Nadie se animaría a disentir con la idea que vivimos en un mundo digital. ¿Pero qué quiere decir realmente eso? Hay varias interpretaciones, pero lo cierto es que los datos han adquirido una gran relevancia en la última década. Y los producimos todo el tiempo, generalmente a través de las páginas web que visitamos y las aplicaciones que tenemos en nuestra computadora o celular.

 Generamos tantos datos que la cantidad de tiempo que se necesitaría para procesarlos es inimaginable, pero eso no parece intimidar a las firmas, que invierten mucho dinero para almacenar cada vez más, a la espera que algún día puedan convertirse en valiosa información.

Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon (entre otras) hacen mucho dinero con los datos que generamos mientras navegamos en sus páginas, aplicaciones y dispositivos. No es casualidad que sean las mismas empresas que se han pronunciado en contra de la derogación de la neutralidad de la red.

De la misma forma que el capital financiero, para su reproducción, impulsó normativas que garantizaran su libre entrada y salida de los países, estas firmas, que almacenan datos como si se tratara de una nueva forma de capital, están preocupadas que nada interrumpa su proceso de acumulación.

Del otro lado, se ubican las principales prestadoras de Internet en Estados Unidos: AT&T, Comcast y Verizon (AjitPaji, designado por Donald Trump al frente de la FCC, fue justamente abogado de esta última); que ahora podrán cobrar a sus abonados cuotas adicionales para acceder a ciertas páginas, descargar aplicaciones o cargar nuevos contenidos.

 La neutralidad de la red fue noticia el pasado 14 de diciembre, cuando 3 de los 5 miembros de la Federal Communications Commision (FCC) votaron para derogar la Orden de Internet Abierto, que prohibía a los proveedores del servicio de Internet en Estados Unidos bloquear o hacer más lento el tráfico de un contenido (página web, plataforma, aplicación, etcétera) para priorizar otros.

Sin embargo, no fue noticia cuando fue promulgada por el presidente estadounidense Barack Obama en 2015. La misma administración que en 2010 impulsaba la ley SOPA (Stop Online PiracyAct), que permitía al Estado regular los contenidos que podían circular o no a través de los servidores de Estados Unidos, que no se implementó, pero que otros países consiguieron imitar.

Parece contradictorio, ¿no? Pero ni Obama en 2015 era bueno, ni Obama en 2010 o Trump en 2017 son malos. De hecho, uno de los mayores defensores de la neutralidad de la red en Uruguay es el senador Pedro Bordaberry, que lejos está de ser un hombre progresista.

Debemos quedarnos con la idea que siempre hay intereses que buscan algún tipo de regulación que los favorezca y aquellos que no quieren ser regulados. No se trata de una batalla ideológica, sino la confrontación de intereses materiales.

 Es que los transmisores regulados están facultados para cobrar a los usuarios por el servicio que prestan, pero se les prohíbe decidir qué tipo de contenido, bien o servicio circula por la red, salvo que éste atente contra el interés público. Por ejemplo, las compañías de electricidad pueden cobrar precios diferenciales entre usuarios, pero la electricidad que circula es la misma.

En cambio, los transmisores privados deciden qué bien, servicio o contenido circula por su red y, sobre todo, de qué forma. Un ejemplo cotidiano de este tipo de transmisores son las compañías de cable, que seleccionan qué canales son parte de su grilla y cuáles no; o la telefonía celular, donde las firmas ofrecen llamadas gratuitas a otros celulares de la misma compañía.

No es que la discusión no sea importante, todo lo contrario, muestra que existen intereses encontrados que también están dando su batalla en la opinión pública. Pero más importante aún es recordar que siempre que existen intereses, hay actores involucrados, así como también un plan o programa económico de fondo.

Caeríamos en un error si pensamos que a la neutralidad de la red se le puede atribuir el carácter de buena o mala en sí misma. Siempre depende quien ha diseñado el plan y para qué. Y un plan es tan bueno y tan malo como cualquier otro, siempre que pueda implementarse de inmediato y obtener resultados.

En América Latina, la neutralidad de la red está regulada en Chile (2010), Colombia (2011), Perú (2013), Argentina (2015), Brasil (2016) y México (se sancionó una ley que espera reglamentación), mientras que normativas similares aún están siendo debatidas en países como Uruguay y Bolivia.

Sin embargo, la decisión estadounidense sienta un precedente bastante difícil de digerir para las próximas negociaciones sobre este tipo de prestaciones de servicios. No pareciera que el objetivo esté puesto en trasladar ese costo a los usuarios, ya que se entrometería con la recolección masiva de datos, que ya dijimos, es lo más importante.

