La ley de convergencia de las telecomunicaciones mutó a carita feliz.

El gobierno de Macri presentó un proyecto de ley apodado como “corta” que autoriza a las telefónicas a brindar servicio de tv satelital, refuerza normas para que los operadores de telecomunicaciones y TIC compartan infraestructuras (torres, postes, ductos), e incluye una cláusula por la que “la comercialización de señales o programas audiovisuales debe efectuarse en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias”.

Las empresas Claro y Telefónica, son los beneficiarios del proyecto de Ley Corta que Cambiemos envió al Senado. Una ley que permite a las telefónicas brindar servicios cuádruple play. La iniciativa viene a compensar a Telefónica y Claro ante la expansión del grupo Clarín con la fusión Cablevisión Telecom; accediendo a un viejo reclamo de ser habilitadas a brindar tv paga por vía satelital, servicio que Telefónica hace brinda en varios países de la región.

Este arbitraje busca equilibrar el mercado de las telecomunicaciones argentinas cuya agenda está definida por el grupo Clarín. Además de preparar los presentes para la próxima recepción del presidente Rajoy quien promueve desde Telefónica España las posibles inversiones en Argentina. Con el objetivo de mostrar “competencia” en el mercado de telecomunicaciones local, Cambiemos intentará en el Congreso sancionar el proyecto de Ley. Posibilitando que la fusionada Cablevisión Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son los del Grupo Clarín, ya no ocupe una posición dominante en la ofertar a los hogares argentinos de servicios de televisión paga, telefonía móvil, telefonía fija y conexión a Internet, es decir servicios cuádruple play. Ni Telefónica ni Claro cuentan con la capacidad de competirle a Cablevisión en el segmento de tv por cable, pero sí pueden desplegar una propuesta convergente con los servicios de tv satelital.

El proyecto enviado al Congreso, expone beneficios tales como “contribuir a reducir la brecha digital; promover la competencia del sector, favorecer las inversiones y dinamizar el mercado, facilitar el mejora en la oferta de servicios y su calidad, y la reducción de los precios a los consumidores y usuarios”.

En la práctica propone autorizar a las empresas de telefonía ofrecer servicios de televisión satelital, algo que hoy no pueden. Así Telefónica y Claro podrán competir supuestamente con el Grupo Clarín. Aunque para garantizarles el negocio a todos, el Gobierno de Cambiemos adjudicará nuevas Bandas de Frecuencia 4G que poseen la estatal ARSAT. El proyecto de ley concentra más infraestructura pública en manos privadas al pretender otorgar bandas de frecuencia propiedad de ARSAT. Es otro retroceso en el rol regulador del Estado. Mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos.

El Ministerio de Modernización será el encargado de definir los detalles de varias de las disposiciones mencionadas en la Ley, sin establecer un marco de referencia objetivo, por lo cual los efectos de la misma, dependerán y se conocerán durante el proceso de implementación. La promesa oficial de tramitar una “ley de la convergencia” integral se convirtió en un arbitraje para que tranquilizar a telefónica y coronar la fusión de Clarín, todos ganan.

Durante 28 meses se entretuvo a la opinión pública con las bondades de la futura “ley de convergencia” denostando las leyes para el sector de telecomunicaciones del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner. Cambiemos a espaldas del Congreso, estimuló por decreto la apertura del mercado satelital, la discontinuidad del desarrollo satelital argentino, la concentración de las comunicaciones, erosionó la competencia, favoreció al grupo Clarín como cuarto operador de telefonía móvil, favoreció la fusión Cablevisión Telecom y vaticinó una epopeya de las inversiones. Los hechos dicen que el proyecto de ley que el próximo martes 10 de abril comenzará a tramitar en comisión el Senado cita objetivos de leyes denostadas como la 27078 de telecomunicaciones y TIC, Argentina Digital. Conserva parte de su encuadre y modifica parcialmente algunos artículos para adaptarlos a las necesidades de grandes actores de la industria que habían sido postergados y prometerle a pequeños y medianos, así como a cooperativas, que la futura reglamentación contemplará su sustentabilidad y promoverá la competencia.

Sin embargo, la norma no incorpora nuevos actores sin fines de lucro como cooperativas y entres oficiales, dejando la calidad y el precio librados a las condiciones del mercado que fijan los privados. El proyecto acota su participación a ser “Operadores Móviles de Red para Operadores Móviles Virtuales en la localidad de que se trate, para promover la competencia en la prestación de servicios y la sustentabilidad de Cooperativas y PyMEs”.

Queda en segundo plano la apropiación de las Bandas de Frecuencia que la Ley 27.208 asigna en forma exclusiva a ARSAT. Esta norma, en su artículo 11 fija “resérvense con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente ley’”. El proyecto oficial deroga dicho Anexo II (donde se detallan las frecuencias asignadas) y faculta al Poder Ejecutivo a disponer de las mismas. Ahora podrá ser asignada a los operadores privados, los únicos actores autorizados como operadores de los servicios de telecomunicaciones.

La Ley 27.208 establece la reserva Bandas de Frecuencias con el objetivo que “El Estado Nacional debe intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello” previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para Municipalidades, Cooperativas y Entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares”. A más de dos años de dicha sanción, el Gobierno de Cambiemos no ha cumplido con esta obligación. Y hoy quiere hacerla desaparecer.

Es de esperar que los representantes provinciales y directos del pueblo argentino en el Congreso Nacional estén en el conocimiento de las modificaciones que debe tener dicho proyecto para que garantice que el ente regulador ENaCom trabaje en pos de la defensa y el desarrollo del patrimonio nacional en el sector TICs y proteja lo servicios a los ciudadanos. De lo contrario los grandes operadores del mercado de las telecomunicaciones ganan todo y los ciudadanos pierden como consecuencia de un Estado que se achica y no regula a favor de la “última milla”.

Alfredo Moreno

Computador Científico. Delegado FOETRA ARSAT. Profesor TICs UNM

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