Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: 2003-2015

La Argentina que irrumpe en el siglo XXI estuvo marcada por los sucesos de los fatídicos días 19 y 20 diciembre de 2001, en los que estalló el modelo económico, político y social, implementado por la dictadura militar a partir de marzo de 1976 y profundizado en la década de 1990 por los gobiernos civiles posteriores, que sumergió en la pobreza y la indigencia a más del 50% de nuestro pueblo.

Al estallar ese modelo, en el contexto de la represión ordenada por el agonizante gobierno de Fernando de la Rúa, tras la instauración del Estado de sitio 39 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y de seguridad, entre ellas 9 menores de edad, lo que provocó la renuncia del presidente. En los quince días posteriores, tuvimos cinco presidentes, circulaban dieciséis «cuasi monedas», y algunos mandatarios provinciales denunciaban el Pacto Constitutivo de la Nación y querían establecer sus propias relaciones internacionales. Había un país al borde de la disolución. El asesinato de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, cometido por la policía de la provincia de Buenos Aires en una protesta pública, llevó al presidente interino, Eduardo Duhalde, a adelantar las elecciones presidenciales.

La crisis social y económica también fue la crisis de la política y el sistema representativo en su conjunto. La percepción social era de falta de alternativas y esperanzas, la convicción de que los partidos habían abandonado sus ideales para acordar con los grupos hegemónicos de poder. Un sentimiento de frustración y enojo, justificado por cierto, fundamentaba el descrédito de la política como espacio de transformación y participación popular, ya que lejos estaba ella de poder modificar la realidad que había llevado a millones de personas a los márgenes más periféricos de la exclusión.

Es en ese contexto, con la fractura del bloque de poder y tras la renuncia de Carlos Menem a participar del ballotage de la elección presidencial en curso, el 25 de mayo de 2003, con solo 22% de los votos y un desempleo cercano al 27%, que Néstor Kirchner asume la Presidencia de la República. El nuevo mandatario recibió una estructura estatal vaciada casi por completo de significantes y significados. Al Estado lo habían llevado a su mínima expresión: era incapaz de controlar y articular políticas públicas capaces de establecer justicia y equidad social. Esto fue producto de las acciones ejecutadas, en los treinta años anteriores, por gobiernos democráticos que, por incapacidad o complicidad, lo dejaron fundido y despojado de recursos humanos y financieros.

La reconstrucción de los tres poderes del Estado no era una cuestión formal. Restablecer la autoridad presidencial era necesario. Había clara percepción en la sociedad de que los presidentes no podían o no querían representar el interés del conjunto, por presión de sectores y grupos económicos. Quien ocupaba la presidencia no era realmente quién tomaba las decisiones. Esto llevó a un deterioro de la institución presidencial. Lo mismo sucedía con el Poder Legislativo, que por defección, por presión o por corrupción, en vez de votar por lo que era necesario para las mayorías, aprobaba leyes a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), leyes de impunidad para los genocidas de la dictadura o leyes de flexibilización laboral para los grandes capitalistas. La mayoría de los legisladores dejaron de representar los intereses populares y contribuían con su conducta al deterioro de la confianza en las instituciones. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en connivencia con influyentes funcionarios del Poder Ejecutivo y el silencio cómplice de la mayoría del Congreso, permitió el indulto a los genocidas, que garantizó impunidad a los asesinos y convalidó la destrucción del Estado nacional vía privatizaciones, despojó de cifras millonarias al país y condenó a la miseria a millones de compatriotas.

Néstor Kirchner reconstruyó la credibilidad de la autoridad presidencial. Supo interpretar las demandas y la voluntad popular. Su toma de decisiones y su accionar al frente del Ejecutivo fue rápida. Con firmeza política e independencia de los poderes fácticos, estableció un vínculo directo de comunicación con el pueblo y dio los primeros pasos para atender las urgencias sociales. La primera acción del gobierno de Kirchner fue resolver un prolongado conflicto docente en la provincia de Entre Ríos, gobernada en ese momento por la Unión Cívica Radical (UCR).

Claves en los inicios de la gestión de Kirchner fueron: el cuestionamiento al accionar de la justicia; la prédica contra el modelo neoliberal; el enfrentamiento al FMI y la desvinculación de sus recetas; y la propuesta de construcción transversal en la política, mediante la convocatoria a los sindicatos, los empresarios y los movimientos sociales. Esta primera construcción, que podríamos denominar «instrumental», no solo era responsabilidad de su gobierno. En su planteo y concepción incluía a distintos actores sociales, económicos y políticos. Recuperar el funcionamiento democrático y mejorar la calidad institucional, no era una cuestión menor.

La segunda construcción fue la del «modelo económico social» de perfil industrialista, distributivo, de acumulación diversificada e inclusión, que significó la contracara de la economía y la transferencia de recursos y riquezas que operó durante el funcionamiento del modelo neoliberal de los años noventa: acumulación contra transferencia.

Las acciones del gobierno estuvieron orientadas a resolver el problema de la pobreza y la indigencia, y a poner en debate la cuestión estructural de fondo que la motiva: la redistribución. La esencia de este combate consistió en transferir, ni más ni menos, ingresos y riquezas de los sectores más ricos a los más pobres, y comenzar a devolverle al Estado su rol de ordenador de las demandas, con la prioridad de recuperar los puestos de trabajo para millones de desocupados.

Comienza así, en la Argentina, un ciclo iniciado por Néstor Kirchner (2003‑2007) y continuado por Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en el que se impulsaron políticas públicas acompañadas de un fuerte consenso social y de las herramientas legales correspondientes. Se recuperó independencia económica, soberanía política y justicia social. Mención especial merece la reivindicación, necesaria e inédita, de los derechos humanos, que permitió reparar las secuelas generadas durante la última dictadura. Bajar el cuadro del dictador Jorge Videla del edificio del Ejército Argentino tuvo un simbolismo que recordará la historia de nuestro país.

Reordenar la deuda interna y externa, poner límites a los organismos internacionales de financiamiento, tomar decisiones con autonomía y de manera independiente a las recetas impuestas durante décadas, y desarrollar un modelo político y social acorde con las necesidades propias de la nación y las provincias, fueron algunos de los avances de este ciclo. El país se desendeudó, se renegoció la deuda externa y se produjo una quita histórica de casi el 70% del capital. Al finalizar Cristina su mandato, la deuda pública nacional ascendía aproximadamente a U$221 700 millones, lo que equivalía al 43% del PIB y el 13% en deuda externa. En 2002, era del 166% del PIB y 96% de la deuda, respectivamente.

En materia de justicia y derechos humanos, se removió la Corte Suprema de Justicia y se constituyó otra, y el parlamento, con el eje Memoria, Verdad y Justicia, anuló las leyes de «obediencia debida» y «punto final», y el indulto a los genocidas, lo que permitió reabrir los juicios a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Fueron condenados, de manera efectiva, 733 imputados por crímenes imprescriptibles y se impulsó el juicio a civiles responsables y cómplices.

Una de las políticas más transformadoras realizadas durante estos años fue la nacionalización de los fondos de los jubilados y pensionados (AFJP). Se recuperó el criterio de aporte y reparto solidario, contra el dogma liberal de ahorro individual, en el que las únicas beneficiadas eran las empresas aseguradoras. Basta recordar las habituales marchas de jubilados los días miércoles frente al Congreso Nacional, que reclamaban inútilmente un aumento de sus pensiones. La jubilación mínima tuvo una subida de 1 500%, en un contexto en el cual aumentaron y mejoraron las prestaciones sanitarias y sociales. Más de dos millones de amas de casa obtuvieron el derecho a la jubilación y, por ley, se fijó un doble aumento anual a jubilados y pensionados. La recuperación de esos recursos fue la plataforma de importantes proyectos sociales, como el PROCREAR (créditos para construcción de viviendas), la Asignación Universal por Hijo (AUH) por trabajador, registrado o no, o incluso desocupado, que resultaron un eficaz paliativo para los sectores más desprotegidos. Al finalizar el mandato de Cristina Fernández, en 2015, la Argentina contaba con las jubilaciones mejor pagadas de toda la región.

