Martín Vizcarra asumió la presidencia tras renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero nada garantiza que mayoría fujimorista en el Congreso le permita gobernar.

Al mejor estilo de Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor del indultado exdictador Alberto Fujimori, el congresista Moisés Mamani se infiltró entre el grupo disidente de Fuerza Popular, encabezado por Kenji Fujimori y conocido como “Avengers”, y filmó las negociaciones con el Ejecutivo para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Mamani, legislador de Fuerza Popular por Puno, se acercó a los Avengers y simuló estar descontento por la forma como Keiko Fujimori manejaba Fuerza Popular. Mamani filmó a Kenji Fujimori, a los congresistas disidentes Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, y al exministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, entre otros, quienes le ofrecían que los proyectos de su región tendrían un trato privilegiado a cambio de su voto en contra del segundo pedido de vacancia que enfrentaba Kuczynski.

Esta celada recordó de inmediato a los llamados “vladivideos”, divulgados a fines del 2000, que mostraban a Montesinos comprando el apoyo de congresistas y medios de comunicación para el ilegal tercer gobierno Fujimori y que desencadenaron la caída del régimen.

El 21 de diciembre, Kuczynzki, conocido como PPK, se salvó de un primer pedido de vacancia gracias a los votos de los Avengers. La moción de vacancia por incapacidad moral había sido presentada por el izquierdista Frente Amplio, dos días después que la fujimorista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato en el Congreso presentara en conferencia de prensa una carta de la constructora Odebrecht en el Perú confirmando los pagos que la empresa había hecho a Kuczynski cuando era ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), algo que el mandatario había negado.

La víspera de Navidad, Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Con el paso de los días quedó claro que el indulto había sido producto de un pacto político con Kenji Fujimori, hijo menor y favorito del exgobernante, con lo cual el descrédito y la debilidad del presidente se agravaron. Su aprobación se desplomó, llegando a 15% según una encuesta de la consultora GfK, mientras que 55% estaba a favor de la salida de Kuczynski de la presidencia.

Kuczynski asumió la presidencia el 28 de julio del 2016 tras ganar la segunda vuelta electoral por un estrecho margen a Keiko Fujimori, quien se había impuesto en la primera vuelta electoral con 39% de los votos y logró colocar en el Congreso 73 legisladores de 130. En su primer mensaje a la nación Kuczynski aseguró querer “una revolución social para mi país. Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario”.

“¿Qué significa ser un país moderno? Significa que las desigualdades entre los más pobres y lo más ricos deben resolverse levantando el ingreso de los más pobres”, dijo.

Sin embargo, esa “revolución social” nunca se plasmó. Si bien PPK tuvo que enfrentar un Congreso hostil, cuyo único objetivo era vengarse de quien supuestamente le había arrebatado la presidencia a Keiko Fujimori, lo cierto es que su gestión no pudo mostrar acierto alguno. Sus gabinetes fueron esencialmente tecnócratas, conformados por ministros provenientes del sector privado, unos pocos con experiencia previa en el Estado, pero con una enorme incapacidad política y con el único objetivo de preservar la marcha de la economía neoliberal.

La aparición de nuevas pruebas contra Kuczynski de sus vínculos con Odebrecht motivó la aprobación el 15 de marzo de una nueva moción de vacancia “por incapacidad moral permanente”.

En reunión con la prensa extranjera el 19 de marzo, el congresista César Villanueva, del partido Alianza para el Progreso, afirmó que “el principal promotor de la vacancia es el propio presidente Kuczynski. Hemos verificado paso por paso que no ha dicho la verdad, no una vez ni dos ni tres, sino que es inherente a su conducta”. Por su parte, Alberto Quintanilla, legislador del izquierdista Nuevo Perú, preciso que “Kuczynski confunde los intereses públicos y los intereses privados. Ha facilitado negocios privados cuando era funcionario público. Eso constituye una infracción constitucional y delito penal”.

