Contradiciendo el pésimo precedente de que los instrumentos internacionales de derechos humanos son letra muerta y casi nunca se cumplen, Bolivia elevó a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por este organismo el 13 de septiembre del 2007.

En efecto, las dos cámaras del Congreso boliviano adoptaron esta resolución el 31 de octubre del año pasado y el Presidente Evo Morales promulgó la Ley el 7 de noviembre en un masivo acto al que asistieron representantes de los 36 pueblos indígenas del país.

En un país en el que 62 de cada 100 personas se reconocen como indígenas, la adopción de la Declaración como Ley de la República es un indicativo de que la situación de discriminación, racismo y opresión comienzan a cambiar bajo la batuta de un Presidente indígena que fue electo en 2005 y que cumple su oferta de gobernar por y para las mayorías bolivianas.

Evo Morales, en esa ocasión, recordó que solo hace 40 años los indígenas no podían ingresar al Palacio de Gobierno, tampoco a la Plaza Murillo y no podían usar las aceras de las principales ciudades del país. También dijo que ahora los indígenas son la reserva moral del mundo porque son pueblos que se definen en la comunidad y rechazan el egoísmo y el sistema basado en la individualidad.

El proyecto de Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente -y que deberá ser ratificada en referéndum- incorpora numerosas disposiciones sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente el relacionado con la autonomía. En lo relacionado a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos - como es el caso de la Declaración de Naciones Unidas - dispone que "los derechos y libertades reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables". (Título VII, artículo 255)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su complacencia por la decisión del Congreso boliviano, señalando que éste es el primer país en el mundo en elevar a rango de ley la Declaración. Igual posición comparten los indígenas del continente, para los cuales "este es el ejemplo que deben seguir los demás Estados" para que la Declaración tenga fuerza de ley y se puedan hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas.

Uno de los principales derechos negados es el acceso a la tierra y el territorio. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras realizar una visita oficial a Bolivia a finales del año pasado, señaló que ésta es la principal preocupación de las comunidades indígenas del país y la principal fuente de los abusos a sus derechos. "Si bien se han logrado avances en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de reconducción comunitaria, son todavía muchos los obstáculos que enfrentan estos procesos, generando la frustración de las comunidades. En las tierras altas, en donde predomina el minifundio y lo que se ha llamado el "surcofundio", numerosas comunidades originarias demandan la reconstitución de sus territorios ancestrales. En el Oriente y en la Amazonía del país, se han con- solidado latifundios, en muchos casos en contra de la ley, generando numerosos conflictos con la población indígena afectada, y a veces desplazada, documentándose serias violaciones de sus derechos humanos", señaló.

Con el objeto de que la Declaración de derechos indígenas tenga una amplia difusión y sea apropiada por todos los bolivian©s, el texto ha sido traducido a las lenguas nativas (aymara, quechua y guaraní).

Publicado en América Latina en Movimiento # 428 (ALAI), p.22, enero 2008, Quito