Los trabajadores comenzaron a discutir sueldos y derechos en paritarias libres. Se produjo una mayor tasa de afiliación a los gremios, y una mejoría de los salarios reales y las condiciones de trabajo. Se reformaron las leyes educativas, como la de financiamiento que permitió un aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y tecnología hasta superar la meta del 6% del PIB. Se puso en marcha el Programa Conectar Igualdad, que distribuyó 5 millones de netbooks a estudiantes secundarios para reducir la «brecha digital». Se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y cientos de científicos retornaron al país gracias a un plan de fomento estatal.

Hubo un avance sin precedentes en los últimos cincuenta años en obras públicas y desarrollo energético. Se construyeron 2 677 km de autopistas y 5 486 km de nuevas rutas, que permitieron conectar regionalmente un territorio tan extenso y diverso, y fueron ejecutadas 856 143 soluciones habitacionales (construcción de nuevas viviendas, reparación y ampliación).

Durante los mandatos de Néstor y Cristina se crearon y pusieron en funcionamiento 10 Universidades Nacionales y se construyeron 2 250 escuelas. Los gobiernos anteriores, entre los años 1989 y 1999, habían construido solo 7 escuelas, y entre 2000 y 2002 ninguna. Se crearon el parque temático para difusión del conocimiento científico y tecnológico «Tecnópolis» y el «Centro Cultural Kirchner», inimaginable una década atrás, como tampoco lo eran los dos satélites de comunicaciones puestos en órbita, diseñados y construidos en el país por científicos argentinos.

La política económica, con un tipo de cambio competitivo, posibilitó un crecimiento que rindió rápidos frutos en el desarrollo diversificado de una nueva matriz productiva. Un fuerte impulso a la industria local, la sustitución de importaciones, la exportación de productos con valor agregado, la creación de miles de puestos de trabajo y la redistribución del ingreso, permitieron recuperar y expandir el mercado interno. Por primera vez en la historia de la Argentina, del total exportado en 2010, las manufacturas de origen industrial (34%), superaron a las manufacturas de origen agropecuario (32%). Los subsidios a los servicios públicos posibilitaron una mayor distribución de la riqueza sustentada en tres pilares: el aumento del empleo, el alza de los salarios y las políticas fiscales progresivas.

En un proceso que insumió debates a lo largo y ancho del país en foros abiertos y democráticos, se puso fin a una norma vigente desde la dictadura de Videla. Se propuso y se aprobó en el Congreso una ley de carácter antimonopólico, como lo fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reconocida a nivel internacional. Se derogó la ley que permitía enjuiciar por injurias y calumnias a periodistas. No hubo ningún juicio del Estado contra periodistas. Estas medidas permitieron que se ejerciera una libertad irrestricta de expresión.

Se creó el Sistema de Televisión Abierto Digital con más de 20 canales libres y gratuitos provistos por la plataforma satelital de la empresa estatal ARSAT, se aprobó la Ley de Reforma Política, se democratizó la representación y se fortalecieron los mecanismos de participación e inclusión de las mujeres y los jóvenes, que pueden votar a partir de los 16 años. Se reguló y garantizó pluralidad en la publicidad electoral, además de fijar un techo al aporte privado al financiamiento de las campañas. Se limitó la extranjerización de tierras mediante el establecimiento de un tope a la compra de propiedades por parte de extranjeros, por cuestiones vinculadas a la defensa nacional, y a la protección de la soberanía, la integridad territorial y los recursos naturales estratégicos. Se reconocieron nuevos derechos, como los consagrados en la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se aprobó una nueva Ley de Migraciones y se estableció el Plan «Patria Grande» para regularizar la situación de millones de inmigrantes latinoamericanos, darle reconocimiento legal al trabajo doméstico y garantizar el salario mínimo, la cobertura sanitaria y la previsional.

Bajaron las tasas de mortalidad infantil y se amplió el Calendario de Vacunación Obligatoria. Se adoptó una Ley de Medicamentos Genéricos y una Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable y se estableció la distribución gratuita de medicamentos por el Sistema Público de Salud para el tratamiento del HIV y la diabetes, entre otras patologías.

Se llevaron adelante acciones que permitieron recuperar instrumentos esenciales para las estrategias de desarrollo de la nación, como la estatización o nacionalización de empresas que habían sido privatizadas en los años noventa. Al cumplirse veinte años de su enajenación, el Congreso sancionó, el 3 de mayo de 2012, la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que declaró de interés público lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, propuso crear el Consejo Federal de Hidrocarburos y declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y de Repsol YPF Gas S.A., en manos de capitales extranjeros hasta ese momento. Otros casos emblemáticos fueron la recuperación de la línea aérea de bandera «Aerolíneas Argentinas», el servicio de agua y cloacas, el correo y los ferrocarriles.

En el plano internacional, fue fundamental el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) concretado en la reunión de mandatarios del continente celebrada en la ciudad de Mar del Plata. La demanda histórica de soberanía sobre las Islas Malvinas y el respaldo recibido a esa causa nos comprometieron, aún más, en el proyecto de impulsar una Patria Grande sin fronteras. La Argentina fue impulsora y protagonista de los procesos de integración, desde reformular el rol del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), hasta promover la constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La sociedad, y en particular los más jóvenes, volvieron a confiar que es posible la transformación mediante la acción política. Fue un logró que se internalizara el concepto de «lo nuestro» en su sentido más amplio: en lo cultural, en lo político, en lo social y en lo económico, sin renunciar al ejercicio colectivo de la memoria.

Se avanzó en la reparación de las secuelas sociales generadas en los noventa, en el reconocimiento y generación de nuevos derechos. Fueron doce años de cambios políticos, sociales, económicos, en los que se recuperó el rol del Estado, se fortaleció el mercado interno, disminuyeron las desigualdades sociales y se resolvió el conflicto social sobre la base del diálogo, con búsqueda de consensos y sin represión. Estas medidas, ayudaron a reconstruir y ordenar el país, pero es justo reconocer, que lo recuperado y reparado fue parte de lo que habíamos perdido en décadas anteriores.

Los conflictos en la gestión

La crisis con el sector agropecuario por la suba de retenciones a la renta extraordinaria en la denominada «resolución 125», la disputa con el grupo de multimedios Clarín, la relación con los sindicatos, la inflación, la inseguridad, la tragedia ferroviaria de «Plaza Once», las dificultades con el Poder Judicial, la muerte del fiscal Nisman, el cepo cambiario, las disputas internas en el gobierno, la definición de las candidaturas electorales, los errores cometidos y los déficit en la gestión, erosionaron la tarea del gobierno e influyeron negativamente en el comportamiento electoral de sectores vinculados al trabajo y a las clases medias, tan proclives a las migraciones políticas.

A continuación se abordarán los asuntos que se consideran más relevantes, sin quitarle valor al resto de situaciones mencionadas aquí, u otras que por cuestiones de espacio no han sido incluidas, y que pudieron tener en mayor o menor medida un impacto en la pérdida de la elección presidencial de octubre del 2015 que desplazó del gobierno al Frente para la Victoria.