Hasta ese momento no se tenía los 87 votos para asegurar la vacancia, pero la aparición de los videos filmados por Mamani desencadenó la renuncia de Kuczynski a la presidencia el 21 de marzo, un día antes que el Congreso debatiera la vacancia. En una carta enviada al presidente del Congreso, Luis Galarreta, Kuczynski responsabilizó a la mayoría legislativa de “la constante obstaculización y ataques desde el primer día de mi gobierno”.

“Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar”, señaló Kuczynski. “Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional”.

Para el analista político Fernando Tuesta, era entendible la renuncia de PPK porque “la vacancia es uno de los procesos más humillantes”, especialmente proveniente de un Congreso tan desprestigiado.

El también analista político Eduardo Dargent, precisó que “la verdadera razón para la vacancia de PPK era Odebrecht, pero con el indulto cavó su propia tumba”.

“El gobierno de Kuczynski fue uno de los más cortos de la historia reciente del Perú”, dijo Tuesta ante la prensa extranjera. “PPK llegó al poder a pesar de él. No era un buen candidato”.

En su columna del diario La República, publicada el 27 de marzo, el historiador Nelson Manrique trata de explicar los motivos por los que Kuczynski se lanzó a la presidencia.

“Aparentemente pensó que gobernar un país no era sustancialmente diferente a dirigir una empresa. ¿No decían todos que se requería un empresario para gobernar el país? Ser presidente, además, era la realización del sueño de un lobista, con la promesa de usufructuar posiciones en el gobierno para impulsar sus propios negocios, como lo hizo cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. La gente de la que se rodeó para gobernar encaja con el mismo designio: un alegre equipo ducho en mezclar los intereses públicos y privados y transitar por la puerta giratoria, entre los cargos de gobierno y los directorios de las empresas privadas”.

Aunque Kuczynski podría verse como una víctima de la lucha encarnizada por el poder entre los hermanos Fujimori, lo cierto es que la corrupción es la principal lacra inmersa en la clase política desde la época de la Colonia. Como ha señalado el historiador Alfonso Quiroz en su libro póstumo Historia de la corrupción en el Perú (2013), “en el Perú, la corrupción no era algo esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad”.

“La corrupción constituye, en realidad, un fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas y privadas. No se trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por parte de unos funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela comprende el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada de programas y políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral y otras trasgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal de partidos políticos en busca de extraer favores indebidos) que despiertan una percepción reactiva en el público”, afirmó Quiroz.

La caída de Kuczynski, como bien menciona José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, en un artículo publicado el 2 de abril por el diario El Comercio, es producto de un “escándalo multicausal: graves conflictos de interés mientras era ministro, un indulto fraudulento para liberar a su predecesor condenado —entre otros delitos— por corrupción y una estrategia de captación de votos de la oposición a cambio de favores políticos”.

Como recuerda Ugaz, actualmente “más mitad de los gobernadores regionales investigados por corrupción (y varios presos), la gran mayoría de alcaldes expedientados por la misma razón y los últimos cuatro presidentes de nuestra primavera democrática presos, prófugos o investigados por corruptos, la realidad confirma nuestro devenir histórico. ¿A qué se debe esta situación? ¿Será que corre en nuestro ADN? ¿Estamos condenados a un destino fatal por el hecho de ser peruanos?”.

Kuczynski, quien está siendo investigado por lavado de activos en relación a los pagos que recibió de Odebrecht, se suma a los otros presidentes peruanos que desde el 2001 están involucrados en delitos de corrupción. Toledo, acusado de haber recibido US$20 millones de Odebrecht durante su mandato, está con orden de extradición desde EEUU; Alan García (2006-2010) está siendo investigado por haber recibido dinero de Odebrecht; Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia se encuentran bajo prisión preventiva de 18 meses desde julio del 2017 luego que directivos de Odebrecht afirmaran ante autoridades judiciales la entrega de US$3 millones en el 2011. A cambio de esos pagos, Toledo, García, Humala y Kuczynski facilitaron la entrega de obras públicas a la constructora brasileña. Keiko Fujimori también está bajo investigación por aportes de Odebrecht a sus campañas del 2011 y 2016.