Pero todas las negociaciones podrían estar apuntadas a una solución de compromiso entre las firmas, una alternativa que les exija a las empresas tecnológicas algún tipo de canon, parte de las ganancias que esos datos potencialmente generan.

La legalidad de las normativas vigentes en nuestro continente, si bien establecen un piso de garantías, son insuficientes en tanto nuestro acceso a Internet depende de servidores localizados en Estados Unidos o está conectado a través de canales de fibra óptica que atraviesan suelo estadounidense.

Es verdad que existen proyectos para conectar Sudamérica y Europa, como el de la empresa española Euralink, o para conectar América Latina y Asia, como el de la empresa china Huawei. Sin embargo, ese sigue sin ser nuestro problema central.

Los pueblos de América Latina nos vemos inclinados a apoyar enérgicamente la neutralidad de la red, pero desde una posición voluntarista. Al día de la fecha, el 99% del tráfico de Internet sudamericano es controlado desde Washington y los datos que generamos quedan en manos de firmas extranjeras.

Mientras la oligarquía financiera global dispone a sus expertos en tecnología, economía y política para que argumenten a favor o en contra de la neutralidad de la red, quienes diseñan el plan económico del mundo están discutiendo realmente sobre distribución de dividendos.

En nuestro continente, generar datos es un trabajo precarizado de veinticuatro horas que se paga apenas con algunos servicios gratuitos de aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Google. Bloquear una página web o una aplicación es el nuevo concepto de cerrar una fábrica y disponer ese cuerpo (y mente) a la acumulación capitalista de alguna otra firma trasnacional.

No obstante, distintas empresas han comenzado a presionar sobre los vacíos legales que deja la derogación de la Orden de Internet Abierto y las distintas normativas legales, dando lugar a amenazas mucho más tangibles, como puede ser la aplicación de tarifa cero en numerosas aplicaciones y servicios asociados con la conectividad de Internet.

El mejor ejemplo puede ser WhatsApp, que desde hace meses ha sido beneficiaria de tarifa cero, es decir que, todo el tráfico que se produzca a través de la aplicación no consume datos del plan contratado. Lo curioso es que la empresa usa la nube de Internet para ofrecer esos servicios y, por la misma razón, veinte países americanos eliminaron el cobro de roaming en la región.

Mientras tanto, el uso de Telegram, Signal o Line sigue consumiendo datos, haciendo conveniente el uso de una aplicación sobre las demás.

Estos son algunos de los mecanismos que usan las firmas para mantener a los usuarios cerca, ya sea mediante la defensa a ultranza de la neutralidad de la red, por un lado, o la explotación de los vacíos legales que dejan las normativas, por el otro, porque saben que Internet seguirá su tendencia a la centralización, siempre y cuando los datos sigan fluyendo.

Sino pensemos cómo, en los últimos años, las redes sociales se han concentrado en cada vez menos manos, cómo los nuevos emprendimientos han privilegiado su uso por sobre el diseño de sus propios sitios web o cómo éstas han devenido en plataformas de comercialización, siempre atendiendo al problema de la realización de las mercancías que se producen.

Las prestadoras de Internet habrán ganado en la arena institucional, pero detrás del espejo, lo único que importa son los datos. Y en América Latina no nos estamos animando a profundizar esta discusión, hablamos sobre neutralidad de la red porque obviamos discutir soberanía de los datos y del acceso al Internet.

En Argentina, estamos a tiempo de reorientar nuestro sistema científico y tecnológico nacional para la tarea. La iniciativa ARSAT-INVAP demostró que tenemos capacidades más que suficientes para el desarrollo y fabricación de satélites propios.

Sin embargo, las Universidades Nacionales y los centros de investigación están formando profesionales y científicos que no dimensionan esta situación como un problema en puerta.

Nuestra región necesita técnicos e ingenieros que trabajen sobre los desafíos en el ámbito de las infotelecomunicaciones, principalmente la extensión y control de nuestra propia red, así como también la conectividad soberana al Internet. Debemos formar profesionales capaces de generar plataformas de servicios locales y contenidos propios.

Pero también necesitamos científicos y expertos preparados para poner la mirada más allá; desarrollar tecnologías para el procesamiento estratégico de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, aprendizaje automático, por nombrar sólo algunas problemáticas en la frontera de conocimiento. Tenemos grandes profesionales en la tarea, pero necesitamos más.

Daniel Fernández

Licenciado en Economía (UNCuyo) y en Ciencia Política y Administración Pública (UNCuyo), Maestrando en Economía (UNLP), redactor-investigador argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la ).