Posterior a la invasión de Panamá los niveles de violencia, delincuencia, criminalidad y sus factores asociados han estado presentes, y a la vez, han aumentado en las últimas décadas, llevando a la sociedad panameña a crear espacios y percepciones que han modificado las prácticas sociales de la vida cotidiana del ciudadano común (Lasso, 2016). En "respuesta" el Estado Panameño ha experimentado tres políticas en materia de seguridad, todas a propósito diseñadas para mantener un orden -social, político y económico- antidemocrático que genera criminalidad, en los estratos sociales más bajos, pero que sostiene en los estratos sociales más altos.

Sin embargo, no fue hasta el gobierno de Mireya Moscoso que se creó la primera política de seguridad, para ello se redactó un documento llamado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, aprobada por la Resolución de Gabinete No. 34 del 21 de junio de 2000. En este documento se sostiene que la política de seguridad se rige por el concepto de Seguridad Integral. Los elementos de este concepto son el carácter multidimensional, diferenciado, armónico, democrático y multilateral de la política de seguridad que se adoptó.

Según Lasso (2016) el documento hace énfasis en la situación regional de Panamá con respecto a la seguridad. Agrega el autor que en él se tratan temas como el Canal, crimen organizado y política exterior.

La segunda política de seguridad fue implementada durante el gobierno de Martín Torrijos y estaba orientada al tema criminológico. Este documento se denominó: Lineamientos Generales para una Política Criminológica del Estado Panameño; y fue aprobado por el Decreto Ejecutivo No. 260 del 8 de junio de 2006 (Lasso, 2016).

Los principios rectores de esta política eran: prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia social, desarrollo humano sostenible, participación ciudadana y educación para una cultura de paz. Las acciones y estrategias, que se generaban de estas políticas, para minimizar o influir de manera positiva debían tomar en cuenta los principios señalados.

Además, de este documento se desarrolló el Programa de Seguridad Integral (PROSI), que según Lasso (2016) fue la verdadera política de seguridad del gobierno de Torrijos. “Este programa dependía del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Los temas de prevención y acciones se orientaron a localidades municipales que en ese momento presentaban las cifras más adversas de delitos” (Colón, Chiriquí y Panamá).

La tercera política de seguridad del país, posterior a la Invasión, fue la Estrategia de País de Seguridad Ciudadana, implementada durante el gobierno de Ricardo Martinelli (Plan de gobiernos Calles Seguras), por medio de la Resolución de Gabinete No. 84 del 24 de junio de 2012.

Esta nueva política entendía el problema de la seguridad ciudadana como un fenómeno que rebasa sus fronteras disciplinarias per sé, de manera que debía ser abordado de forma integral, por lo tanto, incluía el respeto de los derechos humanos en su ejecución. Los ejes centrales de esta política son: el fortalecimiento institucional, la prevención y la resocialización.

Posteriormente con el gobierno de Juan Carlos Varela esta política fue reconsiderada, con algunas modificaciones, y agregó el Programa Barrio Seguro, con el objetivo de intervenir en los barrios más inseguros del país, teniendo como objetivo disminuir la violencia entre los jóvenes (Lasso, 2016).

En esa dirección, veamos algunos rasgos neoliberales (Pro libre mercado en detrimento del bien común) que se presentan explícitamente en cada una de las políticas de seguridad:

A.- Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad

- Mantener la neutralidad y entender a la posición geográfica como un factor indispensable para el desarrollo de la nación. (De este punto el rasgo consiste en que el país debe estar al servicio de la geopolítica de EEUU en el hemisferio ¿Cómo se entenderá esto con la emergente presencia de China en la región?).

- Conducta ciudadana responsable, caracterizada por un alto nivel de autonomía, autoestima personal y solidaridad humana (trata de individualizar el crimen y no lo aborda como un problema estructural de la sociedad).

- Salvaguardar y fortalecer la capacidad del sistema democrático panameño de resolver y procesar cualquier nivel de crisis política interna (Este fundamento consiste en salvaguardar el modelo económico -privatizante- impuesto pos-invasión).

- Objetivos de la Seguridad Integral: Favorecer el incremento sostenible de la economía panameña (En este fundamento se entiende que ni el Estado, ni otra agente - la voluntad popular-puede entorpecer las reglas de libre mercado).

- Principios de la Seguridad Integral: Contribuir, desde el ámbito de su competencia, a la integración de todos los sectores de la sociedad y en particular de aquellos menos favorecidos o involuntariamente marginados, en función de su localización territorial, de su raza, sexo, credo religioso o ideas políticas (La pobreza es entendida como un problema individual, que tiene sus orígenes por la supuesta "falta de superación" de los sujetos).

B.- Lineamientos Generales para una Política Criminológica del Estado Panameño

- Como estrategia de prevención: Fortalecer los valores de la vida y la unidad familiar como base de la sociedad (Los padres de familia son culpables de las conductas delictivas, es decir, culpabiliza a los sujetos del problema).

- Como estrategia para alcanzar el Desarrollo Humano: Promover la inversión nacional y extranjera, a fin de crear más y mejores plazas de empleo que permitan ese desarrollo (no explica bajo qué condiciones se deben generar esos puestos de trabajos (¿sin prestaciones sociales, informalidad, salarios paupérrimos?). Es decir, queda a la suerte de las reglas del mercado).

Programa de Seguridad Integral (PROSI)

Este programa de seguridad ciudadana es de por sí un programa típico de la lógica (privatizante) neoliberal. En ese sentido, fue financiado en calidad de préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La suma de 25 millones de dólares. Desconocemos del pago que debe realizar el Estado a razón del préstamo.

Este programa consistió en la compra de inmobiliarios en distintas instituciones públicas, capacitaciones de funcionarios públicos y de actores sociales, mejoramiento y construcción de áreas deportivas y recreativas y la creación de campeonatos deportivos para ambos sexos.

En líneas generales, el programa consistía en realizar gastos públicos que cubrían trivialidades y no tenía como objetivo cambiar las causas estructurales que generan el crimen y la delincuencia. No obstante, si son beneficiosas para las empresas privadas -en detrimento del bien común-, ya que son un negociado. Es decir, el capital estatal es transferido a manos privados por medio de licitaciones (con sobre costos o no, con transparencia o no).

C.- Estrategia de País de Seguridad Ciudadana

- En esta política de seguridad se cree que la focalización de las políticas públicas tiene un impacto preventivo más eficiente. Además, considera que ahorra recursos económicos. Ella se focaliza en grupos sociales en riesgo de ser víctimas o de iniciar una carrera criminal y que esa acción se concentre en territorios donde ocurren muchos de estos hechos, o donde existen condiciones criminógenas que generan carreras criminales.

Sin embargo, esta política no asocia los comportamientos criminales con la pobreza y la desigualdad social. En ese sentido, promueve focalizar sus intervenciones en los barrios marginados. ¿Pero de qué tipo de intervención estamos hablando? No es otra que la de mayor presencia policial (militarización) o de intervenciones represivas cada determinado tiempo (retenes, rondas policiales, allanamientos, etc.).

Comando Águila

Fuerza militar y de inteligencia que se crea, bajo el gobierno de Juan Carlos Varela (2017), para operar por el momento solo en la región de tránsito: Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, San Miguelito y Colón. Actualmente, cuenta con 300 unidades a disposición. Tiene como objetivo reprimir el crimen organizado, sin embargo, todas las acciones realizadas hasta el momento han sido para reprimir luchas sociales, esencialmente, las relacionadas a la propiedad de la tierra y la disponibilidad de agua potable (lucha por la vida y el ambiente).

Conclusión

El razonamiento individualista de las políticas de seguridad ha servido para devaluar el punto de vista sociológico implícitamente denunciado por las autoridades como algo que vuelve irresponsable, por lo tanto, argumentan sustituirlo por la retórica viril de la rectitud y la responsabilidad individual de sus actos delictivos.

Las causas colectivas son reducidas a la categoría de “excusas” a fin de justificar ciertas sanciones individuales, las cuales, seguras de que no pueden influir en los mecanismos generadores de conductas delincuentes, no pueden tener otra función que la de reafirmar en un nivel simbólico la autoridad del estado (con miras a conseguir dividendos electorales) y reforzar en lo material su sector penal, en detrimento de su sector social.

Por otra parte, el aparato de seguridad tiene como función mantener el orden social, político y económico establecido pos-invasión. En ese sentido, entiende que el país debe estar al servicio de los intereses del hemisferio (EEUU) y del comercio mundial, por lo tanto, las reglas del libre mercado no pueden encontrarse en condiciones de riesgo o peligro, como a su vez el Canal de Panamá y todo su complejo logístico que lo rodea.

Bibliografía

Lasso, J. (2016). Balance de las políticas de seguridad ciudadana. Programa FLACSO Panamá. La Estrella de Panamá, domingo 24 de enero de 2016.

Mario Enrique De León

Estudiante de Sociología, Universidad de Panamá