Resolución 125: el conflicto agrario

A comienzos del 2008, la crisis económica internacional empezó a manifestarse de distintas maneras. El acceso a créditos internacionales era complicado. La necesidad de divisas para cubrir las demandas internas, afrontar los compromisos de la deuda externa y el vencimiento de los bonos emitidos, hacía necesario gestar nuevos instrumentos para cubrir el déficit. Las hipotecas basuras hicieron que importantes capitales fueran a la búsqueda de otros activos, entre ellos la soja, de la cual la Argentina era, y sigue siendo, el tercer productor mundial. Esta planta oleaginosa, de cuya producción exportamos el 90%, ese año había incrementado su valor en el mercado internacional. Se vio en esos indicadores una oportunidad para aumentar la recaudación fiscal. En marzo de ese año, la presidenta Cristina Fernández presenta la Resolución 125, que intentaba hacer más progresivo el impuesto a las exportaciones. El mecanismo de aplicación establecía que, si el precio aumentaba, los exportadores pagaban más, y si disminuía pagaban menos. De un 35% de retenciones fijas a la exportación de soja, se pasó a un régimen móvil y a cobrar proporcionalmente al aumento en la tonelada. Al aplicar la resolución, el valor era de U$500.00; por lo tanto, el impuesto subía al 44%, lo que implicaba, en términos fiscales, un incremento en la recaudación superior a los U$3 000 millones.

No se establecían segmentaciones o diferencias entre los grandes pools sojeros, los medianos y pequeños productores, lo que constituyó un error. Al tratar a todos los sectores de la misma manera, se produjo una reacción conjunta sin precedentes:

La medida del gobierno [...] generó agrupamientos políticos y gremiales no menos llamativos contra su aplicación, dando lugar al conflicto agrario más importante de la historia argentina. Se había generado en definitiva una lucha de clases inmensa alrededor de la apropiación de las rentas y ganancias extraordinarias generadas por los precios internacionales de la soja, que conmovió a toda la sociedad argentina. Pero sobre la base de la raíz económica del conflicto, relativamente simple, se sumaron una tras otra, capas y capas de confusiones políticas, ideológicas, simbólicas y culturales fruto de lo extraordinario de los agrupamientos generados de uno y otro lado de la protesta, que contribuyeron a ocultar y enredar las verdaderas motivaciones que movilizaban a unos y a otros alrededor de esta lucha.¹

Un inesperado bloque de cuatro entidades rurales de distintos y contradictorios intereses constituyó la «Mesa de Enlace», integrada por la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, las Confederaciones Rurales Argentinas y COMINAGRO, para oponerse a la medida. Los medios de comunicación (posteriormente abordaremos en particular su accionar) mediante mecanismos de distorsión de la información predispusieron a sectores importantes de la población en contra del gobierno.

El conflicto que dividió al país se extendió durante 127 días e incluyó una huelga de comercialización de granos, cortes de ruta, actos y movilizaciones multitudinarias y cacerolazos, todos ellos alternados con negociaciones que no lograron acercar posiciones entre las partes. Finalmente, el Ejecutivo, con el objeto de descomprimir la situación, decidió enviar al Legislativo un proyecto de ley para que fuesen los legisladores quienes tomaran la decisión de llevar adelante este cambio en el sistema impositivo, habilitando a un protagonismo inédito al Congreso, que luego, con el transcurrir de los meses, cambiaría la configuración política de su propio gobierno. En una sesión histórica, la votación terminó empatada, lo que obligó al vicepresidente Julio Cobos a dirimir la situación, quien manifestó: «Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Mi voto es en contra», y con ello selló su alejamiento definitivo del gobierno del cual formaba parte. De esta manera el proyecto que había enviado el Ejecutivo, y que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, fue rechazado. Al día siguiente, la Presidenta ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08 y la situación impositiva quedó igual que antes.

La confrontación con el agro había dejado de ser un problema meramente económico para transformarse en una disputa por el poder. El enfrentamiento a las corporaciones internacionales y grupos locales que manejan el negocio del complejo sojero, acompañada por la derecha política, la mayoría de los medios de comunicación y sectores urbanos, tuvo dos efectos inmediatos que repercutirían en los próximos años. La primera repercusión política fue la derrota del gobierno por parte de estos grupos: luego de la extensa disputa, el gobierno perdió las elecciones legislativas de 2009 y, con ello, la mayoría en el Congreso. La segunda fue que para millones de argentinos se hizo explícito el impresionante poder político, económico y mediático que este tipo de grupos económicos ostentan.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El conflicto con el Grupo Clarín

Los grupos mediáticos concentrados en la Argentina, tal como sucede en el resto del continente, no ganan elecciones pero ayudan a perderlas. Se han convertido en factores de poder insoslayables, sobre todo a partir de la década de 1990. Han construido, con la complicidad y complacencia de los gobiernos de derecha, verdaderos monopolios de la tergiversación. Desde allí desestabilizan, crean condiciones para gestar los denominados «golpes blandos», configuran una realidad y construyen una subjetividad que termina colonizando a la opinión pública.

Esta manipulación del pensamiento contiene, como uno de sus objetivos centrales, deslegitimar la política y, por ende, las acciones de los gobiernos de izquierda, progresistas o populares que surgieron a partir de 1998 con la elección del comandante Hugo Chávez Frías a la Presidencia de Venezuela. La sugestión y la reiteración de mensajes negativos hacen que estos medios muten la libertad de expresión en libertad de agresión. Somos sociedades en riesgo. Los relatos falsos, las conspiraciones, la construcción de climas de acusación contra los funcionarios, la manifiesta hostilidad, la incentivación del odio y la agresión, y el impulso de confrontaciones, fabrican condiciones para que las víctimas terminen apoyando a sus victimarios. Muy lejos quedó la «verdad», la pluralidad y el disenso. Hoy los medios de comunicación social (MCS) son la censura, actúan para impedir que la verdad se conozca. Ante esta expropiación de la palabra a la que nos fue llevando la concentración de los MCS, se hace necesario que el Estado intervenga, que accione para garantizar la pluralidad de voces, que genere instrumentos legales de control de los monopolios, para que la distribución de la palabra sea también distribución de la riqueza social y cultural.

Néstor Kirchner tuvo con los medios de comunicación una relación contradictoria: por un lado, no avanzó en la modificación de la legislación de la dictadura y se tomaron medidas que favorecieron a esos grupos (se extendieron las licencias de radiodifusión y se autorizó la fusión en el mercado de la televisión por cable entre Cablevisión y Multicanal); y, por otro lado, sus discursos negativos sobre el rol de los medios de comunicación fueron un antecedente central que, después de concluido el conflicto con el campo, decidió a Cristina Fernández de Kirchner a impulsar la reforma de la obsoleta norma.

La norma vigente en el 2009 era un decreto‑ley sancionado por la dictadura militar, que el 24 de marzo de 1976 impuso un proyecto de país al servicio de la oligarquía agraria, el poder financiero y las trasnacionales. El régimen utilizó el terror económico, desindustrializó el país, hundió las economías regionales, entregó el patrimonio nacional e implementó el terrorismo de Estado con 30 000 compañeros desaparecidos, miles de exiliados y las organizaciones populares diezmadas. Para llevar a cabo ese proyecto, necesitaba silenciar toda voz que intentara mostrar la realidad. Entre otras medidas, sancionó la Ley de Radiodifusión y entregó la empresa productora de papel para imprimir diarios (Papel Prensa) a los voceros mediáticos de los grupos de poder.

Con la recuperación de la democracia, en 1983, se impulsan numerosas propuestas para derogar la norma y sancionar una nueva ley, pero las fuertes presiones de los medios oligopólicos impidieron su tratamiento. En marzo de 2009, se presenta un anteproyecto de ley debatido en 24 foros provinciales, más en innumerables encuentros regionales abiertos a la participación, sin ningún tipo de restricciones, en todo el país. Con los aportes recogidos, más las modificaciones sugeridas por la oposición, se aprueba en octubre de ese año la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantizaba el derecho a la información y la libertad de expresión, y democratizaba los medios. Esa ley establecía la desmonopolización de los grandes grupos monopólicos y obligaba a realizar una adecuación, con un límite a lo que cada grupo empresarial podía operar en señales de TV abierta, de cable y radios AM y/o FM. En ningún caso, el sector privado en su totalidad podía superar el 33% de las licencias.

El Grupo Clarín, viendo amenazada su posición dominante, hace entrar en acción al «partido judicial» y obtiene una medida cautelar que suspende la aplicación de ese artículo durante tres años. Posteriormente, continúa con argucias jurídicas que contaban con la complicidad de los jueces para estirar los plazos y llegar a las elecciones de 2015, especulando con un triunfo de la oposición para no cumplir con la ley. Ante las trabas legales presentadas, se realizan masivas movilizaciones a las puertas de los tribunales federales, para exigir que se cumpla la norma. En esa tensión y disputa llegó al fin el mandato de Cristina Fernández, sin la adecuación y el cumplimiento de los límites que fijaba la ley aprobada. Al apenas asumir el gobierno, Mauricio Macri, por decreto, termina con la Ley de medios, disuelve la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada para aplicarla, y pone en funcionamiento un Ministerio de Comunicación a imagen y semejanza de lo solicitado por el Grupo Clarín y sus amigos de los medios concentrados, como el diario La Nación. Centrada la disputa en el artículo de la desmonopolización, quedaron sin profundizar aspectos importantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como eran y siguen siendo el reconocimiento legal y el llamado a concurso para regularizar la situación de cientos de radios FM surgidas a partir de la década de 1980, apuntalar el funcionamiento de los canales locales y regionales abiertos desde el 2009 y brindar un mayor apoyo económico a los medios alternativos que hoy son tan necesarios, entre otras cuestiones que quedaron pendientes de resolución.

La tragedia ferroviaria de Plaza Once

El sistema ferroviario argentino, nacionalizado en 1948 por el entonces presidente Juan Domingo Perón, fue privatizado, desmembrado y destruido en los años noventa durante, el gobierno de Carlos Menem. La red ferroviaria operativa, de cubrir una extensión cercana a los 45 000 km., pasó a tener 5 000 km. Solo quedaron funcionando los trenes urbanos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, con un material obsoleto y una antigüedad de 50 años. El ferrocarril generaba desarrollo e integración. El cierre de ramales condenó al aislamiento, a la muerte económica o a la desaparición, a numerosos pueblos que habían progresado y crecido a su paso.

El 22 de febrero de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández, un tren de pasajeros chocó contra un freno hidráulico al final de su recorrido en la estación de Plaza Once, lo que causó 51 muertos y más de 700 heridos. Esta tragedia fue aprovechada por la derecha, con una extendida y furibunda campaña mediática, para mostrar al gobierno como el culpable, lograr su condena pública e impulsar el proceso judicial que terminara con los responsables políticos detenidos. Las pruebas reunidas permitieron asegurar que el tren embistió los parachoques porque el conductor no accionó el freno. La pericia sobre los mismos demostró que estaban en condiciones. El juicio oral realizado culminó con la culpabilidad del maquinista y otras 20 personas, entre ellos los directivos de los exconcesionarios Trenes de Buenos Aires, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el que cumplía funciones en ese momento, Juan Pablo Schiavi. Esta fue una señal importante. Demostró que el gobierno no interfería con la justicia y que empresarios o funcionarios no eran protegidos y podían ser juzgados y condenados. En septiembre del 2017, se inició un segundo juicio, contra el exministro Julio De Vido, sobre las responsabilidades políticas, causa que aún se encuentra en trámite, pero forma parte del acoso judicial que realiza la actual administración macrista contra los exfuncionarios kirchneristas.

Las tragedias nos interpelan, nos obligan, a preguntarnos qué hicimos bien o mal, si se podía haber evitado la tragedia o qué podríamos haber hecho. En esa sumatoria de interrogantes y de búsqueda de respuestas, el gobierno abandonó la inercia que traía con el tema y decidió tener un rol más activo en el manejo y control de los ferrocarriles. El Congreso aprobó la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, el instrumento legal y operativo para la gestión de las líneas interurbanas y el manejo del transporte de cargas. Las empresas adjudicatarias de las privatizaciones nunca realizaron las inversiones comprometidas, lo que motivó que se comenzara a invertir en nuevas vías, trenes de última generación, señalamiento y medidas de seguridad. La renovación y modernización total de los trenes urbanos durante los últimos años de gestión fue bien recibida por los usuarios, pero el daño mediático y político ya había cumplido su objetivo.

La restricción externa y el cepo cambiario

La estructura económica argentina está fuertemente extranjerizada, y depende de una ingente cantidad de insumos importados para funcionar. A medida que la economía crece, aumentan las importaciones, lo que hace imprescindible tener los dólares para pagarlos.

En 2011, para frenar la fuga de capitales y administrar el uso de las reservas, Cristina Fernández adopta lo que fue denominado «cepo cambiario», medida que instrumentaba restricciones para la compra y venta de divisas. Con esto el gobierno buscó cuidar la economía, evitar el endeudamiento, y garantizar la inversión y el abastecimiento en los sectores de la alimentación y la industria, entre otros. Había que sortear el obstáculo de la restricción externa y permitir que maduraran algunos de los proyectos en marcha, como el desarrollo del complejo científico tecnológico INVAP, el desarrollo de Vaca Muerta, primera reserva mundial de petróleo no convencional, y el reemplazo de importaciones por producción nacional, entre otros.

La sociedad argentina ha padecido innumerables crisis económicas, con el derrumbe de su moneda nacional, lo que predispuso históricamente a que los pequeños ahorristas de clase media, comerciantes y/o profesionales, buscaran proteger sus ahorros o capital comprando dólares. Mediante una apelación a la memoria histórica y colectiva de esta sociedad, proclive al atesoramiento en moneda extranjera, los sectores exportadores y financieros, con la complicidad de los medios de comunicación, generaron un clima desestabilizante, igualando el problema y el comportamiento del pequeño ahorrista con el de los lobbies de las multinacionales, la oligarquía agrícola, y los bancos y financieras que fugan capitales al exterior. Lo cierto es que la escasez de dólares, incrementada por la negativa a vender los cereales de la última cosecha por parte de la oligarquía agraria, fue otro de los motivos que predispuso negativamente a estos sectores sociales contra el gobierno.

El «partido judicial»

Luego de lo sucedido con la Resolución 125, de la confrontación con los grupos mediáticos, y de haber perdido las elecciones legislativas del 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo la capacidad de reinventar su gestión. El gobierno logró recuperar la iniciativa política y recomponerse como proyecto hegemónico. Las principales medidas que contribuyeron a fortalecer una base social activa de apoyo fueron la estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en términos más estrictamente políticos, el debate y las movilizaciones en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Matrimonio Igualitario. Otro factor a tener en cuenta fue el mejoramiento de la situación económica. Se generaron condiciones que culminaron en 2011 con la reelección de Cristina.

Sin embargo, este amplio respaldo popular no alteró la inaplicabilidad de la Ley de Medios, detenida largamente por las medidas cautelares. Esto produjo, durante el último tramo de la gestión, un deterioro en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Las diferencias se palparon, tanto en las declaraciones públicas, como en medidas concretas. A la larga lista de desencuentros se sumaron una serie de fallos polémicos, entre ellos el que dictaba una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural Argentina, que le permitía no pagar las cuotas de la deuda que tenía con el Estado nacional por la compra del Predio Ferial de Palermo, realizada durante la gestión de Carlos Menem.

Símbolo de la oligarquía agropecuaria y ganadera, este edificio es conocido popularmente como «La Rural». Allí se realiza la feria anual agrícola-ganadera. Es, además, uno de los centros de exposiciones más importantes del país, donde se llevan a cabo exposiciones y eventos de todo tipo. Es un predio de 30 hectáreas, ubicado en una zona de altísimo valor inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, valuado en 135 millones de dólares, que cuenta con 45 000 metros cubiertos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 1 000 automóviles.

La Presidenta anunció que impulsaría la democratización de la Justicia argentina. Refiriéndose al fallo mencionado, declaró: «[Hay] un divorcio entre la sociedad y la Justicia. Es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Nosotros exigimos a todos los poderes del Estado la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular». Luego, concluyó con un análisis del Poder Judicial en el país: «Vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y todos deberán entenderlo, una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el Poder que decide sobre cosas, es el último eslabón en la decisión».

Entre las propuestas más importantes podemos mencionar la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal, limitar las medidas cautelares a un plazo máximo de seis meses, con obligación a dictar sentencia sobre la cuestión de fondo, democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante concursos públicos. También se planteó que las declaraciones de bienes de los jueces fueran públicas y terminar con el privilegio de que no pagaran impuestos a los altos ingresos, de lo cual estaban eximidos por «ellos mismos». A pesar de ser aprobadas estas reformas en el Congreso, la Corte las declaró inconstitucionales y no pudieron aplicarse. Las reformas estructurales impulsadas generaron resistencias y muchas decisiones quedaron frenadas en los tribunales.

La democracia en la Argentina tiene entre sus deudas pendientes llevar adelante una reforma profunda del Poder Judicial, que sigue respondiendo a intereses corporativos como reconociera el Dr. Eugenio Zaffaroni exjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al afirmar que el Poder Judicial está estructurado para darle «seguridad jurídica» a los poderosos en detrimento de las mayorías populares, aquellas para las que la justicia es, en el mejor de los casos, un milagro. Sin decirlo, está diciendo que esa estructuración no es un «defecto» del sistema, sino una condición necesaria para que este sistema funcione.

La muerte del fiscal Nisman

Otra maniobra para desgastar al gobierno, fue presentar como un asesinato la muerte del fiscal Alberto Nisman, que había sido designado por Néstor Kirchner al frente de la unidad especial para esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La explosión en el edificio ocurrió el 18 de julio de 1994. Pasaron 24 años, un lapso en el que los únicos hechos comprobados son la bomba, los 85 muertos y los 300 heridos. En enero de 2013, la Presidenta anunció que había alcanzado un acuerdo con el gobierno de Irán, que incluía la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales propuestos por cada país, para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol. El Memorándum de Entendimiento fue debatido y aprobado por el Congreso de la Nación sin que nadie cuestionara su legalidad. El Tratado Internacional representaba un avance en una causa trabada desde hacía años por una doble imposibilidad: Irán no extraditaba a sus ciudadanos sospechados, y la Argentina no puede enjuiciar en ausencia.

Para Nisman, esa decisión presidencial desacreditaba sus conjeturas, en las que involucraba directamente al gobierno de Irán como responsable por el atentado a la AMIA. Esa convicción estuvo alimentada durante años por los servicios de inteligencia argentinos. En diciembre del 2014, luego de meses de situaciones conflictivas con las autoridades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Poder Ejecutivo desplaza de su cargo al jefe de Contrainteligencia, Antonio «Jaime» Stiuso. El acuerdo con Irán fue motivo de una de esas controversias.

La SIDE siempre compartió las hipótesis sugeridas por la CIA, el MOSSAD y la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, que conocía previamente las decisiones judiciales que se tomarían. Los correos y cables filtrados por WikiLeaks y publicados en los libros Argenleaks y Politileaks, del periodista Santiago O’Donnell, revelan como Nisman llevaba borradores de resoluciones a esa embajada para ser corregidos hasta conseguir su aprobación, y se disculpaba cuando no avisaba previamente sobre alguna medida judicial vinculada a la causa AMIA.

En enero de 2015, el Fiscal vuelve sorpresivamente de un viaje de vacaciones que realizaba por Europa con sus hijas y realiza una denuncia penal contra la Presidenta y otros funcionarios por un supuesto pacto secreto detrás del memorándum. Este libelo era endeble jurídicamente y fue rechazado en instancias judiciales. La imputación tuvo enorme repercusión mediática y el Fiscal fue citado por el Congreso Nacional para «ampliar» lo dicho. Esa cita nunca se concretó y Nisman fue encontrado sin vida en su departamento el día previo a su concurrencia.

Nisman entendía que ese intento por interrogar a los sospechosos escondía el objetivo de desvincular a Irán de la causa AMIA, realizar transacciones comerciales con ese país e intercambiar petróleo por granos. Nada de esto se realizó: Argentina nunca compro petróleo iraní, que por su composición química no se puede destilar en nuestro país; el comercio entre ambas naciones no aumentó; nunca hubo una Comisión de la Verdad, ni acción alguna que pudiera favorecer a los sospechosos. Además, no se pidió que se levantaran, ni se levantaron, las órdenes de captura de Interpol contra los acusados y, por último, el acuerdo nunca fue ratificado por Irán y, por lo tanto, nunca entró en vigencia. La acusación fue desestimada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el fallo argumentando que «el Memorándum, votado por las dos cámaras del Congreso Nacional, puede ser considerado bueno o malo, pero nunca podría constituir un delito».

Durante la investigación de la muerte del Fiscal, quedó claro que no era una pieza más en el ajedrez de Estados Unidos e Israel para el Medio Oriente. A medida que la misma fue avanzando, la figura del Fiscal pasó, de ser impoluta, a formar parte de una trama de intereses económicos y geopolíticos de los cuales él también fue víctima. Sin embargo, en los tramos iniciales, la derecha, con los agentes de inteligencia desplazados, el Poder Judicial y la Embajada de los Estados Unidos, armaron una agresiva campaña y fomento con la complicidad de los medios y la prensa adicta, con movilizaciones acusando al gobierno de Cristina Kirchner de haber instigado su asesinato.

Con el cambio de gobierno en el 2015, la denuncia de Nisman fue reimpulsada por las organizaciones judías vinculadas al gobierno actual. Pidieron la reapertura del Juicio por el Memorándum a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que adaptada a los nuevos aires políticos, vía Cámara de Casación, resolvió reabrir el caso, imputando a la expresidenta Cristina Fernández y al excanciller Héctor Timerman de traición a la patria. Asimismo, dictó prisión preventiva y encarceló al exsecretario Legal de la presidencia, Carlos Zanini, y a los dirigentes Fernando Esteche y Luis Delia. La resolución del juez Claudio Bonadío, como afirma el Dr. Francisco Fuster: «[...] debe evaluarse jurídicamente pese a su indudable motivación política, porque su carencia de fundamentos y el dogmatismo en el que incurre es, no solo una descalificación intrínseca del fallo, sino la mejor prueba de la intencionalidad política de la que se encuentra imbuido». Estamos ante una clara persecución política contra Cristina Fernández, sus funcionarios y dirigentes populares, que cuenta con el apoyo de la derecha norteamericana e israelí, para castigar a aquellos dirigentes que no son permeables a sus políticas.

Por último, en marzo de 2018, la muerte del Fiscal aún se está investigando. Las primeras pericias indicaron que se suicidó. La alianza político-judicial-mediática está tratando de instalar nuevamente la hipótesis del asesinato por parte de un inverosímil comando iraní-venezolano-cubano, pero citando a la primera fiscal del caso, la Dra. Viviana Fein, «no hay ni una sola prueba de que se haya tratado de un homicidio».

Las organizaciones gremiales

En los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, los sindicatos recuperaron salarios e instituciones laborales, y se revirtieron tendencias regresivas como la flexibilización laboral y la tercerización.

El desarrollo del movimiento obrero en la Argentina siempre estuvo vinculado a las transformaciones sociales, políticas y económicas ocurridas en el país. El surgimiento del peronismo, a partir de 1943, con el reconocimiento de derechos laborales postergados y una redistribución inédita hasta entonces de la riqueza, generaron una movilidad y recomposición de fuerzas en la sociedad. Las acciones de Perón en esos primeros años son centrales para que las organizaciones sindicales y el movimiento obrero, casi en su totalidad, se convirtieran en la «columna vertebral» del movimiento político. Esta definición de «pertenencia» generó una relación no exenta de vaivenes con Kirchner y, posteriormente con Cristina, en la Casa Rosada.

La relación del gobierno con los sindicatos tuvo tres momentos relevantes: del 2003 al 2007, negociación y contención de la conflictividad; a partir del 2007, una incorporación al esquema del poder institucional que llegó hasta el 2011; y el último tramo, que coincide con el fin del mandato de Cristina, de abierta confrontación, con la realización de cinco paros nacionales.

En mayo de 2003, el movimiento obrero estaba dividido en tres sectores: la Confederación General del Trabajo oficial (CGT oficial) conducida por Rodolfo Daer; la Confederación General del Trabajo disidente (CGT disidente) o Movimiento de Trabajadores Argentinos, encabezada por el dirigente camionero Hugo Moyano; y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Hugo Yasky.

La unificación de la CGT bajo el liderazgo de Moyano y el acompañamiento que realizó la CTA, permitió que Néstor Kirchner fuera uno de los pocos presidentes que tuvo a toda la dirigencia sindical apoyando su gobierno. Se mantuvo la doble indemnización por despido y, con respecto a la política salarial, continuó el otorgamiento de sumas no remunerativas que, a partir de julio del 2003, se fue fortaleciendo a través de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, congelado desde el año 1993.

En el 2009, la desocupación se acercaba a un digito. El reclamo masivo y popular ya no era la creación de puestos de trabajo, sino la mejora del ingreso. La continuidad del proyecto requería de su profundización. El estímulo de la demanda en una economía con altas tazas de desocupados no tiene las mismas lógicas que cuando el índice se reduce al 8%. En la primera situación alcanza con la promoción del empleo; en la segunda se requiere la mejora del salario.²

La plena vigencia de convenciones colectivas de trabajo y la discusión libre en paritarias, permitió que el salario mínimo y vital aumentara el 2,424%. Esto llevó a que el pago del impuesto a ganancias, más conocido como a los sueldos de altos ingresos, fuera un problema presente en los últimos años de gobierno. Los aumentos salariales y la no actualización del mínimo no imponible, llevaron a que un número creciente de trabajadores pasaran a tributar.

Una de las reivindicaciones puntuales y reiteradas en las medidas de fuerza que llevó adelante la CGT, a esa altura abiertamente en confrontación con el gobierno, fue solicitar que se modificara la norma o actualizar los montos salariales por los que se pagaba. La negativa gubernamental a acceder a este reclamo llevó a que un número importante de trabajadores votara en contra del candidato oficialista en 2015.

Corrupción

El expresidente argentino Dr. Arturo Frondizi (1958‑1962), derrocado por un golpe militar, expresó que «las acusaciones de corrupción son el pretexto preferido de la derecha para derribar gobiernos populares». La mafia mediática y el Poder Judicial son los instrumentos utilizados para atacar gobiernos populares en Latinoamérica. En nuestro país, estas denuncias intentaron desprestigiar al gobierno y sembrar dudas sobre sus acciones. Algunos casos de corrupción fueron presentados como elementos estructurales que alcanzaban a todo el gobierno, lo que debilitó su imagen ante la opinión pública. Estos hechos aislados tuvieron una respuesta inmediata. No se protegió a funcionarios y, en las pocas ocasiones que pudieron comprobarse fehacientemente las acusaciones, como fue el caso de Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte o de Felisa Miceli exministra de Economía, fueron separados de sus cargos y condenados posteriormente por la Justicia. Se trató de hechos aislados y circunscriptos. Ningún gobierno está exento de estos hechos. En nuestra gestión la resolución de estos casos fue sin dilaciones, mientras que en los gobiernos de derecha el tema es estructural. Solo basta recordar lo sucedido en la década de 1990 con las privatizaciones, donde los niveles de corrupción fueron obscenos y la apropiación de lo público fue una constante. En la actualidad, los paraísos fiscales son la entraña misma de la corrupción y del delito financiero mundial, como en los Panamá Papers, donde aparecen los funcionarios de la actual gestión, incluido el presidente Mauricio Macri.

Lo que menos les interesa a estos sectores es la lucha contra la corrupción. En realidad, lo que pretenden es deslegitimar, difamar y generar rechazo a la política como instrumento de transformación. Las denuncias son la excusa que esconde el verdadero objetivo: destruir la posibilidad de crear una sociedad solidaria, que distribuya la riqueza y genere nuevos derechos. Como expresara Marcelo Koenig: no existen vacíos explicativos. Cuando no hay una fuerza política que se convierta en polea de transmisión entre los que conducen y las masas, a la realidad siempre la explican los medios masivos de comunicación en función de sus propios intereses.

La batalla cultural por el «sentido común»

Lo realizado en materia de distribución de la riqueza, ya sea por subsidios en los servicios públicos, la Asignación Universal por Hijo, y el aumento salarial y a las jubilaciones, posibilitó aumentar el nivel de consumo e impulsó el ascenso social de las clases más postergadas. Estas políticas de redistribución de la riqueza, como dijera el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Lic. Álvaro García Linera, fueron sin «politización social». No fuimos capaces de generar un nuevo sentido común. Esta definición no es discursiva. Tiene que ver con cómo nos ubicamos en el mundo con lo cultural y con lo ideológico. Culmina afirmando que «no hay revolución verdadera sin una revolución cultural». En esta disputa no alcanza con los espasmos democráticos de nuestras sociedades, escrito esto con todo respeto, y sí las asambleas y la elaboración de documentos son importantes, pero con esto solo no alcanza. No hemos construido un andamiaje que permita enfrentar y apropiarnos de lo que la derecha controla. Las universidades, las redes de fundaciones, las ONG, las publicaciones y los medios de comunicación, son los instrumentos con los que construyen cotidianamente «ese» sentido común. La posibilidad de revertirlo está en realizar, en el día a día, un trabajo de concientización, una pelea cuerpo a cuerpo y en todos los frentes para intentar revertirlo. Es necesario recomponer y reconciliarse con la base social para profundizar nuestra lucha por una patria justa, libre y solidaria.

La restauración conservadora

La política es puja de intereses, es debate de ideas, movilización y conflicto. Germán Abdala (1955‑1993), diputado nacional peronista y dirigente sindical afirmaba que: Los poderosos no necesitan la política, porque ya tienen el poder, ya sea a través del dinero, de las armas o las corporaciones. El pueblo sí necesita de la política porque es la única manera que tiene para construir poder y cambiar las cosas.

