Los acuerdos de inversión son un rezago de la época colonial. Con la independencia de las ex colonias, los inversores de las antiguas metrópolis necesitaban garantías que ya no les daban las antiguas leyes nacionales de los colonizadores, especialmente en los sectores en que las inversiones eran robustas y rentables, como en el caso de las áreas mineras y grandes emprendimientos agrícolas basados en latifundios y plantaciones.

Para seguir operando bajo los nuevos gobiernos nacionales, varios de ellos, como consecuencia de las luchas de liberación nacional, necesitaban protección para sus inversiones, frente a los riesgos en un nuevo ambiente político y legal en construcción, y donde a menudo los bienes que eran explotados por estos inversores de las metrópolis coloniales constituían las únicas posibilidades para los países en formación de obtener divisas y recursos. Limitar esas posibilidades y resguardar su modelo de ganancia colonial era el objetivo inicial de los acuerdos de inversión.

Con base en los acuerdos ya firmados y ante la frecuente necesidad de arbitrar las disputas en cuanto a su aplicación, en 1965 se crea el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. El CIADI es parte integrante del Grupo del Banco Mundial, vinculado a aquella institución con sede en Washington DC, EE.UU., y regida por un esquema de cuotas que garantiza la hegemonía de Estados Unidos y de Europa dentro del Banco; no por casualidad es allí donde se localizan las antiguas potencias coloniales. Los acuerdos, combinados con el arbitraje del CIADI, serían la garantía para los grandes inversionistas en esa estructura.

Garantías para el capital financiarizado

Los años 1990 traen una novedad, con la hegemonía del gran capital corporativo financiarizado. Así, más allá de la estructura económica y legal existente hasta entonces, los capitales necesitaban reforzar su protección, en un ambiente en que las inversiones se volvían cada vez más líquidas, fluidas, como parte de grandes redes internacionales de fondos de inversión en búsqueda de rentabilidad.

De esta forma, al final de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio), que dura de 1986 a 1994 y culmina con la creación de la OMC (Organización Mundial del Comercio, que opera a partir del 1 de enero de 1995), la nueva estructura creada no se ocupa sólo de comercio, sino también de algunos otros temas estratégicos. Uno de ellos es la garantía de inversiones, regulada a través del acuerdo conocido por la sigla en inglés TRIMs (Medidas de Inversión Relacionadas al Comercio).

El acuerdo TRIMs, sin embargo, era todavía considerado excesivamente básico por los megainversionistas internacionales, que a través de sus lobbies intentaron constantemente ampliar las medidas hacia un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI). No lograron ese acuerdo en el marco de la OMC, pero en aquella institución se constituyó un grupo de trabajo sobre la relación entre comercio e inversión.

También intentaron forzar el AMI a nivel de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), una organización comandada por los intereses de los países sede de los grandes grupos financieros, a finales de los años 1990, donde tampoco lograron un acuerdo general, si bien a lo largo del tiempo han conseguido varios acuerdos de garantía más sectoriales. Pero la presión continuaba.

Así, a partir de los acuerdos sectoriales logrados en el marco de la OCDE (y de la propia Unión Europea), y del grupo de trabajo de la OMC, seguían las ofensivas por lograr una ampliación de la seguridad para los inversores. El objetivo, cada vez más explícito, no es sólo garantizar la llamada Inversión Externa Directa (como lo era en los inicios de los acuerdos de inversión, hasta mediados de los años 1990), sino la garantía también de las inversiones en cartera o en “portafolio” (activos financieros).

Con este objetivo, basado en el embrión presente en el acuerdo TRIMs y en los acuerdos alcanzados en el marco de la OMC, los grandes países pasan a incluir, en los acuerdos de comercio y otros en negociación, capítulos referentes a la llamada "liberalización de inversiones", que no es otra cosa que la garantía requerida por los intermedios financieros, sean empresas, bancos o fondos de inversión.

Los acuerdos bilaterales, acuerdos regionales y otros pasan a ser firmados con esos capítulos, extendiendo poco a poco las garantías a los inversores financieros; y eso a pesar de que la crisis económica de 2007/2008 ha dejado en claro que los movimientos desregulados de capitales financieros son la principal explicación de la aguda crisis internacional, de la que aún no nos recuperamos, y cuyas consecuencias económicas, pero principalmente sociales y políticas, están ahí para ser resueltas.

Inversores de los países emergentes

El cambio importante que tenemos en el nuevo siglo es que algunos países emergentes, varios de los cuales son ex colonias, empiezan a expandir las inversiones de sus empresas por el mundo. Estamos hablando aquí de países como China, India, Brasil, Turquía, Indonesia, Sudáfrica, Rusia y otros. Algunos de esos países son incluso los que se resisten hasta ahora a la expansión y profundización del acuerdo TRIMs en el marco de la OMC.

Bajo un nuevo ropaje (llamado "facilitación de inversiones") y buscando en parte relativizar las llamadas cláusulas ISDS (Investor State Dispute Settlement en inglés, las que permiten a las empresas privadas accionar directamente a los Estados Nacionales, y que son tomadas como base para la difusión de los intereses de los inversores internacionales a partir del TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México, en este momento en proceso de revisión), se promueve la defensa de los nuevos inversores internacionales de esos países; pero más que nada, se suman nuevos intereses que presionan por medidas que garanticen a los megainversores en el marco global.

De esta forma, algunos de esos países que son también miembros del G20 (China, Rusia, Brasil, Argentina), en la reunión del G-20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado, ya presionaron por la inclusión del tema en las discusiones. A ellos se suma, en el marco de la OMC, el llamado grupo MIKTA (acrónimo en inglés para los cinco países que componen el grupo: México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia), al que se añade el llamado grupo "Amigos de la Facilitación de Inversión para el Desarrollo" (Unión Europea, Japón, Suiza, Noruega, Canadá, Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda). Esta es la base de países para la discusión, aunque hay que señalar que, hasta aquí, India y Sudáfrica se resisten a adherirse a la propuesta en el marco de la OMC.

El hecho de que casi nada se avanzó en Buenos Aires, como resultado de la actuación del gobierno de EEUU, en aquella reunión, de buscar vaciar la OMC, no quiere decir que los intereses no persistan, y busquen un mejor momento para concretarse. Si hoy no es posible caminar con esas propuestas en el marco de la OMC, cabe señalar que la Unión Europea ya ha presentado una propuesta de estructuración de una instancia arbitral en el marco de las Naciones Unidas, en la llamada UNCITRAL (sigla en inglés para la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o CNUDMI). Los intereses siguen, con el peso político de los capitales financieros, pero queda por saber dónde van a lograr cristalizar nuevas propuestas en ese sentido. (Traducción ALAI).

Adhemar S. Mineiro es economista, Asesor de la REBRIP - Red Brasileña por la Integración de los Pueblos.