La gente se divierte mirando a los políticos. Ellos se pelean, se insultan, se graban y negocian en privado lo que es de todos. El Perú no es ajeno al déficit de liderazgo democrático que impacta negativamente en la región. De esto al abismo de algún populismo sin coto, hay poco. 

En su mensaje a la Nación, el presidente Vizcarra habló de un “pacto social”. Ahora que nuestra política se ha convertido en un deporte de contacto con golpes debajo del cinturón, hace sentido redefinir la relación entre ciudadanos y representantes, y entre quienes aún conforman el elenco estable de la política. Por ejemplo, ha sido grave tener una mayoría aplastante que no se ha comportado como debería hacerlo la fuerza dominante del Congreso. Esto tenemos que arreglarlo o resignarnos a su repetición, pues las posibilidades de que —nuevamente— un tercio de la votación congresal se traduzca en dos tercios de las curules son elevadas.

El pacto debe definir qué se espera de la clase política, además de que se ponga a trabajar de lunes a domingo. Un primer tema a arreglar es el balance de poder, restablecer el equilibrio y algún tipo de control para evitar el abuso de las mayorías, porque no se puede vivir con un presidente que tiene minoría relativa y absoluta en el Congreso. Ser oposición en mayoría y en minoría no da lo mismo. Si eres mayoría en el Congreso, tienes responsabilidad en la gestión, en alcanzar las metas ciudadanas y en el cumplimiento de alguna agenda pública. Si eres minoría, dedicarte a la fiscalización está bien. El pacto podría discutir también medidas como la de ‘votos dorados’, reservados para el partido de gobierno si se encuentra en minoría, votaciones súper-calificadas en las que se requiera de la bancada oficialista, la no insistencia en determinadas normas, entre otras.

Segundo, el pacto establecería parámetros de respeto mutuo entre los actores políticos, que permitan bajar la tensión e instaurar un clima que propicie el entendimiento político. Para dejar de lado las peleas y ocuparnos de lo importante, el pacto deberá incorporar una estación de interpelación una vez por mes, en la que el Ejecutivo acuda al Congreso a rendir cuentas sobre las cosas que viene haciendo o detallar acciones específicas que sean de interés del Congreso. De esta forma la censura como acto inopinado pierde sentido y estaría reservada para casos que verdaderamente lo merezcan.

Este pacto sería la base para que los objetivos del Acuerdo Nacional se ejecuten. Ponernos de acuerdo en los términos del debate permitirá orientar de mejor modo la discusión de lo público. Por ejemplo, el Congreso hoy tiene la cuestión de pasar el personal CAS a planilla, y esa decisión avanza sin ninguna discusión sobre los impactos esperados de la norma, o si es que nos acerca a cómo queremos conducir el empleo público y el servicio civil necesario para la gobernabilidad democrática. Lo que nos recuerda que no basta solo una reforma legal, sino un acuerdo amplio para limpiar la política; y para fortalecer la política hay que fortalecer la justicia.

El pacto heredado es uno de corrupción, desconfianza y pesimismo. Ese pacto no es una perversión del sistema, sino su esencia, y solo sirve para gobernar de la peor manera: contra el pueblo, contra la clase media, contra los derechos y contra el desarrollo. Por ello es tan importante exigir el pacto social propuesto con urgencia, pues la ventana para que ocurra es pequeña y breve. En cuestiones prácticas, la perfección es una idiotez. Avancemos con este nuevo pacto y no lo rompamos antes de empezar.

Martín Soto Florián

Abogado y Director del Grupo Valentín Paniagua

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