensidad a las comunidades indígenas de Chiapas. Todo ello ha generado un incremento de la presión a las comunidades indígenas por parte de miembros del ejército, y el aumento de la beligerancia de grupos paramilitares que están muy activos, sobre todo cuando sienten el respaldo de autoridades del gobierno de Chiapas, de policías y militares.

Por supuesto que esto lo ubicamos como una consecuencia del incumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno mexicano y el EZLN.

Usted nos habla de una guerra de baja intensidad, ¿Qué entiende con este término?

Decimos que hay una guerra de baja intensidad porque el gobierno mexicano, a pesar de que ha declarado insistentemente que no va a reiniciar hostilidades con el EZLN, está desarrollando la guerra por otros medios. Es una guerra que se está viviendo todos los días debido a que se pretende, en muchas ocasiones, hacerla aparecer como producto de un conflicto comunitario. Por ejemplo, cuando se produjo la masacre de Acteal nosotros dijimos que era consecuencia del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el gobierno la explicaba como un conflicto inter-comunitario que explotaba con la masacre.

Es una guerra que se ha venido implementando desde hace algunos años, que se traduce, por ejemplo, en hostigamientos a defensores y observadores internacionales de derechos humanos, en expulsiones a numerosos extranjeros que llegan a Chiapas con el interés de conocer la situación de los derechos humanos, en ataques y agresiones a la gente vinculada a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. De manera permanente esta guerra de baja intensidad se traduce en un hostigamiento permanente a los habitantes de las comunidades que no pueden disfrutar plenamente del derecho al libre tránsito debido a la gran presencia militar y a la presencia de bandas paramilitares.

Con todo esto, decimos que aunque el término suene contrario, no es una guerra de baja intensidad sino que parece más bien una guerra de alta intensidad. Debido a la manera como se presenta, nosotros decimos que es una guerra abierta, no declarada.

 En este contexto, ¿cuál es la situación de los presos zapatistas en el estado de Chiapas?

Los presos son consecuencia de esa guerra que se establece en Chiapas. Estamos hablando de alrededor de 105 presos, mayoritariamente indígenas, todos bases de apoyo del EZLN, que fueron detenidos a partir de mediados de 1995. Muchos de ellos son autoridades de las instancias zapatistas conocidas como consejos autónomos, todos ellos sostienen procesos irregulares que violan derechos humanos. En todos ellos se presentan algunas constantes, por ejemplo: las personas que les acusan pertenecen a los grupos paramilitares o son militantes del partido oficial, el PRI.

 ¿Cuáles son las demandas principales de la Voz del Cerro Hueco?

La Voz del Cerro Hueco se conformó justamente como una plataforma para demandar la libertad de los presos injustamente detenidos. El gobierno mexicano ha justificado estas detenciones partiendo de figuras que le convienen, por ejemplo, en relación a los detenidos en los operativos dirigidos en contra de los municipios autónomos, dice que éstos estaban en flagrancia del delito, los agarramos en el momento en que estaban en usurpación de funciones, afirma. Debido a que, desde la detención se cometen irregularidades y existen violaciones a sus derechos, especialmente la garantía de seguridad jurídica, la Voz de Cerro Hueco tiene como demanda fundamental la libertad de todos los presos.

Muchos de los presos son autoridades de los municipios autónomos, ¿Cómo está evolucionando el asunto de los municipios autónomos?

Los indígenas venían siendo objetos en la historia y en la política mexicana, en algún momento dejaron de tener ese papel y asumieron una participación decidida en la historia, y comenzaron a ejercer sus propias formas de autogobernar se, de administrar justicia. Tradicionalmente en Chiapas alrededor de un municipio oficial priísta, las comunidades indígenas tenían que ir, a veces caminando cientos de kilómetros, a plantear una demanda o una resolución de un trámite. En muchas ocasiones no eran atendidos, o eran mal recibidos, o, sencillamente, no podían salir. Todo eso hizo que, en un momento dado, se plantearan la conformación de sus propias estructuras, que de acuerdo con su cultura, sus tradiciones y afinidades, pudieran servirles como instancias de resolución de sus problemas.

Qué funciones cumplen los municipios autónomos en el campo de la justicia, de la educación, en fin…

Ellos tienen su propia instancia de justicia, que se llama el Ministerio de Justicia, donde resuelven los conflictos entre personas, siempre de acuerdo con sus costumbres; tienen sus instancias de educación en donde privilegian el uso de su propia lengua, y en segundo término el español, lo que en las instancias oficiales no sucede; tienen instancias de resolución de sus conflictos agrarios; tienen su propio consejo autónomo y sus instancias de registro civil. Puede ser que no haya mucha diferencia con la otra forma de administración oficial, pero la administración indígena está conformada y funciona de acuerdo a las necesidades de los pueblos indígenas.

- Ante esta emergencia del “poder indígena”, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano?

Desafortunadamente, ha habido rechazo a estas formas de administración, tan es así que han sido encarceladas las autoridades de los municipios autónomos, problema que tiene que ver con la discriminación hacia los pueblos indígenas, y en segundo lugar con el temor a perder el control, en tanto que tradicionalmente las autoridades oficiales siempre están supeditadas al gobierno, siempre pertenecen al partido oficial. Por esta razón, para contrarrestar esta forma de organización autónoma, el gobierno de Chiapas ha comenzado a crear nuevos municipios oficiales para dividir a la población. En síntesis, la reacción del gobierno ha sido de lo más lamentable en términos de que no ha entendido que lo que el pueblo quiere es autogobernarse y que justamente los municipios son respuesta a una forma de gobierno tradicional con la que ya no está de acuerdo.

 ¿Cómo evalúa usted la consulta nacional que llevó a cabo el EZLN en México, el pasado 22 de marzo?

En términos de afluencia de personas, se rebasó lo previsto. En otro sentido, la consulta es la respuesta clara y directa al gobierno de que las demandas de los pueblos indígenas son una exigencia de toda la sociedad civil nacional e internacional. Esperamos que el gobierno mexicano entienda ese mensaje: que la sociedad civil también está exigiendo la reanudación del diálogo suspendido, y sobre todo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a este pronunciamiento de la sociedad civil?

Desafortunadamente no se avizora que vaya a haber el retorno del gobierno a la mesa de diálogo. El problema también es que se acerca la sucesión presidencial, y el gobierno de Ernesto Zedillo está menos interesado hoy día en resolver el problema, y quiere traspasarlo al que sigue. Estamos conociendo noticias que apuntan a la resolución violenta del conflicto, pues el gobierno mexicano persiste en su hostigamiento, en sus ataques a las bases de apoyo del EZLN, y eso constituye una provocación al ejército zapatista.

 Publicado en América Latina en Movimiento # 292 (ALAI), p. 15-16, 28-04-1999, Quito