La derecha derrotada por una insurrección popular en diciembre del 2001, llega nuevamente al gobierno en 2015. Los responsables de aquel proyecto: la alianza entre la oligarquía rural, los grupos empresarios vinculados a la exportación, la derecha aliada a la Unión Cívica Radical, las multinacionales, las corporaciones mediáticas y el «partido judicial», llevan adelante una nueva etapa de restauración conservadora. La historia de nuestro país enseña que, después de cada ciclo de reformas, llega uno reaccionario. Así fue tras el golpe militar de 1955 que derroca a Juan Domingo Perón, con la dictadura de 1976, con las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, para retornar con Mauricio Macri en las elecciones de octubre de 2015, a través del voto popular.

Ejercer la autocrítica no debe llevarnos a poner énfasis en los aspectos negativos exclusivamente y perder de vista lo realizado. El ciclo kirchnerista se inició en la peor crisis económica y social de los últimos cien años, con el país arrasado por políticas que enriquecían a unos pocos y condenaban a la miseria a la mayoría de nuestro pueblo. Néstor y Cristina gobernaron enfrentando corridas bancarias, paros y piquetes patronales, fusilamientos mediáticos, campañas de difamación y operaciones judiciales, a nivel local e internacional. Los combatieron desde todos los frentes, por los aciertos de su gobierno, y por los intentos de modificar la estructura productiva y distributiva del país.

Es momento de análisis crítico y no de autocrítica despiadada. Analizar el escenario pos ballotage 2015, implica tener en cuenta nuestros errores y la eficacia que tuvo en el resultado negativo el bombardeo mediático, que erosionaron la credibilidad en la gestión. En este contexto, fuimos a las elecciones con problemas y divisiones internas, que no pudieron trasladar al plano de las candidaturas la novedad y la ruptura que significó el kirchnerismo en la política nacional. A lo anterior debemos agregar la persecución judicial a Cristina y el encarcelamiento «arbitrario» de importantes funcionarios de nuestro gobierno, que marcaron los tiempos electorales y la fuerza en los comicios parlamentarios del 2017.

La estrategia del oficialismo es clara: echarle la culpa al gobierno anterior que dejó un país deficitario, quebrado por el populismo y la corrupción. Dice que lo único que se puede hacer es volver al mundo y a la normalidad, aplicar el ideario del modelo neoliberal, destruir al kirchnerismo y tender un puente de gobernabilidad al «peronismo racional», o a los que acepten la gobernabilidad de la nueva época de predominio del mercado por sobre los intereses del país y del pueblo argentino. Fragmentar nuestro espacio político fue y es su tarea principal. Luego de las elecciones del 2011, el Frente Para la Victoria no pudo mantenerse unido: se fue dividiendo en los años siguientes en varios espacios.

Para este fin contaron con aliados propios y ajenos. Algunos de ellos utilizaron un discurso cercano culturalmente al peronismo para generar desconcierto y contradicciones. Estos dirigentes «reniegan públicamente» de las políticas de Macri, pero en aras de una supuesta «gobernabilidad» facilitan el tratamiento legislativo y votan positivamente sus leyes para avanzar en las reformas previsionales, laborales y fiscales que perjudican a trabajadores y jubilados.

El macrismo no es mayoritario, pero sí constituye una minoría intensa ejercida por los actores reales del poder y tiene en claro que la disputa, de ahora al 2019, será por el control del justicialismo. Debemos entender que, en el núcleo duro de todos estos movimientos, está el poder real: los grupos económicos, los medios de comunicación, el Poder Judicial y la Embajada de los Estados Unidos.

Es innegable la importancia del peronismo como fuerza política necesaria para ganar en el futuro. A pesar de los intentos realizados para reemplazarla, ninguno de sus referentes tiene el liderazgo popular de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es nuestra fortaleza y nuestra fragilidad. Sin el peronismo unido, no se puede, y sin Cristina tampoco. Su presencia es en punto de referencia ineludible de todo lo que resiste y se opone al gobierno. Desde ese liderazgo y desde lo colectivo habrá que encontrar los contenidos posibles para darle sentido a la unidad que construya la victoria, no sobre los recuerdos del pasado, sino sobre las propuestas de futuro que vuelvan a enamorar y convencer a las mayorías populares. Construir la transversalidad, interpelar y sumar a otros sectores políticos y sociales, de manera que la suma de las partes sea cualitativa y cuantitativamente diferente y superior a cada una de ellas.

Lo que puede parecer utópico es necesario. Desarrollar acciones que dejen atrás las experiencias de alianzas o frentes electorales transitorios, para avanzar en la construcción de un nuevo instrumento político y social. Es necesario un acuerdo programático de oposición al modelo, suscribir una declaración constitutiva y de principios, sumados a un estatuto que regule el funcionamiento y la democracia interna. Ese acuerdo tiene que garantizar la representación federal y sectorial. Ha de ser capaz de articular organizaciones políticas, sociales y ciudadanos que compartan una concepción y práctica frentista.

Es imprescindible prepararnos para dar la batalla en el terreno de las ideas, porque allí anida el germen de la victoria. La unidad no será la expresión de la voluntad, sino de una correlación de fuerzas que ordene, detrás de un diseño político, ideológico y organizativo, una institucionalidad común a todas las fuerzas que integran y potencian el Frente para la Victoria – Partido Justicialista o Unidad Ciudadana (nombre del frente electoral que llevó a Cristina como candidata a senadora nacional en las recientes elecciones legislativas). Se necesita un frente político‑social, amplio y diverso, que resista y luche junto al movimiento obrero organizado. Ese frente constituirá el obstáculo más serio para que el gobierno de Macri desarrolle su política de entrega de la soberanía económica y política.

América Latina y el Caribe, un futuro en disputa

El contexto latinoamericano y caribeño del 2018 es el de una región en disputa. Atravesamos por una etapa de complejidades en la que las fuerzas populares y de izquierda enfrentan, en escenarios no propicios, a los «poderes» que no rinden cuenta de sus acciones, que no participan de elecciones pero definen los modelos de confrontación. Son los que actúan mediática o jurídicamente para derrocar, perseguir y/o encarcelar a los líderes populares.

El tiempo de ascenso de los movimientos populares, propio de la primea década del siglo XXI, viene enfrentando, con aciertos y errores, una contraofensiva del imperio y las fuerzas de la derecha, que se inició en el 2002 contra el comandante Hugo Chávez, continuó luego con los golpes parlamentarios y cívico‑militares que destituyeron a Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, sin olvidar los intentos fallidos en Ecuador y Bolivia. Estas situaciones afectaron los procesos que se desarrollaban al interior de nuestros países, y operaron en forma negativa en el plano regional, al provocar un deterioro y retroceso en el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC. Los desequilibrios mencionados fueron y son utilizados como insumos por nuestras oligarquías en alianza con los Estados Unidos para hostigar y desestabilizar permanentemente los gobiernos populares. El triunfo de Donald Trump, modificó los términos tradicionales de la globalización y aceleró el acoso y el asedio económico, diplomático y militar contra los gobiernos y las fuerzas progresistas y de izquierda.

