Tras varios días de protestas y violentos choques entre manifestantes y policías, que han dejado un saldo de decenas de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reculó en domingo en su decisión de reducir los montos de las jubilaciones e incrementar las cuotas obreras y patronales al Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), pero la protesta no cesó.

Miles de nicaragüenses marcharon pacíficamente el lunes contra el gobierno y en rechazo a la violencia policial. El mandatario nicaragüense siguió bajo presión cuando el Consejo Superior de la Empresa Privada, su aliado en sus últimos 11 años en el poder, mantuvo la convocatoria a la marcha, mientras los estudiantes exigían la renuncia de Ortega, a quien responsabilizan de la muerte de manifestantes.

La medida, que había sido adoptada el 16 de abril con el argumento de que era necesario dar estabilidad financiera al sistema de pensiones, provocó el enojo de amplios sectores populares, pero también el de la jerarquía eclesiástica católica –que había sido aliada tradicional de Ortega– y el de las cúpulas empresariales del país e hizo salir a las calles a miles de personas en las principales ciudades.

 Ortega descalificó a los manifestantes, a los que comparó con las maras (pandillas que operan en EEUU y países vecinos), y dijo estar dispuesto a dialogar únicamente con los empresarios, quienes declinaron la invitación si el gobierno no detenía la represión.

Ortega ordenó la censura de la televisión independiente que cubría las protestas y el despliegue del Ejército en las localidades más sacudidas por el descontento, y la violencia recrudeció. En la localidad de Bluefields, en la costa atlántica, el periodista Miguel Ángel Gahona fue abatido de un disparo cuando transmitía en vivo una confrontación entre manifestantes y policías, denunció el diario mexicano La Jornada.

El domingo, Ortega dio marcha atrás en el decreto de reforma del INSS, reconoció que no era viable y que había generado una situación dramática, y reiteró su llamado al diálogo a los empresarios, mientras sectores estudiantiles y de jubilados manifestaron su determinación de continuar la lucha hasta lograr la salida de Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quien ostenta los cargos de vicepresidenta y de primera ministra.

Nuevamente una reforma a la seguridad social, aplicando recetas clásicas del FMI -en este caso por un gobierno que se dice revolucionario-, desembocó en estallido social. El intento de Ortega era obtener unos 250 millones de dólares de la disminución de las pensiones y el incremento de las cuotas al seguro social.

Desde sectores de la izquierda se insiste en un paralelismo con lo que sucediera en años anteriores en Venezuela, con guarimbas callejeras que sembraban terror y desestabilización. ¿Es que la derecha planeó las movilizaciones o se montó sobre la marcha y busca aplicar el plan en el contexto de la arremetida continental de las derechas direccionado por un plan desde Washington?

El caso Lula en Brasil, la prisión de Santrich en Colombia, el abandono de Unasur por parte de seis países sudamericanos, parecen ser pasos de un proceso en el que también el gobierno de Nicaragua parece ser un blanco.

La Jornada señala que Ortega, antiguo comandante de la guerrilla que en 1979 derrotó la dictadura dinástica de los Somoza y que en la década siguiente encabezó un gobierno comprometido con las transformaciones sociales, hoy gobierna con un marcado patrimonialismo y una visión oligárquica, como formas autoritarias y hasta autocráticas y con una insensibilidad social de la que es ejemplo la actual crisis.

Sus antiguos compañeros de la lucha sandinista señalan que desde hace muchos años Ortega tejió alianzas con el empresariado y los sectores conservadores de la Iglesia católica. Ahora las ha debilitado y el gobernante permanece en una situación difícil y precaria, apoyado en el aparato político y administrativo del sandinismo desnaturalizado.

 Fueron varios días de manifestaciones violentas en Nicaragua, con una triste historia de un país ocupado e intervenido por EE.UU. en distintas oportunidades. Los analistas advierten de un intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores, socavando la paz interna y fabricando las condiciones para una etapa de acoso geopolítico.

Estudiantes, sectores de clase media, una parte de la Iglesia que los apoya y protege, se movilizaron con un solo discurso, el derrocamiento de un gobierno elegido popularmente.  Una veintena de sacerdotes, encabezados por el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, apoyaron públicamente a los que protestan en rechazo a las reformas del Seguro Social.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera en rechazar los anuncios con la excusa de que generaba “incertidumbre” y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.

En principio moldearon por las redes sociales y los medios hegemónicos de comunicación el sentido político que promovería la agitación, construyendo una narrativa de cohesión ciudadana frente a las reformas, en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.

Los edificios gubernamentales, y en especial las sedes del INSS, se transformaron en los puntos de partida de una violencia callejera en ascenso. La cuenta #SOSINSS, articuladora de las protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los choques, situando como víctimas a quienes protagonizaban los choques y servir de fuente primaria para la prensa internacional cartelizada.

Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió un modelo de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color que EEUU financió en los países del este europeo, en busca de lograr mayores grados de confrontación para debilitar al gobierno y colocarlo a la defensiva.

Nadie duda que detrás de estas movilizaciones para impulsar el cambio de régimen esté la mano de EE.UU. y su financiamiento a ONGs, organizaciones políticas opositoras y fundaciones. Un total de 31 millones de dólares fueron entregados por la Usaid en 2016 bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”, título que sirve tanto para promocionar foros y actividades académicas, como para asesorar en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y desestabilizar el país.

El 16 de abril el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y apellido a los organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las calles: “Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh, CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre otros, así como grupos políticos (FAD, MRS, etc.) y medios de comunicación como la misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los brazos y bolsillos abiertos en espera que la USAID siga destinando dinero para eternizar el estatus de vida que llevan”.

Gerardo Villagrán

Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)