Alfonso Navarrete, el novel secretario de Gobernación, jura que con el accidente de un helicóptero del Ejército en Jamiltepec, Oaxaca, que produjo 14 muertos y 21 heridos al desplomarse cuando preparaba el aterrizaje, “La maldición se rompió en Gobernación”, en alusión a sus antecesores Juan Camilo Mouriño, muerto el 4 de noviembre de 2008, y Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre de 2011, en la presidencia considerada espuria de Felipe Calderón, quien se encontraba en guerra contra el narcotráfico, pero fueron declarados accidentes aéreos.

¿Qué pretendió decir este funcionario formado bajo la protección de Jorge Carpizo? Vaya usted a saber, quizá ni él mismo lo sepa. Pero queda claro que los titulares de Gobernación no se improvisan como pretende Enrique Peña, con quien antes trabajó cinco años como secretario del Trabajo. Y a partir de 2005 Navarrete laboró como procurador general de Justicia del Estado de México, del entonces gobernador Peña, como una herencia de Arturo Montiel –el que juraba por medio de Carlos Alazraki: “Las ratas no tienen derechos humanos”–, exgobernador a quien Jesús Alfonso Navarrete investigó por enriquecimiento ilícito y envió a la reserva el expediente al “no encontrar elementos para sustentarlo” y tras ello renunció al cargo.

“Esperemos que esté rota para bien de todos, si es que había una maldición en la Secretaría de Gobernación”, insiste el abogado que podría consultar a los expertos de Catemaco, Veracruz, para que no tenga que sobreactuar, como acostumbra por el inmenso dolor que le causan las víctimas de Jamiltepec, debido a que la Secretaría de la Defensa hizo a un lado al alcalde, quien sabe bien que antes de cualquier aterrizaje es indispensable regar el terreno para evitar la polvareda que provocó el accidente.

Navarrete Prida explicó que pidió acudir a Oaxaca en lugar de Peña para supervisar las acciones del plan de emergencia en esa entidad, enseguida del sismo del viernes 16; también que el traslado fuera por tierra, lo que no fue posible debido a deslaves en el camino. Remató con una frase que lo pinta completo: “Ni improvisación ni protagonismos personales sino el cumplimiento del deber”.

La pertinente pregunta a los gobernantes de aquí y de cualesquiera latitudes es a qué van cuando visitan localidades que padecen siniestros de todo tipo. A estorbar en las labores de rescate porque se distraen formidables recursos humanos y materiales para cuidarlos; al lucimiento personal y la carísima foto a costa del dolor humano. Todo lo que hacen en el lugar de los trágicos hechos lo pueden supervisar desde sus oficinas, además los damnificados no sobreviven de arrumacos y discursos frecuentemente demagógicos, sino de ayuda y apoyo económico y material.

Allí están los miles de damnificados capitalinos esperando los recursos públicos que controlarán Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, asambleístas con fama de corruptos.

Está bien que el divisionario Salvador Cienfuegos asuma por segunda ocasión la responsabilidad en el accidente ocasionado por la soberbia castrense al hacer a un lado a las autoridades municipales que saben lo elemental, el agua evita las polvaredas; también que lo propio diga Peña Nieto en el Día del Ejército. Están obligados, no le hacen ningún favor a los 14 muertos y 21 heridos. Urge que trasciendan la retórica porque hasta el lunes 19 por la noche los familiares estaban desesperados porque no tenían recursos para pagar el funeral de sus deudos y realizaban colectas.

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