La escalada de tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela sigue in crescendo desde que en 2014 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de protección de los venezolanos, que sirvió de base para el decreto del presidente Barack Obama en el que se declara a Venezuela como un peligro para la seguridad.

Es cierto que el gobierno estadounidense ha convertido el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en un problema de honor. Éste no puede llegar al 20 de mayo en el Palacio de Miraflores, porque, seguramente ganará su reelección en los comicios presidenciales, limpiamente, con un sistema electoral impecable. Pero Maduro no tiene oposición franca y cuenta –por ahora- con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Pero también saben que la oposición en Venezuela no existe, se suicidó por falta de ideas, proyectos y, sobre todo de credibilidad. Se autodisolvió, producto de sus errores y de insensatez propia y de sus mandantes del norte. Y la realidad muestra que mientras se continúa con la guerra de los micrófonos, hay conversaciones entre funcionarios de ambos países y posiciones discordantes en la diplomacia estadounidense.

Tras Obama, llegaron nuevas decisiones con Donald Trump, expuestas por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson, despedido tras una controversial gira por la región, mientras las fricciones han ido aumentado sin que se hayan establecido mecanismos diplomáticos o de negociación para procesar las controversias más allá de micrófonos, primeras planas, redes sociales y campañas mediáticas internacionales.

El mexicano John Saxe se pregunta si será John Bolton, nuevo asesor de seguridad, el espantapájaros de Trump para negociar mejor desde una posición de cacofónica fuerza retórica, mientras levanta la puja para impedir su inminente juicio político por el fiscal especial Robert Mueller cuando han arreciado sus escándalos pornográficos.

Tanto Washington como Caracas entienden que se trata de divergencias entre Estados. No tienen parangón con las negociaciones entre factores internos de Venezuela, como las de República Dominicana, y por ende no puedan sustituir un diálogo directo entre representantes de los dos países. Se trata de sanciones concretas, que solo la Casa Blanca está en capacidad de revertir, sobre la base de acuerdos y concesiones mutuas.

 Es cierto que Venezuela se ha separado desde un punto de vista geopolítico del área de influencia estadounidense, y eso es motivo de fricciones, aun cuando las viejas doctrinas no tienen la misma vigencia en un mundo globalizado y en mutación, donde los controles territoriales son menos significativos.

Más allá de la perorata guerrerista, la negociación es lo que se intenta para resolver los conflictos y tiene mayores posibilidades de solución, incluso en casos muy diferentes del venezolano como el de Corea, que incluye armas nucleares y a países que nunca pusieron fin a la confrontación iniciada durante la Guerra Fría: ya se anuncia un encuentro entre Donald Trump y Kim Jog-un, el “hombre cohete”.

El politólogo Leopoldo Puchi señala que siendo las tensiones entre Venezuela y EEUU de un tenor distinto, incomparable con Corea, es válido preguntarse por qué no se intentan resolver los puntos en discordia por medio de la creación de una mesa de diálogo entre los dos países. ¿Es que acaso solo negocian los países que tienen armas nucleares?

Los guerreristas

Mientras la campaña “Todos somos Venezuela” movilizó a la solidaridad de los pueblos de América Latina para con la Revolución Bolivariana, la guerra contrainsurgente de baja Intensidad y de cuarta generación, continúa en diversos frentes, alentando las medidas más duras del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela.

 El senador republicano por Florida Marco Rubio, quien financia a los sectores venezolanos rupturistas y que buscan una intervención extranjera, escribió el 17 de marzo que “está llegando el día” en el que los venezolanos verán al presidente Nicolás Maduro fuera del poder, y al dirigente Diosdado Cabello extraditado a EEUU por sus negocios con el narcotráfico.

Rubio, integrante del lobby cubano-americano que maneja el terrorismo contra Cuba desde hace casi seis décadas, advirtió dos semanas atrás que “si Maduro pensaba que la presión iba a disminuir, estaba muy equivocado” y ratificó estar seguro de que el presidente Trump “está comprometido con una Venezuela libre y la presión sólo se detendrá cuando se restablezca el orden democrático y que no cesará sobre Nicolás Maduro, hasta que la democracia sea restablecida”.

El senador Marcos Rubio emitió una serie de amenazas en contra de quizás uno de los funcionarios estadounidenses con mayor prestigio y de reconocida lealtad y patriotismo, Todd Robinson, encargado de negocios de su país en Caracas. A Rubio, protector de la distribución de armas a los civiles sin restricción alguna, no le parecieron acertadas las declaraciones emitidas por Robinson en una entrevista radial.

