Panzós resuena en nuestra memoria, seguramente por haberse registrado en ese lugar una de las masacres más sonadas durante la guerra.

El 29 de mayo de 1978, 57 campesinos de origen q’eqchi’ fueron ejecutados por el Ejército en la plaza central de la cabecera municipal. Este crimen fue la respuesta a los campesinos que llegaron desde sus comunidades para reclamar la liberación de varios comunitarios detenidos por las fuerzas armadas que luchaban contra terratenientes que los habían despojado de sus tierras.

La masacre de Panzós es uno de varios hechos represivos contra el pueblo q’eqchi’ en la historia reciente. Masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violación de mujeres y de niñas, amenazas, desalojos y despidos ilegales e injustos, persecución y apresamientos políticos son parte del repertorio de acciones violentas y represivas cuyo objetivo sigue siendo el despojo de las tierras y de los bienes comunes de dicho pueblo.

En el marco de la guerra, militares y finqueros dirigieron acciones para imponer proyectos como la Franja Transversal del Norte y despojar a campesinos de sus tierras. Luego de la firma de la paz (1996), el despojo de tierras y territorios ha continuado para imponer a) la expansión de la producción de caña de azúcar y de palma aceitera, b) la apropiación de ríos para proyectos hidroeléctricos, c) la extracción de minerales y de metales preciosos y d) la disposición de corredores para el narcotráfico. Esto ha sido posible por las políticas estatales y la acción oficiosa de funcionarios públicos que activan mecanismos políticos, policiales, judiciales y extrajudiciales contra las comunidades y los dirigentes sociales, quienes resisten con el fin de preservar sus bienes y condiciones de subsistencia.

Con el objetivo de despojar de sus tierras a los campesinos se han utilizado diversos mecanismos que combinan la compra de tierras y contratos para la cesión de derechos sobre la tierra, en muchos casos con el engaño, la amenaza, la suplantación de títulos de propiedad y el asesinato. Complementariamente, la violencia institucional ha sido un mecanismo activado por las estructuras de poder en la apropiación injusta del territorio, la tierra y los ríos.

La represión ha sido la respuesta a la demanda y a la lucha campesina. En el territorio q’eqchi’ se refleja de forma cruda la estructura agraria del país: predomina el latifundio colonial, el minusválido minifundio y una población rural carente de medios de subsistencia. Esta situación se agrava con la invasión de los agronegocios, que provocan el desplazamiento de la economía campesina, el despido de trabajadores y la precarización de la oferta de empleo, todo lo cual impacta negativamente en el empobrecimiento, la marginación social y la producción agrícola necesaria para la subsistencia. Esto provoca que las organizaciones campesinas demanden tierras, mejores salarios y pago de prestaciones laborales, pero, ante la falta de una respuesta coherente del Estado, optan por la ocupación de tierras baldías, públicas y privadas, acciones que nuevamente encuentran la respuesta represiva y violenta de finqueros y autoridades públicas.

La masacre de Panzós constituyó un hecho histórico antecedido por el despojo y la violencia coloniales, que hoy continúan afectando al pueblo q’eqchi’. Durante la guerra, por ejemplo, dicho pueblo padeció miles de desapariciones forzosas y de ejecuciones extrajudiciales, como lo evidencia la exhumación de los restos de cerca de 600 personas en el Comando Regional de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz, Cobán). Recientemente, en marzo de 2011, familias campesinas en condición de mozos colonos fueron desalojadas por el ingenio Chabil Utzaj, que les negó el pago de prestaciones laborales. En agosto de 2014, las comunidades Monte Olivo y Semococh fueron reprimidas al resistirse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico que amenaza con despojarlos del río Dolores. En ambos casos el saldo fue la ejecución extrajudicial, heridas y la captura de varios campesinos. En la actualidad, dirigentes comunitarios como Bernardo Caal y María Cuc Choc, defensores del territorio y de los ríos, han sido criminalizados y capturados como mecanismo para disminuir la resistencia contra proyectos hidroeléctricos y mineros.

A 40 años de la masacre de Panzós, esta simboliza la continuidad del martirio del pueblo q’eqchi’, que sigue resistiendo al despojo y a la represión de estructuras de poder que se benefician con el modelo de acumulación de capital y del Estado que lo facilita.

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