• Severas penas contra dos oficiales de Gendarmería Nacional
• Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles
• “¡Los condenamos todos!, ¡El pueblo y la justicia”!

42 años después de los hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Argentina, condenó el segundo viernes de mayo a dos altos oficiales de Gendarmería Nacional que dirigieron entre 1976 y 1979 la Cárcel de máxima seguridad de Coronda. El comandante Adolfo Kuschindochi, deberá cumplir una pena de 22 años de reclusión en tanto su par, Juan Ángel Domínguez, 17 años. Ambos fueron acusados por los homicidios de Raúl San Martín y Luis Alberto Hormaeche y por haber implementado un régimen carcelario de “tormentos agravados” contra los presos políticos que pasaron por ese centro de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Si bien la Asociación Civil de ex detenidos políticos “El Periscopio”, en tanto parte querellante, había solicitado la prisión perpetua, la condena hecha pública el viernes 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital provincial fue considerada como “muy significativa” e “histórica”.

En particular, por sancionar las violaciones carcelarias más de cuarenta años después.  La decisión del Tribunal reconoce que los “crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”, evaluó Alfredo Vivono, ex preso de dicho penal y presidente de “El Periscopio”.

“Reivindicación para presentes y ausentes”

Desde lo político y emocional, “este fallo constituye una reivindicación para todos los que estuvimos en la Cárcel de Coronda, y muy fundamentalmente, para los que hoy no están. Sea porque perdieron la vida dentro del penal o bien porque han fallecido después. Algunos de estos compañeros padecieron graves trastornos producto de la detención”, recordó a manera de homenaje

Y subrayó el “gran logro de este juicio que acaba de culminar en Santa Fe ya que se da en un momento donde predomina en Argentina un clima político adverso a estos procesos”,

Se condenó el plan de aniquilamiento

La sentencia reconoce que existió el objetivo de “aislar y aniquilar a los presos políticos”, enfatizó Lucila Puyol, abogada que integró el equipo jurídico que representó a “El Periscopio”.

La también militante de la organización “HIJOS”, al conocer la sentencia, afirmó que “si bien habíamos solicitado la prisión perpetua - porque consideramos que es la pena que corresponde a este tipo de delitos aberrantes cometidos por estos genocidas- estamos muy satisfechos”. Señalando que lo más importante es que se trata de una condena emitida por tribunales ordinarios, sin tener que recurrir a fueros especiales. Puyol recordó que “en todos estos años, el pueblo argentino ha sabido levantar con mucha fuerza las banderas de memoria, verdad y justicia y recorrer el camino que nos enseñaron nuestras Madres de Plaza de Mayo”.

Guillermo Munné, que promovió la querella junto con Puyol, consideró como un “verdadero logro y un hecho histórico” el proceso de la Cárcel de Coronda. Resultado del trabajo mancomunado de los ex detenidos políticos de dicho penal, “que, aun sufriendo las más terribles condiciones y persecuciones, se organizaron, se mantuvieron unidos, resistieron, y defendieron la vida contra ese régimen homicida”.

Recordó que ya en 1984 se había presentado una primera denuncia, iniciando un largo camino de más de treinta años que llega hasta hoy.  “Incansablemente, el reclamo y la exigencia de justicia, desembocó en esta sentencia que condena a los imputados”.

El fallo, según Munné, prueba la responsabilidad de estos oficiales de gendarmería en tanto directores de la cárcel y la participación de ese cuerpo junto con las otras fuerzas armadas y de seguridad en el accionar genocida de la dictadura.

En distintos momentos del juicio la parte querellante y sus testigos, denunciaron la “Campaña Pensionistas” que se aplicó en el penal santafesino. Un operativo de inteligencia del Ejército que buscaba el aniquilamiento físico y psíquico de los presos políticos a quienes clasificaba en tres grupos: “resistentes”, “indefinidos” y “dúctiles”. Dicho plan buscaba “modificar conductas, impedir el indoctrinamiento (sic), promover las deserciones, desmoronar a los grupos políticos y recuperar al individuo”.

Este proceso y su consecuente fallo, concluyó el miembro del equipo jurídico de HIJOS, “amplia el escenario de acción genocida de la dictadura a las cárceles, que fueron verdaderos centros de tortura y exterminio”. Con su condena, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe suma así lo vivido en las prisiones *legalizadas* a lo que se padeció en los “chupaderos” o centros clandestinos de detención.

Coronda fue un campo de concentración

En la cárcel “la tortura era absoluta” y se trató de un “campo de concentración” de opositores a la dictadura, señaló el fiscal de la causa Martín Suarez Faisal, luego de conocida la condena, a Rosario 12, suplemento del periódico argentino Página 12.

El fiscal, que había solicitado 25 años de prisión para el comandante Adolfo Kushidonchi y 20 años para el comandante Juan Ángel Domínguez, logró probar que en Coronda se implementó un “plan de destrucción física y psíquica”. Como orgullosamente afirmaba uno de los acusados en ese momento, “de acá van a salir muertos o locos”, recordó el fiscal en esas declaraciones de prensa.

Si bien en todas las cárceles se implementaron regímenes terribles, “el de Coronda era el más abusivo de la dictadura en la Argentina. En el alegato yo lo comparé con (el campo de detención) Guantánamo. Si lo que dicen de Guantánamo es cierto, así era Coronda, la tortura absoluta”, subrayó el fiscal Suarez Faisal a Rosario/12.

Y fundamentó su pedido de “tormentos agravados”, en la intención de los directores de “torturar a sus prisioneros”, insistiendo en la premisa que de Coronda iban a salir muertos o locos.

“La muerte por tortura era una posibilidad y ellos la aceptaron como tal”, afirmó Suarez Faisal. En el caso de los detenidos Hormaeche y San Martín se trata de “tormentos agravados seguidos de muerte”.  Figura jurídica que también correspondería, según los abogados de la querella, a los casos de Juan Carlos Voisard y Daniel Gorosito, cuyas muertes hacen parte de otros procesos jurídicos en marcha.

Festejo popular

Las declaraciones orales que arrancaron el 14 de diciembre del 2017 y que involucraron a más de 60 testigos de la acusación, se convirtió en una constante y semanal movilización social. Fueron centenares los ex presos, familiares, amigos, personalidades políticas y asociativas, estudiantes de derecho y comunicación, que se dieron cita en el tribunal santafesino durante los últimos cinco meses.

Hasta culminar el 11 de mayo, con el anuncio de la condena, que se convirtió en una verdadera fiesta popular, retransmitida fuera del local en gran pantalla, y en directo por Internet. “Los juzga un tribunal, los condenamos todos”, fue el eslogan permanente durante el proceso. Luego de la condena, la consigna se reactualizó de la mano de esta victoria jurídica: “¡Los condenamos todos!, ¡El pueblo y la justicia”!

Sergio Ferrari, periodista, ex preso político de Coronda y miembro de “El Periscopio”