En Brasil, la ratificación y ampliación de la condena a Lula por el Tribunal de Segunda Instancia de Porto Alegre es de una gravedad inusitada, y va más allá de la injustificada y grosera intentona de proscribir al expresidente. Están desmantelando los avances alcanzados en materia social, en salud, en educación, en soberanía política y en el relacionamiento internacional. Han congelado el gasto social por 20 años, han arrasado con los derechos de los trabajadores, se intenta terminar con los derechos previsionales y han puesto a disposición de las multinacionales del petróleo y del capital financiero internacional las reservas del PRESAL. Uno de los objetivos centrales del golpe y de impedir la candidatura de Lula, es apropiarse de una de las reservas mundiales más importantes de hidrocarburos, y el otro, inhabilitarlo debido a la posibilidad que tiene de ganar las elecciones de octubre de 2018, recuperar el gobierno de su país y convertirse nuevamente en un actor político global.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, después de un amañado y sospechoso juicio, está preso. Se convocó una consulta popular que tenía como uno de sus objetivos centrales impedir la reelección presidencial, para que Rafael Correa no pueda volver a ser candidato. Evo Morales enfrenta una campaña de desprestigio, con operaciones mediáticas que intentan desgastar y deslegitimar su figura, como quedó demostrado con las falsas acusaciones que impidieron que en el referéndum de 2016 se aprobara la modificación constitucional destinada a habilitar su nueva postulación como candidato presidencial. En Argentina, donde están presos exfuncionarios y dirigentes populares sin justificación legal, y donde hay presos por protestar, se vive la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a toda su familia, con una obsesión y una capciosidad legal que demuestra que solo hay un interés político en las causas.

El desconocimiento del Grupo de Lima al proceso electoral venezolano del próximo 22 de abril, es una «cortesía» de los mandatarios de estos catorce países a la reciente gira del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, que en una rimbombante muestra de hipocresía y doble moral, condena a Venezuela por no respetar la institucionalidad democrática. Lo curioso del caso es que entre los firmantes está el golpista Michel Temer. ¡Qué decir de Juan Orlando Hernández, que en una pirueta jurídica logró su reelección presidencial, algo que la Constitución de Honduras prohibía, en unas elecciones fraudulentas, que hasta la OEA –¡la OEA condenó!–. Ni que hablar del dueño de casa, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, que recientemente indultó al exdictador Alberto Fujimori, quien está acusado de corrupción y puede ser destituido por el Congreso. A estas declaraciones se suma la creciente amenaza de agresión militar de los Estados Unidos que, con la ayuda del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien luego del histórico Acuerdo de Paz con las FARC viene siendo denunciado por poner en riesgo el proceso debido a los constantes incumplimientos y violaciones de lo negociado y aprobado con tanto esfuerzo. A todo ello se suma que el Comando Sur de los Estados Unidos ha reforzado la presencia militar en la Triple Frontera de Brasil-Colombia-Perú y en la de Argentina-Brasil-Paraguay, en un intento de cercar a Venezuela, que pone en riesgo la paz en toda la región.

Nuestros gobiernos han sido descalificados por cuestiones económicas vinculadas a la crisis que vive el sistema capitalista, que han afectado los niveles de crecimiento de nuestros países, y por acusaciones de corrupción que, con falsedades mediáticas, construyen en la opinión pública el veredicto de culpabilidad del acusado. Es la guerra jurídica en su plenitud, el lawfare, término anglosajón (law: ley y warfare: guerra), neologismo creado por el profesor Charles J. Dunlap Jr., de la Duke University School of Law estadounidense, que en 2001 lo definió para el Harvard Carr Center, como «el uso de la ley como un arma de guerra». Es la utilización del «partido judicial» que, articulado con los medios de comunicación, desprestigian, inhabilitan y provocan condenas previas, sin juicio, sin pruebas objetivas, a dirigentes políticos de la oposición. Lo que no pueden lograr con el acompañamiento electoral del pueblo lo consiguen con esta metodología que, entre otras cosas, sirve para derrocar gobiernos y proscribir candidatos.

Es mentira lo que argumentan y, ante lo que está sucediendo, ratificamos una vez más que la derecha latinoamericana en acuerdo con el imperio, decidió no respetar los principios democráticos, manipular la justicia y no respetar la Constitución. El verdadero objetivo de esta ofensiva, como en el caso brasilero o venezolano, sigue siendo el mismo: hacerse del control del petróleo y contrarrestar la presencia creciente de Rusia y China en la región.

Después de una década donde se lograron cambios significativos en economía, política, participación social, redistribución de la riqueza, fortalecimiento del rol del Estado, disminución de las desigualdades, en los países donde perdimos el gobierno hay una reconstrucción agravada de lo ocurrido en las décadas de 1980 y 1990. Las consecuencias económicas, políticas y sociales se dan en un contexto de altos niveles de represión y persecución de nuestros líderes.

Vivimos en democracias adulteradas, donde hay que descolonizar el «sentido común» construido mediáticamente y hacer que la distribución de la riqueza sea con politización social, ya que la revolución cultural es imprescindible. La economía debe estar bajo control de los sectores políticos. La derecha nunca es leal. Los sectores del poder económico nunca van a ser parte de procesos políticos que afecten sus intereses y propongan un orden económico justo y solidario. No podemos dejar en manos de una derecha, que es la corrupción institucionalizada, la bandera de la ética y la moral. Hay que generar nuevos instrumentos de control y transparencia en la gestión, y no separar lo que decimos de lo que hacemos.

Una de las batallas centrales de la etapa se da en los medios de comunicación, y si bien desde el Foro de São Pablo y la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) se vienen desarrollando estrategias conjuntas de articulación y capacitación sobre el rol de los medios y el uso adecuado de las redes sociales, es vital avanzar más rápidamente en consolidar una red de comunicadores continental, generar intercambios de información, agenda propia, recuperar la iniciativa y contrarrestar el accionar de los grupos monopólicos.

Es fundamental construir un nuevo orden jurídico y constitucional, que elimine resabios conservadores de nuestras Constituciones para darle continuidad a los liderazgos populares, y otorgar rango constitucional a los nuevos derechos conquistados. Hay que terminar con la doble vara en el análisis de las reelecciones. En países del denominado primer mundo un jefe de Estado puede ser reelecto indefinidamente y en nuestras democracias se le cuelga el mote de autoritarios o de querer perpetuarse en el poder.

Las estructuras partidarias o de nuestros movimientos están en conflicto. Forman parte de la disputa para vaciarlos de contenidos y significados. Las diferencias internas o personales no deben ser un instrumento del enemigo para destruir lo que tantos nos cuesta armar. Para proteger a nuestros líderes, el desafío es construir, de manera horizontal y democrática, es aceptar la diferencia, es agotar la discusión en la búsqueda del consenso, porque es allí, en lo colectivo, que se refuerza y potencia el liderazgo.

Debemos estar convencidos que no hay batallas individuales de cada país, de que es necesario recuperar una agenda regional que plasme un nuevo esquema de acción, coordinación e integración de las fuerzas populares y de izquierda.

Son tiempos difíciles, pero lo difícil fortalece nuestra lucha. Ya lo dijo Marx en 1848: nada es para siempre, nada es continuo; más temprano que tarde surgirá una nueva oleada. Ningún imperio es eterno. Ningún pueblo tiene garantizado nada, la única certeza es que las luchas se ganan en unidad.

La unidad en la diversidad, la unidad en la acción son el punto de encuentro. La solidaridad en la lucha y la organización en la resistencia son la tarea del momento. Si podemos construir este camino, podemos afirmar que el futuro está en disputa.

------------------

Jorge Drkos es Doctor en Medicina, fue ministro plenipotenciario de la cancillería Argentina (2004‑2015), senador por Buenos Aires (1995‑1999‑2003), diputado convencional constituyente en la Reforma de la Constitución de Buenos Aires (1994) y diputado de la Provincia de Buenos Aires (1989‑1993). Es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Transversal, integrante del Frente para la Victoria / Unidad Ciudadana y secretario ejecutivo adjunto de la COPPPAL.

Este artículo fue publicado en la antología Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, Roberto Regalado (compilador), Partido del Trabajo de México, Ciudad de México, 2018.