Para los sectores conservadores-fundamentalistas “restablecer la democracia” significa derrocar a un presidente democráticamente elegido por las mayorías, que se opone a la entregar de las riquezas de su país a la voracidad recolonizadora de EEUU y las grandes corporaciones trasnacionales. Una tesis que también esgrimen algunos gobiernos latinoamericanos, como los de Colombia, Chile, Brasil, Perú, Argentina, entre otros.

Mark Green, director de la USAID entregó en las últimas semanas 2,5 millones de dólares a Colombia para ayudar a la “restauración democrática” de Venezuela, además de los 36,5 millones de dólares aportados para operaciones de fronteras a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

Esta trabaja en zonas donde aparentemente están preparados para atender una inexistente “crisis humanitaria” venezolana, argumento creado por la aplicación de la guerra psicológica y de cuarta generación del Comando Sur de EEUU y el Pentágono.

Maduro recibió a Caleb McCarry

En febrero, el presidente Maduro recibió a Caleb McCarry, asesor de la comisión de política exterior del Senado de Estados Unidos, quien había solicitado una reunión para tratar la situación de Joshua Holt, originario de Utah, detenido en Venezuela. Esta gestión se realizó bajo la intermediación del Grupo Boston, del cual han formado parte tanto McCarry como el propio Maduro, y el exsecretario de Estado (2013- 2017) John Kerry.

El Grupo Boston fue una comisión parlamentaria venezolano-estadounidense financiada por la OEA creada en 2002, después del fallido golpe de Estado de 2002, para tratar temas neurales para ambas naciones en un ambiente de menor polarización.

En principio, la actividad se inscribe en las frecuentes gestiones que realizan los parlamentos de cualquier país en favor de sus ciudadanos. Sin embargo, habría que destacar que la ocasión ha servido para establecer un hilo de comunicación entre dos países que desde hace algunos años han bajado a un mínimo sus relaciones diplomáticas.

Los analistas consideran que se trata de una iniciativa que tiene una importancia que no se debe desestimar, por más que no emane directamente de la Casa Blanca, ya que todas las iniciativas en materia de política exterior se hacen de manera concertada con el Ejecutivo.

Robinson dice que cree en el diálogo

En Unión Radio, el encargado de negocios de la embajada de EEUU en Venezuela, Todd Robinson, afirmó que aunque las relaciones con el gobierno de Venezuela han sido difíciles por años, “siempre hay espacio para mejorarlas, creo en el diálogo y la negociación, hay autoridades tanto en Venezuela como en Washington que quieren hablar y necesitan hablar”.

Robinson sostuvo que en vez de endurecer las relaciones, “hay que buscar este espacio para hablar, dialogar, sobre los temas más importantes entre los dos países”. Sobre las sanciones del gobierno de Trump contra funcionarios venezolanos, Robinson señaló que son medidas individuales, “el propósito es evitar que esas personas que han cometido delitos financieros, de corrupción, podrían usar el sistema financiero de los Estados Unidos”.

 En cuanto a la orden ejecutiva que prohíbe las transacciones con el Petro, reiteró que “el Departamento del Tesoro ha fijado una posición clara al respecto, ya que con la cripto moneda se estarían evadiendo las sanciones. No decimos que pueden buscar sus maneras de hacer negocios, estamos diciendo que no pueden tener acceso a nuestro sistema”.

En cuanto al tema electoral el diplomático aseguró que la administración Trump esperará por la decisión que tomen los venezolanos en las elecciones previstas para el 20 de mayo. “Los venezolanos van a decidir si las elecciones tienen credibilidad o no, nosotros vamos a esperar la decisión de los venezolanos”.

Por supuesto, las opiniones de Robinson no fueron del agrado de quienes ven la intervención militar estadounidense como única alternativa personal para llegar al poder, ante la imposibilidad de lograrlo por la vía electoral. Lo cierto del caso es que el episodio permitirá saber hasta dónde llega la influencia de Rubio en la administración Trump; y por supuesto, cuan sólido es el piso político de Todd Robinson.

Mientras siguen las tensiones, algunos encuentros solapados entre funcionarios de ambos países, y la guerra mediática de imposición del imaginario colectivo internacional de un país destruido, en crisis humanitaria, con un gobierno dictatorial y autoritario sigue su derrotero, los halcones de Washington buscan la forma de derrocar al presidente Nicolás Maduro antes del 20 de mayo, antes que sea reelecto. Quizá sin pensar en el día después.

Álvaro Verzi Rangel

Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)