Todavía no comienzan las campañas sino hasta el 30 de marzo en términos legales, para los comicios sin precedente en la historia de México por el mayor número de cargos de elección popular (3 326) en juego y los 87.8 millones de ciudadanos aptos para votar, y muchos asuntos ya son registrados en los rincones de los medios de comunicación y menos aún son valorados, pues lo de hoy es la disputa por Palacio Nacional.

Tal es el caso de la rendición de cuentas y los juicios de la Auditoría Superior de la Federación que, más allá de su efecto mediático, no tienen consecuencias legales debido a que la cúpula de la clase política es incapaz de ponerse de acuerdo o no le conviene que la ASF tenga más atribuciones.

Por ejemplo, en el multimillonario desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, bajo la dirección de Rosario Robles, lo que al parecer es una constante tanto en la presidencia del Partido de la Revolución Democrática y en la Jefatura de Gobierno capitalina en mancuerna con Carlos Ahumada, como en la Secretaría de Desarrollo Social, donde fue sustituida por José Antonio Meade, quien no se enteró que Berlanga y su equipo se llevaron “hasta los ceniceros”, tampoco de los 1 000 millones de pesos (MDP) que el gobierno de Enrique Peña entregó para la Fundación Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota, mientras Meade despachaba en Relaciones Exteriores.

De nada se enteró el “muy preparado” (para qué) Meade Kuribreña, pero señala con dedo flamígero al “fantasma fiscal” (Andrés López Obrador) y al que “lava dinero con empresa fantasma” (Ricardo Anaya).

Mas el tema de hoy es sobre el análisis de la política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica de 2008 a 2016, en el que la ASF alerta que se careció de una cuantificación integral y precisa sobre el estado físico y funcional de las escuelas.

La ASF puntualiza que si bien su aplicación contribuyó a la ampliación, mejora y modernización de la infraestructura y el equipamiento, “la débil rectoría, el insuficiente financiamiento y la falta de un protocolo de certificación provocó que persista el problema de la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura y el equipamiento” (La Jornada, 4-III-18).

En cuanto a la inversión realizada, destaca que de 1996 a 2016 creció en 16%, al pasar de 18 mil 902.6 a 21 mil 941.4 MDP, aumento inferior al del total de lo destinado al servicio de educación básica que fue de 17 por ciento, al pasar de 351 mil 350.5 a 411 mil 73.8 MDP.

Y en cuanto al programa escuelas al cien –con el que el gobierno de Peña Nieto anunció con harta publicidad una inversión de 50 mil MDP para atender a 33 mil escuelas en el sexenio, mientras el gasto en comunicación social en cinco años fue de “casi 2 000 millones de dólares”–, la ASF advierte que basándose en un esquema de inversión que, aunque formalmente no compromete el erario público para pagos a futuro, se observó como un pasivo de largo plazo para los estados. Esto implica ejercer en tres años, de forma anticipada, 25% de los recursos presupuestarios del fondo de aportaciones múltiples y restringir durante 25 años, en esa proporción, el gasto de inversión para infraestructura educativa. Pero el entonces secretario de Educación Pública (del 27-VIII-15 al 6-XII-17), Aurelio Nuño, lo presentaba como la gran obra sexenal.

El exsecretario ahora dirige por decisión de Peña la campaña de Meade y así le va al aspirante, tan consolidado como está en el tercer lugar de las preferencias.

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