Tras la renuncia de Kuczynski, el 23 de marzo asumió la presidencia Martín Vizcarra, primer vicepresidente, quien se desempeñaba como embajador del Perú en Canadá y recién 10 días después juramentó a su gabinete encabezado por César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros.

Salvo una raleada marcha el mismo día de la juramentación de Vizcarra, la población fue una mera observadora de cómo se iban desarrollando los hechos. Ni siquiera la economía se movió con la salida de Kuczynski.

Aunque Vizcarra tuvo gestos importantes la primera semana de su mandato, que debe culminar en el 2021 cuando se cumple el Bicentenario de la Independencia, también ha tenido algunos desaciertos como ha sido la elección de algunos de sus ministros con serios cuestionamientos.

Por ejemplo, la nueva ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, exjefa del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), fue una de las autoridades que a principios del 2016 intervino para facilitar que cargamentos de madera ilegal fueran liberados en EEUU, según el informe “El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”, dado a conocer el 6 de febrero. (Ver ALAI: Falta de voluntad para detener tala ilegal https://www.alainet.org/es/articulo/190987).

Igualmente, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, se pronunció a favor del indulto a Fujimori, tiene estrechos vínculos con el fujimorismo y ha trabajado con cuestionados personajes como Alex Kouri, exalcalde del Callao, sentenciado a cinco años de prisión por corrupción.

El ministro de Defensa, general en retiro del Ejército José Huerta, fue firmante de la llamada “acta de sujeción” en 1999 en la que los altos mandos militares y policiales comprometían su lealtad al régimen de Fujimori y Montesinos y garantizaban la impunidad de efectivos militares frente a casos de violaciones a los derechos humanos.

Para el analista José Alejandro Godoy, “se trata de un equipo ministerial con menos peso político del que se pensaba. Casi por completo está centrado en César Villanueva, un presidente del Consejo de Ministros al que se vislumbra como un contemporizador (aunque también puede pecar de pretender quedar bien con todos y, con ello, mal con nadie). Los demás ministros —con excepción de Salvador Heresi— tienen un perfil más bien técnico”.

“Si bien no es un ‘gabinete de guerra’, tampoco es un equipo que, en términos generales, haya tenido el beneplácito total del fujimorismo”, agregó Godoy en su blog. “Si pudiéramos encontrar un símil para el nuevo equipo ministerial, sería parecido a un típico gabinete de Ollanta Humala: ortodoxos en sectores económicos, liberales y socialdemócratas en carteras sociales, militares y policías en retiro para las carteras ligadas a seguridad”.

El gran reto del nuevo gobierno será la VIII Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 13 y 14 de abril. El 3 de abril, el nuevo canciller Néstor Popolizio ratificó que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro no está invitado al encuentro de mandatarios del continente, siguiendo la misma línea que tuvo Kuczynski.

Aunque inicialmente Maduro respondió a Kuczynski que participaría en la cumbre “llueva, truene o relampaguee”, en marzo gobiernos aliados de Venezuela, reunidos en la XV Cumbre del ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) en Caracas, rechazaron “la exclusión de la hermana República Bolivariana de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moros, en la VIII Cumbre de las Américas, pues consideramos que dicha cumbre debe ser un punto de encuentro para todos los Estados del continente y un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, de sentir y debatir, respetando nuestra diversidad”.

Entre los jefes de gobierno que han confirmado en principio su asistencia se encuentran Mauricio Macri (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Justin Trudeau (Canadá), Juan Manuel Santos (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Raúl Castro (Cuba), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador), Donald Trump (EEUU), Jimmy Morales (Guatemala), Juan Carlos Varela (Panamá) y Danilo Medina (República Dominicana).

Simultáneamente se llevará a cabo del 10 al 14 de abril la Cumbre de los Pueblos a la que participarán representantes de organizaciones sociales, sindicatos, colectivos y partidos de izquierda. Los presidentes Evo Morales y Raúl Castro, así como el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, estarán presentes en el evento alternativo que tiene prevista la realización de más de 40 eventos, así como un encuentro de articulación social continental y un festival político-cultural en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.