Dos grupos de intelectuales afines a la administración del presidente argentino Mauricio Macri, el Club Político Argentino (CPA) y el Espacio de Pensamiento Crítico, criticaron pública y severamente las "costosas debilidades" en la calidad institucional del gobierno tras dos años de gobierno

El Club Político Argentino (CPA), criticó severamente las "costosas debilidades" en la calidad institucional tras dos años de gobierno de Cambiemos, y debatió incluso la posibilidad de pedir la renuncia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, envuelto en un escándalo por el despido de una empleada doméstica, Sandra Heredia, a su vez designada en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremio intervenido por la Justicia sobre el que tiene influencia el Gobierno.

El CPA, que tiene como objetivo ser guarda intelectual y moral de Cambiemos y los gobiernos nacional y de la Ciudad, tiene como presidente al politólogo Vicente Palermo, como vice al economista Guillermo Rozenwurcel, de tesorero a Guillermo Yanco -esposo de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad- y como miembros destacados al secretario de Medios Públicos Jorge Sigal, el ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, la exdiputada Graciela Fernández Meijide y el editor Alejandro Katz.

La declaración señala que demasiado frecuentemente las iniciativas quedan subordinadas a las necesidades de la coyuntura, a intercambios y ventajas que se privilegian en otros terrenos y a la lógica de la polarización electoral, según la cual exhibir el perfil negativo de los adversarios más desacreditados bastaría para mantener el apoyo de la ciudadanía.

“Al optar por esta vía en apariencia fácil el oficialismo (…) se limita a sacar provecho de los escándalos que son responsabilidad de sus predecesores y adversarios más virulentos. Pero así deja pasar oportunidades –laboriosas pero virtuosas–para terminar con las inaceptables “reglas de juego” que vienen de lejos y hacen posibles esos escándalos", agrega.

El CPA sostiene que nada autoriza el nepotismo que practiquen funcionarios del Ejecutivo, manteniendo la práctica de aprovechar el privilegio de cumplir una función pública para nombrar parientes y amigos en las estructuras del Estado o donde él tenga gravitación, que supone degradar el proceso de cambio institucional prometido. “Por ese camino todo tiende a igualarse hacia abajo, y esa será la conclusión que le quepa extraer a la opinión pública”, dice.

Señala que la lucha contra la corrupción sindical y política está atada al modo en que el gobierno decidió dosificar y dilatar la reforma del Poder Judicial vista la manipulación que la mayoría de los jueces del fuero penal practican de las causas a su cargo, “simulando avances que no son tales, intercambiando gestos al respecto por decisiones a su favor del Consejo de la Magistratura, y otros manejos inadmisibles en diversos fueros e instancias de la administración de justicia, cuya reforma requiere acciones legislativas específicas”.

Indica que es impostergable que se delegue la tarea de la Oficina Anticorrupción en personas que no estén directamente identificadas con el partido gobernante y es aconsejable que este organismo sea política y administrativamente independiente del Ejecutivo. Hoy sus investigaciones carecen de credibilidad, dice.

El CPA exige del gobierno un esfuerzo más decidido y consistente por respetar y hacer respetar la ley, diferenciar el Estado del grupo gobernante, garantizar la transparencia y castigar las violaciones a la ética pública, sobre todo las cometidas por propios y aliados.

“Seguir comportándose como una facción en pugna con otras no va a fortalecer el sentido de lo público en nuestro país, y sin un cambio cultural profundo en ese terreno no saldremos adelante, aún en la hipótesis de que el crecimiento económico consiga mantenerse unos años y se logre consolidar la actual distribución de poder“, dice.

Economía y derechos humanos

Asimismo, otro grupo de intelectuales englobados en el colectivo “Espacio de Pensamiento Crítico” puso la mira, con críticas muy fuertes, a las políticas económicas y de Derechos Humanos impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. Entre los intelectuales que firman la declaración se destacan Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo, la socióloga Maristella Svampa y la escritora Beatriz Sarlo, quienes señalan que las políticas implementadas son “un grave retroceso en cuestiones de libertades individuales”.

Para analizar el desempeño oficialista respecto a los derechos humanos se basan en tres ejes: “la protesta social, la problemática indígena y la seguridad ciudadana, y consideran que “la violencia institucional se agravó”, y citan el caso de Santiago Maldonado y el deslinde de responsabilidades por las que optó el gobierno en relación a Gendarmería. También ponen foco en el mapuche Rafael Nahuel, “asesinado por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción criminal justificada públicamente por altos funcionarios”.

Hablan de las disputas territoriales entre las etnias y los grupos económicos, por los cuales -según los intelectuales- el Gobierno terció en favor de estos últimos y hablan de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche, que el gobierno califica de enemigo interno) “de cuya existencia y accionar no se ofrecen pruebas convincentes”.

El texto afirma que el Gobierno impulsa “una política de demonización contra quienes se expresan en contra del modelo extractivo”. En “una gestión gubernamental que sólo reconoce los derechos del capital” en “connivencia con ciertos discursos y representaciones sociales de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad argentina”.

En relación con el accionar policial, indican que “desde los lugares más prominentes del Gobierno se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más (…) Hoy se habla de una ‘nueva doctrina’ en la materia, con la cual se busca justificar crecientes acciones de represión estatal”. Aclara que “no se trata de un plan sistemático (por la improvisación con que se maneja y los “frenos políticos” que mantiene), pero tampoco de meras afirmaciones desafortunadas y hechos aislados”.

“Que el Presidente felicitara en público a un agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente es de una gravedad difícil de exagerar: ningún gobierno puede celebrar nunca la muerte de nadie, ni merece poner nunca a quien ha matado como un ejemplo”, agregan.

Sobre el tema económico, el documento sostiene que “el discurso constitucional del gobierno también aparece degradado: los derechos establecidos en la Constitución no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales, sino como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado”.

La declaración concluye que el Gobierno se basa “en el falso apotegma que pretende que así se retomará el crecimiento económico, la generación de empleo y una mejor distribución, lo que es teórica e históricamente insostenible“.

Rubén Armendáriz

Periodista y politólogo uruguayo, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )